El puerto deportivo Marina Rubicón, cuya licencia de obras ha sido declarada ilegal por la Justicia en el denominado caso Yate, comunicó este pasado 17 de septiembre a la Audiencia Provincial que su “letrado director de este procedimiento”, Julio Pérez, actual portavoz del Gobierno de Canarias, se encuentra en situación de “no ejerciente” y pide que se le emplace para que se designe un nuevo “letrado que le asista”.

Se da la circunstancia de que, en los últimos meses, la empresa ha presentado diversos escritos en la Audiencia Provincial de Las Palmas firmados por otra abogada, a pesar de que, como consta en el procedimiento judicial, el trámite para sustituir a Julio Pérez no se había instado, aunque hace más de un año que se convirtió en consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Ejecutivo regional.

En ese sentido, las fuentes jurídicas consultadas recalcan que una solicitud como la presentada por el procurador del puerto deportivo, para sustituir a Julio Pérez como letrado, “es una evidencia” de que seguía siendo “el abogado de la empresa”.

En la solicitud se adjunta un certificado del Colegio de Abogados de Tenerife que indica que Pérez tiene la categoría de “no ejerciente” desde el 22 de julio del año pasado, cinco días después de su nombramiento como consejero del Gobierno por el PSOE.

La Audiencia Provincial anuló en abril de 2017 la licencia de obras del puerto deportivo Marina Rubicón, así como los permisos de construcción para 12.000 camas ilegales en el municipio de Yaiza, concedidas por José Francisco Reyes en su etapa en la alcaldía.

Fuentes jurídicas recalcan que la solicitud presentada por el procurador del puerto para sustituir a Pérez como letrado “es una evidencia” de que seguía siendo “el abogado”

Reyes reconoció que había prevaricado en la concesión de las licencias, incluida la del puerto deportivo que promovieron los empresarios Enrique Martinón, Rafael Lasso y Juan Francisco Rosa.

Además de la anulación de la licencia municipal para el puerto, en la sentencia se considera probado que Reyes no abonó durante años el importe del atraque de su barco, El Pachi, adquirido a su vez a través del cobro de comisiones ilegales.

La sentencia, además de considerar que Reyes había prevaricado con la concesión de la licencia, tiene en cuenta que el exalcalde confesó haber recibido “dádivas” valoradas en “más 60.000 euros” de los propietarios del puerto deportivo.

“Dicha dádiva obedece al otorgamiento de varias licencias urbanísticas otorgadas con anterioridad, a sabiendas de su frontal colisión con la normativa urbanística de aplicación por el acusado José Francisco Reyes Rodríguez a los administradores de la entidad Puerto Deportivo Rubicón SA, entre las que destaca la propia licencia concedida para la construcción de dicho puerto deportivo”, en marzo de 2003, según destacó la sentencia firme.

La sentencia también vinculó el trato de los dueños del puerto deportivo a Reyes, “incluso con posterioridad” a que “dejara sus responsabilidades políticas en el Ayuntamiento”, a la concesión de otras licencias urbanísticas, que el exalcalde admitió que había otorgado para la construcción de establecimientos hoteleros a “al menos dos de las empresas propietarias del puerto”, BTL Lanzarote, del promotor Juan Francisco Rosa, y Horinsa, del grupo Martinón.

Recurso desesperado

Con Julio Pérez como abogado, la empresa del puerto deportivo intentó a la desesperada recurrir en casación la sentencia firme que anuló la licencia concedida por Reyes. En un auto de julio de 2018, la Audiencia rechazó de plano el “intento de personación” de la empresa en la fase de ejecución de la sentencia.

La notificación de la sentencia al puerto deportivo, señaló en aquel momento la Audiencia, “no le faculta a interponer el recurso de casación que pretende”, al no haber sido parte en el procedimiento penal ni haberse personado “en ningún concepto” durante los “más de 10 años” que se alargó, tras la querella interpuesta por el socialista Carlos Espino en 2006.

La empresa ha presentado diversos escritos firmados por otra abogada, a pesar de que el trámite para sustituir a Julio Pérez no se había instado

La Audiencia, que señaló que desconocía “en qué concepto” se pretendía personar la empresa con el juicio ya celebrado y dictada la sentencia, también recordó que el consejero delegado del puerto, Rafael Lasso, que fue quien pidió la licencia de construcción, declaró como imputado en noviembre de 2011, aunque luego se archivó la imputación.

Por tanto, zanjó la Audiencia, la empresa era “conocedora” de la existencia de la causa penal e incluso ha participado en ella “a través de la imputación de su consejero delegado”. Rechazo del Supremo Como abogado del puerto deportivo ilegal, Julio Pérez lo intentó ante el Tribunal Supremo y presentó un recurso de queja porque la Audiencia Provincial no le había permitido recurrir la sentencia.

En enero de 2019, el Supremo también le cerró la puerta y no tuvo en cuenta su recurso. El año pasado, la Audiencia se dirigió al Ayuntamiento de Yaiza para que acreditase “el cumplimiento” de lo dispuesto en la sentencia del caso Yate “en cuanto a la nulidad de todas las licencias concedidas” por José Francisco Reyes que fueron enjuiciadas.