El pleno del Tribunal Constitucional ha suspendido este martes por unanimidad la consulta convocada para el día 23 por el Gobierno de Canarias sobre las prospecciones petrolíferas al admitir a trámite el recurso que interpuso el Ejecutivo central ella al considerar que invade competencias del Estado.

El pasado 24 de octubre, el Gobierno recurrió al Tribunal Constitucional la consulta convocada por Canarias en relación con las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas al archipiélago, y a la vista de esta decisión el propio Gobierno regional la suspendió a la espera de la decisión del TC.

La suspensión es provisional y no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto y el tribunal deberá decidir próximamente si prolonga esa suspensión temporal antes de que pase un plazo de cinco meses o, en su caso, la levanta.

Antes de ser suspendida, esta consulta preveía celebrarse el próximo 23 de noviembre bajo la siguiente pregunta: "¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?".

El Gobierno entiende que las calificadas como consultas ciudadanas mediante pregunta directa "constituyen materialmente un auténtico referéndum", al contemplar una consulta al cuerpo electoral "a través de un verdadero procedimiento electoral", e insiste en que la potestad de regulación y autorización de referendos corresponde "exclusivamente al Estado, de acuerdo con los artículos 23, 81, 92 y 149.1.32ª de la Constitución Española".

Además, indica en su recurso que esta regulación está recogida en la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum, y en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

En este caso, se impugna la regulación de las preguntas directas recogida en los Capítulos I (artículo 4) y III (artículos 9 a 26) del Reglamento, aprobado por el artículo único del decreto del 25 de septiembre, así como las Disposiciones derogatoria y finales de dicho decreto, en cuanto se refieran a las preguntas directas reguladas en los citados Capítulos I y III.

Por otra parte, respecto a la pregunta realizada, el Ejecutivo apunta que debe tenerse en cuenta que la competencia en materia energética corresponde al Estado en virtud de las reglas 13ª y 25ª del artículo 149.1 de la Carta Magna, sin que la competencia de Canarias sobre régimen energético alcance el mar territorial, citando en este punto una sentencia del Tribunal Constitucional de 2013.

Recalca asimismo que, como también ha puesto de manifiesto el Tribunal Constitucional, (Auto 87/2011), "en ningún caso podría la Comunidad Autónoma convocar una consulta sobre materias que no son de su competencia".