La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la empresa Electifa SL contra un auto que denegó la suspensión cautelar de la orden del Cabildo de Lanzarote que le impedía continuar con la actividad de una vivienda vacacional en Arrecife.

La resolución judicial ratifica el auto del 9 de abril de 2025 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número seis de Las Palmas, al considerar que no concurren los requisitos exigidos por la ley para acordar la medida cautelar solicitada.

El litigio se originó tras una resolución administrativa del Cabildo de Lanzarote, dictada el 4 de diciembre de 2024, que acordó la imposibilidad de continuar con la actividad turística en una vivienda vacacional, al carecer de referencia catastral individual, exigida por el Reglamento de viviendas vacacionales de Canarias.

La empresa alegaba que la vivienda estaba registrada como vacacional desde 2018 y que la administración había aceptado durante años la referencia catastral compartida con otras ocho viviendas del edificio, ubicado en el barrio de Valterra, hasta que en 2024 cambió de criterio. También aducía que el cese de la actividad implicaba un perjuicio económico grave e irreparable.

El TSJC, sin embargo, considera que las cuestiones planteadas por la empresa exceden el ámbito del incidente cautelar y que no se aprecia una “manifiesta nulidad de pleno derecho” en la resolución administrativa del Cabildo.

Además, el tribunal señala que los perjuicios alegados son de carácter económico y, por tanto, susceptibles de resarcimiento en caso de que el recurso principal prospere.

Asimismo, la Sala estima que, en la ponderación de intereses, debe prevalecer el interés público representado por el cumplimiento de la legalidad en materia turística frente al interés particular de la empresa.