El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha salido al paso de la decisión del Tribunal Supremo de admitir a trámite un recurso contra la anulación del Plan Especial de La Geria. El TSJC recalca que el Plan de La Geria está “anulado” en “firme” desde abril de 2017.

En ese sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias subraya que se ordenó a la Administración la “ejecución” de la sentencia que anuló el Plan de La Geria. Cuando se aprobó el planeamiento, en 2013, la competencia para su elaboración recaía en el Gobierno de Canarias y en la actualidad corresponde al Cabildo de Lanzarote.

De esta manera, el TSJC responde de forma contundente al Supremo, que decidió admitir a trámite un recurso presentado por el Gobierno de Canarias y por el empresario Juan Francisco Rosa, unos dos años después de haberse presentado.

En una providencia dictada el pasado 8 de febrero, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia, compuesta por los magistrados César García Otero, Óscar Bosch, María Mercedes Martín y Francisco Javier Varona, que es el ponente, traslada de forma clara al Supremo y a las partes personadas la situación de nulidad firme del Plan de La Geria.

El pasado 17 de enero, el Supremo decidió admitir a trámite las impugnaciones de la comunidad autónoma y del empresario Juan Francisco Rosa contra la sentencia que tumbó la ordenación del espacio natural protegido, que presentaron en 2017.

En marzo de aquel año, la consejera de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, atribuyó a “un error de coordinación” la interposición de un recurso contra la sentencia del TSJC que anuló el Plan de La Geria en 2016.

Se da la circunstancia de que incluso la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) tomó conocimiento, en junio de 2017, de la primera sentencia que anuló el Plan Especial de La Geria, que ya entonces se consideró que era firme.

El Supremo ha admitido ahora a trámite, en un auto dictado el pasado 17 de enero, el recurso del Gobierno de Canarias y el del empresario Juan Francisco Rosa contra la sentencia que anuló el Plan Especial de La Geria a instancias de la empresa Peña del Camello y que fue dictada en 2016.

La sentencia recurrida considera que la aprobación del Plan de La Geria que efectuó el Gobierno de Canarias en 2013 fue ilegal. La Justicia había anulado en 2011 el primer planeamiento aprobado para el espacio natural protegido y el Gobierno, en vez de comenzar la elaboración del planeamiento desde el principio, aprovechó todos los trámites y la documentación, y efectuó una aprobación definitiva.

La Justicia determinó que la nulidad del planeamiento era “radical” y que, por tanto, no cabía de ningún modo la “conservación” o “convalidación” del documento en una nueva aprobación definitiva del Plan de La Geria.

Relevancia en la causa penal

Los intentos de mantener con vida el Plan de La Geria anulado a finales de 2016 están relacionados con la causa penal de la bodega Stratvs. Para la defensa de Rosa es clave la vigencia del Plan de La Geria, pues ha sostenido que el planeamiento anulado legalizaba la bodega.

En uno de sus recursos, la defensa de Rosa argumentaba que La Geria es un “bellísimo paisaje” cuyo “éxito” está vinculado a las bodegas y a los “vinos malvasía y moscatel”, “muy apreciados en la edad antigua, en particular en la era romana”.

En el primer juicio del caso Stratvs se anuló la licencia de actividad de la bodega que otorgó el Ayuntamiento de Yaiza. El Tribunal Superior de Justicia destacó que la concesión de la licencia de actividad era “imposible” a la vista del planeamiento territorial y urbanístico.

El TSJC subrayó que lo “adecuado” habría sido que el Ayuntamiento hubiese rechazado incluso el inicio de los trámites de la licencia de apertura y, en todo caso, “la denegación expresa” de la autorización por incumplir tanto el Plan General de Yaiza como el Plan Insular de Ordenación.

La pieza principal del caso Stratvs, pendiente de juicio en la Audiencia Provincial, evaluará la licencia de obras concedida por la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Canarias en marzo de 1999, y el posterior permiso municipal para restaurar una vivienda de 243 metros cuadrados y un almacén y bodega de 900 metros cuadrados totalmente subterráneos.

Entre los elementos de la defensa del dueño de la bodega Stratvs se ha utilizado un dictamen elaborado por el catedrático Francisco Villar, uno de los ponentes de Ley del Suelo, que concluye que el Plan de La Geria, aunque sea posterior a la construcción, tiene “fuerza jurídica legalizadora sin necesidad de expediente”.