Ha durado poco el idilio entre el Cabildo de Lanzarote y el Gobierno de Canarias a cuenta de las zonas de aceleración de energías renovables. En verano, el Cabildo presumía de haber firmado “el primer protocolo de colaboración de la historia” en esta materia, “una medida pionera”.

No escatimaba elogios el presidente, que agradecía el apoyo y la sensibilidad del Gobierno: “Damos un paso decisivo hacia un modelo energético propio, ordenado y sostenible”, “el resultado de una planificación rigurosa y respetuosa”, “esto no solo garantiza que las energías limpias se implanten con criterio y consenso territorial”, “refuerza nuestra soberanía insular en la toma de decisiones estratégicas”.

Cuando poco después, Diario de Lanzarote publicó los mapas, resulta que la cosa ya no parecía tan sostenible: más de 3.000 hectáreas para ocupar por pacas solares. Después el Cabildo dijo que había un error en los mapas y que se ocupaba un 3,5 por ciento de la superficie insular pero que se había pactado el uno por ciento.

En realidad no cambia tanto la cosa, porque lo que falla es el modelo: poner placas en suelo rústico para trasladar la energía y no priorizar las zonas urbanas, done se consume al energía. Y es justo lo que el Cabildo quiere hacer ahora y no había dicho antes. Le pide al Gobierno que paralice el convenio y que explore primero las cubiertas de los edificios: el modelo opuesto al anterior, el del criterio y el consenso”.

El Gobierno responde que el protocolo “siempre ha partido del consenso de las dos partes” y que lo de los mapas “es un error técnico totalmente subsanable (aunque no dice que lo vaya a subsanar) y que no cambia en absoluto el fondo del asunto”. “Siempre se consensuó con el Cabildo la zona”, dicen. 

Se le está empezando a complicar la cosa al Cabildo en los asuntos estratégicos como la energía o el agua. Más allá de la propaganda, el patrocinio y la promoción, parece que hay una inconsistencia preocupante. Si tienes que insistir mucho en lo de “hechos y no palabras” es que son palabras, no hechos.