La isla de Lanzarote necesitará al menos otros 60 millones de euros de inversión para atajar las pérdidas de agua en la red de abastecimiento. En el año 2021, Canal Gestión Lanzarote registró unas pérdidas del 58 por ciento del agua desalada, una cifra similar a la que se registró en 2013, cuando la filial de aguas madrileña se hizo con el servicio integral en la Isla.

Después de esa fecha, la empresa de aguas asegura que ha invertido hasta 56 millones de euros en diferentes obras hidráulicas, tal y como estaba obligada por el contrato de gestión. Esa inversión, sin embargo, no ha servido para atajar las pérdidas ni para mejorar el servicio.

La cifra de 60 millones es aproximada, pero es la que señala el propio Consorcio del Agua, compuesto por el Cabildo y los siete ayuntamientos de la Isla, según ha trasladado de forma oficial a Diario de Lanzarote.

Todavía no existe un proyecto que abarque la totalidad de los trabajos a acometer para alcanzar un hipotético cero en las pérdidas de la red. Lo que sí hay es una solicitud por parte del Consorcio a Canal para que mejore las identificaciones de los problemas en la red por sectores, con el objetivo de acometer las obras con un grado de preferencia.

También hay, por otra parte, un listado de obras que se tiene que afrontar, pero no se trata de un plan de inversiones, ya que, hasta la fecha, no se ha llegado a ningún compromiso inversor.

El coste de esa inversión tendrá que ser asumido por parte del Consorcio, aunque se están buscando fondos o la posibilidad de acceder a líneas de subvención destinadas al agua, ya sean a escala estatal, regional o europea.

Entre las obras previstas se encuentra la Línea Norte Uno, por un importe de 6,5 millones de euros que financia la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias, y otros cuatro proyectos en tramitación: la mejora de las redes de abastecimiento de la periferia del oeste de Arrecife por 4,8 millones; la recuperación del depósito de Tinajo y la mejora del abastecimiento de Mancha Blanca por 1,1 millones; la primera fase de la renovación de la red de San Bartolomé, también por 1,1 millones y la renovación de la tubería entre Zonzamas y Puerto del Carmen por 3,6 millones.

A estas obras hay que sumar cinco intervenciones para el sector agrícola, de mejora de redes y almacenamiento, por 1,5 millones en total, así como la renovación de dos depuradoras con un presupuesto de 27 millones.

En el proceso de revisión o certificación de las obras realizadas hasta ahora por Canal Gestión, el Consorcio señala que se han encontrado “importantes defectos en su tramitación, así como posibles incumplimientos de la Ley de Contratos que han llevado a rechazos hasta su subsanación”.

Hay nueve obras de Canal que suman 12,4 millones de euros que han sido rechazadas de momento hasta que se subsanen esas deficiencias, y se han rechazado ya de forma definitiva otras 30 intervenciones por valor de algo más de un millón de euros, porque el Consorcio considera que no eran inversiones, sino trabajos de mantenimientos u obligaciones que le corresponden a la empresa, filial de la madrileña Canal de Isabel II, según el pliego de condiciones.

Canal Gestión Lanzarote ha presentado ante el Consorcio del Agua un total de 11 lotes de obras y el organismo público ha contratado la revisión de siete de esos lotes. Se han contabilizado 205 expedientes de inversiones por un valor total de algo más de 50 millones de euros. De esos 205 expedientes, 55 cuentan con la aprobación definitiva, otros solo tienen aprobación provisional y otros están sujetos a subsanación o estas ya han sido rechazadas.

Canal Gestión ha presentado 11 lotes de obras y el Cabildo ha revisado siete

“Como no puede ser de otra manera, desde que entramos a gestionar el Cabildo de Lanzarote trabajamos en mejorar el servicio de abastecimiento que recibe la población de Lanzarote y La Graciosa, así como en ampliar las prestaciones al agro insular que incrementa la superficie cultivada, año tras año, sin olvidarnos del obligado control de los vertidos en un territorio especialmente sensible como el nuestro”, señala Andrés Stinga, consejero delegado del Consorcio del Agua.

El Cabildo había anunciado que iba a solicitar un dictamen al Consejo Consultivo de Canarias sobre el cumplimiento de la sentencia que obligaba a la revisión de oficio del concurso que derivó en la concesión del ciclo integral del agua a Canal, bajo la presidencia de Pedro San Ginés (CC). Stinga asegura que no se ha hecho porque “el estado de la concesión se encuentra actualmente en estudio”.

La comisión de seguimiento acordada entre Consorcio y Canal se ha reunido en 23 ocasiones. En esa labor de fiscalización, según señalan fuentes del organismo público, se han comunicado hasta el momento 13 expedientes de penalizaciones a la empresa, si bien existen muchos otros que actualmente se encuentran en solicitud de información o seguimiento, y que podrían desembocar finalmente en la aplicación de penalizaciones.

De esos 13 expedientes, cuatro han concluido en sanciones impuestas por la asamblea del Consorcio del Agua y, de esos, tres han sido recurridos por Canal en los tribunales. El otro tiene una sanción de 10.000 euros.

Esos expedientes tienen que ver “con la dilación injustificada en la ejecución de las mejoras en parques de contadores, con la falta de mantenimiento en la EBAR (estación de bombeo de aguas residuales) intermedia de Playa Blanca y con el incumplimiento de las obligaciones de información y órdenes emitidas desde el Consorcio”.

El organismo público asegura que en los próximos meses se resolverán todos los expedientes, que debe aprobar primero la comisión de seguimiento y después la asamblea del Consorcio.

Invitación a reclamar

Respecto a las quejas por facturas abusivas y mal funcionamiento de la red, el Consorcio señala que es un asunto “preocupante”.

El Consorcio del Agua admite su preocupación por el auge de las quejas

En los últimos dos años y medio se han recibido en la entidad pública un total de 174 quejas formales, que representan un 0,25 por ciento de los más de 70.000 abonados. “Aunque sabemos que no se formalizan todas las quejas, invitamos a los abonados a hacerlo”, apuntan desde el Consorcio. Se trata de reclamaciones por la falta de puntos de conexión agrícola, esos excesos en los consumos o fallos en las instalaciones, entre otros problemas.

En todos estos casos, el procedimiento que sigue el Consorcio es prácticamente el mismo: inicialmente, se solicita informe a Canal Gestión, luego, un técnico externo realiza la visita y, posteriormente, se emite un informe jurídico sobre la existencia o no de algún incumplimiento por parte del operador, resolviendo a favor del abonado en caso de que así lo determinen los informes.

Desaladoras privadas

Por otro lado, el Gobierno de Canarias tiene, desde marzo del año pasado, las competencias que ostentaba el Consejo Insular de Aguas, que es el encargado de elaborar los planes hidrológicos, controlar la ejecución del planeamiento y resolver sobre el otorgamiento de concesiones, autorizaciones o certificaciones, además de la vigilancia en materia de aguas. La delegación de competencias la decidió el propio Consejo, que controla el Cabildo, por falta de recursos humanos.

“Con el poco personal disponible se ha continuado con la tramitación de los expedientes, sobre todo aquellos que se nos ha instado a continuar por orden judicial”, señalan desde el Consejo.

En su momento se acordó el cierre paulatino, en fases, de plantas desaladoras privadas. En este proceso, se han solicitado los informes preceptivos a Salud Pública y están ahora en el trámite de someter las solicitudes de exposición pública porque así lo marca el reglamento de control de vertidos. Se refieren a las actuaciones respecto a las desaladoras privadas, ya que siguen funcionando en la Isla entre 50 y 70, la mayor parte en hoteles y sin convenio con el Consejo. No se han firmado nuevos convenios desde 2015.

Con la entrada en vigor del Plan Hidrológico de Lanzarote hubo un cambio del modelo, que permite la implantación de desaladoras a través de la iniciativa privada, aunque las plantas siguen teniendo la obligación de disponer de las licencias oportunas y de la autorización del Consejo.

Por falta de medios se paralizaron de facto los expedientes sancionadores incoados por la vulneración de la anterior normativa. Por este motivo, el Cabildo ha solicitado al Gobierno canario apoyo para tramitar esos expedientes mientras se trabaja en la dotación del personal necesario para afrontar con garantías el servicio.