Hay una fecha que merece ser grabada en piedra: el 9 de julio de 2018. Ese día, el Gobierno de Canarias presidido por Fernando Clavijo aprobó definitivamente el PROAC —el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura de Canarias—, el documento que ampararía actuaciones frente a las costas más sensibles de Lanzarote, desde Arrecife hasta Puerto del Carmen, las llamadas zonas de interés acuícola. En román paladino: los emplazamientos destinados a las jaulas marinas. Clavijo gobernaba al frente de una coalición liderada por Coalición Canaria, y en Lanzarote, Pedro San Ginés y Oswaldo Betancort eran, respectivamente, presidente del Cabildo y alcalde de Teguise. La familia al completo. El propio Gobierno actual ha tenido que reconocer que esa definición de zonas es herencia directa de aquella época. Tuvo que ser el Ayuntamiento de Tías quien recurriera, cuyo resultado es el reciente logro de que el expediente retroceda al momento anterior a su aprobación. Un pequeño municipio pagando de su bolsillo para parar el disparate que la administración autonómica había puesto en marcha en el litoral más valioso.

Pero las jaulas no son un episodio aislado. Son un capítulo más de un manual que lleva décadas escribiéndose con el mismo argumento: Lanzarote como territorio disponible para quien sepa maniobrar en los despachos correctos. Lo que ha ido variando no son las intenciones sino los instrumentos. Hoy no son solo las jaulas, son también los planes de ordenación, los catálogos de protección, las zonas de aceleración de renovables, el plan de la ciudad, el plan de la isla. Todos a la vez y todos redactados por la misma empresa, todos en exposición pública casi de forma simultánea. Todos con Coalición Canaria como promotora.

Nada resulta casual. Parece obedecer a una estrategia perfectamente planeada: hacer coincidir en el tiempo la aprobación de la cascada de planes que afectan al territorio. El Plan Insular, el Plan Especial del Paisaje Protegido de La Geria, el Plan General de Arrecife, el Catálogo de Bienes Culturales de la capital —salen a información pública casi en el mismo momento. Resulta materialmente imposible estar en todos los procesos y llegar a profundizar en ellos para entender qué quieren los redactores para cada uno. Y se da la circunstancia de que todos los redacta el mismo equipo: la empresa pública GESPLAN, adscrita a la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, bajo el mando del consejero Mariano Hernández Zapata.

GESPLAN dice de sí misma que apuesta por introducir una metodología de trabajo centrada en la sostenibilidad, la lucha contra el cambio climático y el bienestar público. Lo que los documentos que ha producido para Lanzarote dicen de ella es otra cosa. Una empresa que trabaja para el Gobierno de Canarias, redacta el catálogo de protección de Arrecife con criterios arbitrarios, diseña el Plan de La Geria con interpretaciones  que abren la puerta a nuevas intervenciones sobre un paisaje cuya capacidad de transformación está agotada, y, simultáneamente, traza el nuevo plan general de la ciudad con alturas que no responden a criterio alguno que no sea el de favorecer determinadas parcelas con nombre y apellidos.

El Plan Especial de La Geria es un caso urgente. Estamos hablando del paisaje vitícola más singular del mundo, reconocido internacionalmente, admirado, visitado y fotografiado. Un paisaje que es al mismo tiempo patrimonio cultural, actividad agraria y motor turístico. Y ese paisaje no tiene hoy la protección planificada que merece.

Quienes defienden la intervención sobre él suelen apelar a su condición de paisaje antropizado: modificado por el ser humano, construido por sus manos. El argumento es que si un ser humano lo transformó en su día, otro ser humano puede seguir transformándolo hoy. Ese razonamiento quedaría desarmado si se pusiera sobre la mesa que la capacidad de transformación de determinados bienes está agotada, y lo está en aras de la preservación de sus valores. Desde el momento en que hay que adoptar medidas de conservación o de protección, se puede mantener, conservar y mejorar, pero nunca transformar hasta hacerlo irreconocible. Le pasa a los inmuebles históricos, le pasa a la ciudad histórica, y le pasa al Paisaje Protegido de La Geria. Lo que hoy sobrevive lo debe a la mano del agricultor que lo construyó para su propia supervivencia. Mantenerlo sin norma vinculante a medida de sus valores es apostar a la ruleta con el bien más singular que tiene esta isla, y eso —casualmente— conviene a quienes prefieren la ausencia de norma, o una norma tendenciosa, a un marco claro y equitativo. Ese mismo plan atendía a las grandes bodegas, alegales ilegales o por legalizar, y proponía para ellas un marco de actuaciones sin límite frente a la propuesta de que las bodegas tradicionales siguieran en el limbo sin juego ninguno para competir.

Otro ejemplo algo más refinado de esta ingeniería especulativa lo encontramos en Arrecife, en el catálogo de protección de bienes culturales del que GESPLAN se tomó su tiempo sin que, formalmente, haya visto todavía la luz. El catálogo fue encargado por un alcalde de CC a esta empresa allá por 2015. Hoy, tras un periodo de exposición pública de un borrador, permanece retenido  — si no secuestrado—  por un alcalde del PP que gobierna en coalición con CC en el Ayuntamiento de Arrecife, sin aprobación inicial, en un limbo que no es casual: el limbo es, en sí mismo, la estrategia. Mientras no se aprueba, no hay protección formal. Mientras no se corrige, el borrador circula como referencia implícita para quienes saben leerlo.

Y lo que ese borrador dice es revelador. Los inmuebles propuestos para el mayor nivel de protección —entre ellos el emblemático edificio conocido como El Mercadillo— aparecen en el documento con una generosa permisividad para remontas, es decir, para ampliar el edificio en altura. La paradoja es tan burda que cuesta creer que sea involuntaria: a mayor protección patrimonial declarada, mayor aprovechamiento urbanístico concedido. El patrimonio no como freno a la especulación, sino como su vehículo. La catalogación como coartada para el negocio.

El mecanismo es elegante en su cinismo. Se protege el edificio en fachada y planta, se lo rodea de retórica patrimonial, y se le permite crecer en altura. El propietario —el Cabildo de Lanzarote— obtiene lo que quería. El político puede decir que ha protegido el centro histórico. Todos contentos, salvo la ciudad. Un documento que se llama de protección y que permite demoler el interior de un inmueble histórico de gran valor para meter dentro hasta siete plantas puede llamarse cualquier cosa menos catálogo de protección.

Les sirve también el catálogo para colar mayor aprovechamiento urbanístico en  parcelas en las que ni siquiera hay patrimonio, de manera que, por obra y gracia  del redactor, se beneficia a unos pocos. O se deben favores o se intenta legalizar alturas construidas sin licencia. Y lo hacen por la puerta de atrás colándolo en el catálogo.                      

La cobertura legal existe: la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias, aprobada por unanimidad en 2019 en el Parlamento regional, permite casi todo esto. Gobernaba Clavijo, por cierto. Como se ha apuntado con amargura, esa unanimidad da la talla de dónde está el interés de nuestros cargos públicos de todos los colores políticos. Cuando regrese el conocimiento a nuestra política ya tocará cambiar esa ley por otra mejor. Eso sí, puede que ya no quede nada que merezca preservarse.

El mismo patrón aparece en las Zonas de Aceleración de Renovables, las ZAR. Conociendo el criterio del Gobierno para con el territorio —especialmente en las islas orientales— y su sensibilidad para la adopción de medidas de regulación y ordenación en Lanzarote, las ZAR son un plan que, dependiendo de cómo se materialice, podría suponer un modelo de intervención que altere significativamente la percepción del paisaje. En este caso, el documento normativo que aparenta la implantación de energía renovable, podría enmascarar el negocio puro y duro a partir del viento y el sol. No siendo necesario su redacción, se diseña para que después nada pueda ser contestado desde Lanzarote porque es ley.

Supimos que los planos publicados del ZAR no se correspondían con lo acordado. O estamos en manos de incompetentes para la gestión pública, o de muy competentes para lo suyo, pasando como errores lo que en realidad les favorece.  Entre otras, una de las trampas parece encontrarse en el participio condicionado: debe inferirse que las actuaciones en suelos que aparecen como condicionadas lo estarán hasta que un informe favorable elimine la traba. Han dado apariencia de consenso al resultado, pero solo es apariencia. En ese proceso, en el que estuvieron el presidente del Cabildo Oswaldo Betancort y el consejero Jesús Machín,  es donde se acordó aquel ZAR. Estos, sabían de qué iba, pero se acobardaron cuando saltaron las alarmas.

Y hay un caso concreto que lo ilustra todo. En Playa Blanca, una instalación fotovoltaica fue construida contraviniendo la denegación expresa de licencia municipal del Ayuntamiento de Yaiza. El Gobierno de Canarias recurrió a la excepcionalidad para legalizar lo que nació siendo ilegal. Lo primero que habría que preguntarse es por qué algo pendiente de autorización ya había sido construido. La respuesta más plausible es que alguien garantizó la autorización antes de que llegaran los papeles. De haber ocurrido así, el Gobierno habría desautorizado al gobierno municipal de Yaiza y echado  un pulso al pueblo de Lanzarote para mostrar quién manda aquí.

Lo que hace todo esto especialmente ilustrativo es que no hay forma de señalar a un responsable aislado, porque los responsables son, literalmente, todos. GESPLAN trabaja para el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Arrecife retiene el catálogo, el Cabildo de Lanzarote observa, y los tres están gobernados por la misma coalición: PP y Coalición Canaria. No hay fisuras en las que quepa la denuncia cruzada, la presión interna, la rectificación discreta. El bloque es monolítico, y esa posición es, precisamente, su mayor activo especulativo.

La ironía es que Lanzarote fue pionera. La isla que, a través de la cabeza de Manrique, convirtió el Cabildo en motor cultural, económico y paisajístico; la isla que inspiró algunos de los instrumentos de protección más avanzados de Canarias en los años ochenta y noventa se invoca hoy más en los discursos y en las campañas de promoción que en los presupuestos; más en el marketing institucional que en la voluntad de sentarse a aprobar los documentos que harían realidad aquella visión. Cuatro ausencias lo resumen: Lanzarote carece de un Plan Insular de Ordenación actualizado, no tiene aprobado un Plan Especial de La Geria, Arrecife no cuenta con un nuevo Plan General y la capital tampoco ha aprobado el Catálogo de Protección de sus Bienes Culturales. Cuatro instrumentos que en cualquier territorio con vocación de futuro serían condición previa, no asignatura pendiente.

El patrón que se repite —en las jaulas, en La Geria, en el catálogo de Arrecife, en las ZAR...— no es el de la corrupción torpe y visible. Es el de la captura institucional sistemática: instrumentos de ordenación que abren rendijas, procesos que se eternizan, documentos que circulan sin aprobarse, recursos que hay que interponer desde los municipios más pequeños porque nadie con más poder se molesta en hacerlo. Cuando el escándalo estalla, la culpa es de la burocracia, del  técnico que firmó. O de errores en los planos.

Desde 2018, al menos, hay fechas, nombres y firmas que constan en los expedientes y responsables políticos aquí y allá. Lo que falta es que alguien lea todo esto en voz alta, con todas sus consecuencias. Y que no tengamos que seguir esperando a que sea el Ayuntamiento de Tías —o un vecino de Arrecife con tiempo y dinero para recurrir— quien haga el trabajo que debería hacer quien nos gobierna.

Seguro que ahora entienden el tono tan burdo y grosero del título.