La Policía Nacional ha concluido la operación “Tabaiba”, una investigación económico-patrimonial que ha derivado en la imputación de cuatro directores de centros de acogida de menores extranjeros en Lanzarote y Gran Canaria, un empresario inmobiliario y la fundación encargada de la gestión de dichos centros, por el presunto desvío de más de 2,4 millones de euros en fondos europeos entre 2018 y 2023.

Según informó este sábado el cuerpo policial, la investigación fue desarrollada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía de Canarias y se inició en 2022 a raíz de un informe del SEPBLAC, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, que alertó de operaciones bancarias "injustificadas".

El análisis de la documentación contable y bancaria evidenció un presunto desvío de fondos provenientes del programa “Next Generation”, canalizados a través del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Lanzarote, destinados a la manutención y funcionamiento de los centros.

En concreto, de un total superior a 1,6 millones de euros ingresados por la fundación, más de 1,1 millones fueron retirados en efectivo mediante reintegros fraccionados. Además, se detectaron transferencias superiores a 25.000 euros a cuentas particulares y cargos personales en las cuentas de los centros, incluyendo gastos en operaciones estéticas, vacaciones, gasolina y restauración.

Estas prácticas fueron descubiertas tras la cancelación de las cuentas bancarias por parte de la entidad financiera, en aplicación de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales.

La Policía indicó que la fundación aportó miles de documentos para justificar las operaciones, pero el análisis reveló facturación duplicada, documentos sin fechas, servicios no identificados y facturas no vinculadas a los centros, lo que evidenciaría una manipulación contable. A raíz de ello, se ha solicitado una auditoría financiera y contable para determinar el importe total presuntamente malversado.

Los investigados habrían utilizado los fondos para gastos personales y alquileres inflados de centros en Lanzarote y Gran Canaria; la Fiscalía Europea dirige ahora la causa

Durante la investigación también se descubrió un supuesto entramado de alquileres inflados. El empresario propietario de los inmuebles, en colaboración con la fundación, habría utilizado sociedades interpuestas para alquilar los centros a precios que duplicaban o triplicaban el valor de mercado. El sobreprecio acumulado entre 2021 y 2023 superaría los 1,3 millones de euros.

La Policía sostiene que estos fondos fueron desviados a otras cuentas y operaciones inmobiliarias, lo que podría constituir un caso de blanqueo de capitales.

Los cinco imputados —cuatro directores de centros y un empresario— tienen entre 31 y 61 años y carecen de antecedentes policiales. La fundación que gestionaba los centros también figura como investigada. La causa se encuentra actualmente bajo la dirección de la Fiscalía Europea y las actuaciones judiciales continúan abiertas.