El presidente del colegio de abogados de Lanzarote, Carlos Viña, que en la actualidad está al frente del consejo canario de colegios de abogados, se reúne el jueves con el consejero de Justicia, José Miguel Barragán, para plantear un ultimátum al Gobierno de Canarias para que mejore las retribuciones del turno de oficio, estancadas desde el año 2015.

Desde hace tres años, los diferentes colegios de abogados del Archipiélago llevan reclamando insistentemente al Gobierno de Canarias mejoras para el desarrollo de la Justicia en nuestras Islas, ante el malestar existente en el colectivo de abogados por los “drásticos recortes” que se produjeron en los años 2010 y 2012 y que “suponían una rebaja del 20 por ciento”.

En las tres reuniones mantenidas con el Gobierno de Canarias, el consejo canario de colegios de abogados ha abordado como tema “urgente” las “escasas retribuciones” del turno de oficio, recortadas ocho años atrás, y “la necesidad de recuperar el nivel retributivo una vez superada la crisis que motivó su recorte hasta dejarlos en niveles ridículos sin ni siquiera actualizar desde entonces el IPC”.

Igualmente, y dada la importancia de la Justicia gratuita para la ciudadanía, los representantes de los abogados canarios han mantenido diferentes reuniones en el Parlamento con todos los grupos del arco parlamentario, incluido el partido que sustenta al Gobierno, Coalición Canaria, quienes han manifestado su predisposición a secundar las peticiones del colectivo.

De igual modo, en una visita girada tanto a AUSCAN (Asociación de Usuarios de Canarias) como a los máximos representantes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y a la Fiscalía Superior de de Canarias se pusieron en conocimiento de los mismos sus reivindicaciones.

Amenaza de huelga

Los abogados reclaman al Gobierno de Canarias la recuperación “inmediata”, en los próximos presupuestos autonómicos, de los niveles retributivos del turno de oficio y el abono de las actuaciones no baremadas, pero sí realizadas para no dejar indefenso al ciudadano.

En caso que el Gobierno de Canarias en la reunión del próximo jueves no atienda las peticiones realizadas, y que “ambas partes entienden totalmente justificadas”, el colectivo de la abogacía canaria llevará a cabo medidas de presión ante la opinión pública como pueden ser las movilizaciones de los abogados del turno de oficio o “incluso una huelga general en la justicia gratuita”.