El Departamento tercero de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha citado a declarar el próximo jueves 24 de abril a la actual vicepresidenta del Cabildo de Lanzarote y número dos del Partido Popular, María Jesus Tovar, por una posible responsabilidad contable al no cobrar el reintegro de unas subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Arrecife entre 2018 y 2020.

Tovar es la actual vicepresidenta del Cabildo de Lanzarote y secretaria general del Partido Popular en la Isla. Fue concejala de Bienestar Social entre 2019 y 2023, bajo la alcaldía de Ástrid Pérez, actual presidenta del Parlamento de Canarias, que a su vez la ha promovido para la vicepresidencia de la Corporación insular y la ha colocado como su mano derecha en el PP.

También han sido citadas por el Tribunal de Cuentas Eva de Anta y Victoria Sande. De Anta fue alcaldesa entre 2016 y 2019 y Sande fue concejala de Bienestar Social en el mismo periodo, ambas en representación del PSOE. Ya no ejercen ningún cargo público.

La causa se inició hace un año en este Tribunal por las deficiencias observadas por la Fiscalía en la justificación de las subvenciones "concedidas y pagadas" por el Ayuntamiento y apreciadas en el 'Informe de fiscalización de las subvenciones de concesión directa de los ayuntamientos de Granadilla de Abona, San Bartolomé de Tirajana, Arrecife, Santa Lucia de Tirajana y Arona, ejercicio 2020', elaborado por la Audiencia de Cuentas de Canarias.

El Tribunal de Cuentas abrió una pieza de diligencias preliminares en junio de 2024.

Un auto al que ha tenido acceso EFE, el Tribunal señala que los hechos requieren de una investigación para comprobar si ha habido o no un perjuicio a los fondos públicos y que, para ello, es necesario realizar las diligencias oportunas por si hubiera responsabilidad contable por alcance y, en ese caso, quiénes son los responsables.

La Fiscalía apreció prescripción de la acción de reintegro de subvenciones no justificadas y la incompleta acreditación de los gastos ejecutados en  subvenciones al alquiler

Los hechos apreciados por el Ministerio Fiscal consisten en la prescripción de la acción de reintegro de subvenciones no justificadas y la incompleta acreditación de los gastos ejecutados en las subvenciones correspondientes para ayudas al alquiler de la vivienda habitual.

En el informe de la Audiencia de Cuentas se señala que hay 283 expedientes de subvenciones pendientes de justificar en los ejercicios 2018-2020 por un importe de 214.480 euros.

"No consta que se haya iniciado un procedimiento de reintegro en 174 expedientes por un importe de 132.374 euros, y 80 expedientes por un importe de 57.991 euros se encontraban prescritos", detalla.

Se ha iniciado un procedimiento de reintegro en 29 expedientes por un importe de 24.115 euros.

Mediante decreto de la concejal de Servicios Sociales de fecha 26 de febrero de 2021, María Jesús Tovar, se declararon prescritas todas las subvenciones no justificadas para las que había transcurrido el plazo de cuatro años desde la finalización del plazo de dicha justificación.

Tovar declaró prescritas todas las subvenciones no justificadas y la Audiencia de Cuentas concluyó que había indicios de “posible existencia de responsabilidad contable"

Eran subvenciones en las que no se habían justificado los gastos realizados "ni acreditado el cumplimiento del objeto de la subvención, lo que constituye un requisito esencial por lo que pudiera haber surgido un descubierto por alcance al existir un daño real y efectivo, económicamente evaluable e identificado respecto a unos caudales públicos concretos".

Según señala la Audiencia de Cuentas, esto permite concluir "que reúne los requisitos para considerarlos indiciarios de la posible existencia de responsabilidad contable".

En cuanto a la posible cantidad a devolver, añade el informe que "en los que ha sido posible calcular, hasta la finalización del presente trabajo, un importe de 57.991 euros".