La Sala de Justicia del Tribunal Militar ha vuelto a dar la razón a la sargento del Seprona de Lanzarote, Gloria Moreno, y acaba de anular una sanción que le había sido impuesta en el año 2018.

El Tribunal estima el recurso de Moreno y anula una falta grave que había supuesto la pérdida de cinco días de sueldo y funciones, impuesta en julio de 2018 por la Dirección general de la Guardia Civil tras una resolución del entonces coronel jefe de la Zona de Canarias, Ricardo Arranz.

Contra la sentencia cabe recurso de casación ante la Sala Militar del Tribunal Supremo. La sentencia obliga a hacer desaparecer de la documentación militar de la sargento toda mención relativa a esta sanción y a compensarla con las cantidades dejadas de percibir con los intereses legales.

Es la segunda vez que el Tribunal Militar anula una de las sanciones a Moreno. Ya lo hizo con una de las primeras que se le abrieron, respecto de una supuesta falta de desconsideración al director del Centro Isla de La Graciosa.

El resto tampoco ha prosperado, sin tener que llegar a la vía judicial. En mayo de este año, el director general de la Guardia Civil declaró la caducidad y el archivo del expediente por otra falta muy grave en el que se pedía una sanción de seis meses y un día de suspensión de empleo por una falta “de abuso de atribuciones” por una queja del veterinario municipal de Arrecife.

Otro más se abrió por no evitar la queja de una vecina de Arrecife que había denunciado en varias ocasiones el estado en que se encontraba un solar vecino sin que se actuara para resolver dicha situación. Finalizó con una sanción de un día sin sueldo y fue anulado en un recurso de alzada. Y de otro más también se declaró su caducidad.

En esta ocasión, se trataba de una sanción impuesta por el hecho de “realizar cualquier reclamación, petición o manifestación contrarias a la disciplina debida en la prestación del servicio o basadas en aseveraciones falsas o formuladas con carácter colectivo”.

A la sargento se le habían impuesto tres sanciones en agosto, septiembre y octubre de 2017. En el recurso de alzada sobre estas sanciones, la sargento afirmaba que se estaban vulnerando sus derechos al no habérsele facilitado copia de las declaraciones de las siete personas que habían testificado en el transcurso de esos expedientes. Lo que hizo el coronel ante esta solicitud fue abrirle un nuevo expediente sancionador.

Moreno recurrió ante la Justicia militar, que le acaba de dar la razón, con el apoyo de la Fiscalía. La sargento reclamaba que se estaba vulnerando su derecho a una tutela judicial efectiva por falta de motivación, que se vulneraba el principio de legalidad en su vertiente de tipicidad y su derecho a la presunción de inocencia por una arbitraria valoración de la prueba.

La sentencia obliga a hacer desaparecer de la documentación militar de la sargento toda mención relativa a esta sanción y a compensarla con las cantidades dejadas de percibir con los intereses legales

El Tribunal considera que las declaraciones sí estuvieron a su disposición pero que ella no se las solicitó al instructor de los expedientes, pero acepta el recurso porque para poder reconocer la falta que se le imputa es necesario que las afirmaciones que realizó hubieran sido falsas y que, además, esa falsedad se manifestó de forma intencional.

La gravedad del tipo de falta que se le imputaba reside en transmitir datos falsos ante sus superiores, y en este caso la sentencia señala que las aseveraciones de Moreno se hicieron en el marco de un recurso de alzada frente a una sanción disciplinaria en su legítimo derecho de defensa.

Las afirmaciones no eran falsas porque, aunque la sargento tuviera una copia de una de las declaraciones de los testigos, no se trataba del original y no estaba sellada, por lo que no se demuestra que se la facilitara el instructor de los expedientes. Por otra parte, las aseveraciones de Moreno no afectaban al servicio.

La sargento ha recibido en estos últimos años cientos de apoyos, tanto de partidos políticos como de las principales asociaciones ecologistas y animalistas y de 140.000 firmas en change.org. Su caso ha llegado a los medios de comunicación nacionales y al Parlamento de Canarias. También fue galardonada por la Red de protección animal.

Querella contra los mandos

Por otra parte, el pasado mes de junio, el Juzgado de Instrucción número tres de Santa Cruz de Tenerife admitió a trámite la querella de la sargento contra dos de sus antiguos superiores, el coronel Ricardo Arranz y el general Juan Sánchez Medina, por supuesto delito de prevaricación administrativa. Ambos se han retirado y ya no ocupan esos puestos. Precisamente, la sargento se querelló después de que el Tribunal Militar anulara otra de sus sanciones.