El nuevo Plan General de Yaiza no ha gustado a todo el mundo. De hecho, son más de 25 los recursos que se han anunciado ya contra él, aunque fuentes municipales consideran que incluso “son pocos” porque el Plan no ha querido admitir algunas de las peticiones de muchos empresarios que consideran inasumibles y que van contra el interés general. El municipio, pero sobre todo Playa Blanca, sigue siendo atractivo para la inversión y complicado para su ordenación, después de cuatro décadas de falta de control público y de especulación urbanística.

Algunos de los pesos pesados del empresariado del Sur, de los mayores dueños de suelo, están entre los que pondrán recurso porque no se han admitido sus peticiones: Juan Francisco Rosa, Domingo Rodríguez Cedrés, Ángel García Puertas u Honorio García Bravo, que pide incluso una indemnización de 39 millones de euros.

El Plan se ha cerrado con la firma de seis convenios urbanísticos pero se habían propuesto más. En el casco urbano de Yaiza hay dos casos que tienen bolsas de suelo sin edificar y que querían que se facilitara su construcción. Uno de los casos, en una parcela conocida como El Rincón, considera que ese suelo siempre había sido urbanizable o de reserva urbana y el otro quiere que se le considere como urbano consolidado.

A algunos dueños de suelos en planes parciales no les ha convencido cómo quedan esos planes. Es el caso de Construcciones Mardo, que se queja sobre San Marcial del Rubicon, porque dice que está mal medido y le afecta a la edificabilidad y alturas. El caso es que con este plan, un hotel de su propiedad, el Iberostar Papagayo Park, tendría muchos problemas para obtener la licencia.

La misma sociedad se queja del plan parcial Playa Blanca en el que reclaman 10.000 metros edificables y aseguran que el convenio que se ha firmado no da viabilidad a los terrenos “que lastran el porvenir” de Mardo. En San Marcial del Rubicón también recurre Xinxol porque dice que se le trasladan cargas y obligaciones que ya fueron cumplidas en su día.

Juan Luis Lorenzo critica el plan parcial Castillo del Águila, del que dice “que se le da la vuelta como un calcetín” y que una parcela sufre una evolución “espectacular que va a dar grandes plusvalías sin justificación” y aporta en su favor el acta de la Comisión de ornato y urbanismo a la que asistieron Honorio García Bravo y César Manrique en 1987.

También se queja Wigberto Lleó diciendo que en 1991 una parcela de su propiedad, cerca de Los Ajaches, la Finca del Cortijo, tenía una proyección que ahora no tiene, y Ángel García Puertas que dice ser propietario de una pare de los terrenos de Costa Roja aunque no lo demuestra y pide que se anule el paso hacia la playa que ocupa el Papagayo Arena, que es el elemento que puede hacer que el hotel acabe demolido.

Otra alegación peculiar es la de Hipercan, que quiere recuperar el edificio Atlante del Sol, el hotel abandonado cerca del Faro de Pechiguera que nunca funcionó. En sus alegaciones, los propietarios llegan a citar el ejemplo del Hotel Oasis de Maspalomas o el problema con la residencia Sol de Otoño, ya que quieren rehabilitar el edificio para dedicarlo a un centro sociosanitario.

Otro peso pesado en recurrir es Domingo Rodríguez Cedrés que acusa al Plan General de “irregularidades que afectan a nuestros intereses” ya que considera que algunos de sus suelos son urbanos, y por supuesto Honorio García Bravo que hace unas alegaciones que suman más de 350 folios en las que pide, por un lado, que se arreglen las irregularidades urbanísticas de la Casa del Embajador que incluso ha ocupado una zona verde pública y que se le mantengan las determinaciones urbanísticas de una parcela sin edificar en la que consiguió una licencia cuando él mismo era alcalde, pretendiendo que sigan vigentes.

Muchos de los empresarios que han recurrido el Plan tienen hoteles con licencia anulada o han ocupado zonas públicas

Juan Francisco Rosa solicita que se le permita desarrollar dos parcelas como equipamientos privados con uso sanitario y docente para desarrollar un hospital y un centro educativo privados. Reclama más edificabilidad y dice que esos negocios los haría agrupando a otros hoteleros y señala su intención de “no entrar en nuevos negocios que difícilmente son buenos negocios en un ámbito como el de Playa Blanca sino potenciar este destino turístico”.

Señala que los equipamientos “nadie los promueve, ni siquiera el Ayuntamiento que dispone de parcelas ociosas y que redundarán en beneficio de todos” a pesar de que serán privados, y afirma que hay dotaciones que nadie resuelve “salvo honrosas excepciones”.

También pide, por otra parte, que se amplíe como suelo urbano consolidado toda la parcela del Hotel Las Salinas que ha comprado recientemente “para hacer un proyecto de mayor calidad”. La primera de las alegaciones no se la aceptan porque “no justifica la mayor edificabilidad ni presenta proyecto concreto que lo justifique”.

Muchos de estos empresarios tienen hoteles con licencia anulada o han ocupado zonas públicas en el municipio y ahora argumentan que Playa Blanca ya no es buen negocio aunque siguen solicitando que se les contemplen mejores condiciones para sus parcelas.