Como una guerra de baja intensidad, pero en la que nunca se firma el armisticio. Así es el conflicto entre el Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Haría por la Cueva de los Verdes, que se desencadenó en el año 2010 y que todavía sigue en manos de la Justicia. Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) rechaza homologar el convenio suscrito entre ambas instituciones en noviembre de 2020 para poner fin a las hostilidades.

El tribunal destaca que “resulta lesivo para los intereses municipales” al fraccionarse en 15 años el pago de 12,9 millones de euros. “La renuncia a percibir intereses legales”, aceptada por el Ayuntamiento norteño bajo la alcaldía del socialista Alfredo Villalba, “resulta altamente gravosa para el municipio”, dado el volumen económico de la deuda del Cabildo con el Consistorio.

El origen del pleito se remonta a la etapa de José Torres Stinga en la alcaldía de Haría y Pedro San Ginés en la presidencia del Cabildo, ambos entonces en Coalición Canaria. El 25 de noviembre de 2010 el Ayuntamiento requiere a la Corporación insular para que, en el plazo de un mes, deje de usar y explotar la Cueva de los Verdes. No solo solicitó la entrega de la Cueva, sino que se le indemnizase, por daños y perjuicios, con el cien por cien de los ingresos obtenidos por la venta de entradas, desde que formuló el requerimiento hasta la efectiva entrega del espacio, más los intereses legales.

Desde los años 60 del pasado siglo existía un acuerdo entre ambas instituciones para la explotación turística de la Cueva de los Verdes. En 1969 se había fijado un canon que el Cabildo pagaba al Ayuntamiento: primero fue una cantidad fija anual, luego un porcentaje sobre los ingresos por la venta de entradas (un cinco por ciento) y, finalmente, una combinación entre ambas fórmulas. Cuando exigió al Cabildo la devolución de la Cueva, la Corporación insular le adeudaba 914.897 euros.

El Juzgado de lo contencioso número cinco le dio la razón al Consistorio en febrero de 2015. Al año siguiente, en octubre de 2016, con Marci Acuña de alcalde y San Ginés de presidente, se llegó al primer acuerdo entre ambas instituciones. Un informe de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) reconoció que se habían ingresado 15,1 millones de euros en ese periodo de seis años entre que el Ayuntamiento exigió la entrega de la Cueva hasta que ambas instituciones llegaron a un primer acuerdo.

Entre noviembre de 2010 y octubre de 2016, Haría había recibido menos de 2,2 millones de euros en concepto de canon. La diferencia, casi 13 millones de euros, era lo que la sentencia judicial –que se convirtió en firme en abril de 2017- obliga al Cabildo a pagar a Haría. Además de los intereses, una de las claves de que el pleito vaya ahora camino del Tribunal Supremo.

“Soslayar” a la Justicia

En 2020, el Ayuntamiento de Haría traslada al Cabildo sus “dudas” acerca de que el acuerdo suscrito cuatro años antes sea compatible con la sentencia, porque no contenía “previsión alguna sobre la indemnización en concepto de daños y perjuicios” que se recogía en la condena judicial. Ninguna de las instituciones lo había presentado en el Juzgado para que le diese el visto bueno.

El departamento de Intervención de Haría, además, se mostraba crítico y concluía que no se había dado “cumplimiento” ni siquiera al acuerdo entre ambas instituciones. “El Cabildo, de forma unilateral, pretende cambiar su posición de deudor de una obligación de pago” por la de quien concede unas subvenciones, cuestionaba, al tiempo que resaltaba que el erario público municipal había “podido sufrir un daño”.

Firma del último convenio, en noviembre de 2020, entre Alfredo Villalba y Dolores Corujo.

El nuevo acuerdo suscrito por Villalba y Corujo suponía que Haría recibía 600.000 euros al año hasta 2023, desde 2024 a 2033 un millón por ejercicio y, en 2034, otros 514.000 euros. Para “favorecer el consenso entre ambas entidades y su pronta solución”, se dejaba claro que Haría no exigiría “los intereses legales que se hubieran podido generar”.

Con el nuevo documento firmado –en el pleno de Haría salió adelante con dificultades, con los concejales de CC dividiéndose entre los que votaron a favor, en contra y se abstuvieron- las dos instituciones fueron al Juzgado para homologarlo, pero sin éxito.

Haría debe recibir 12,9 millones de euros más los intereses, que están por cuantificar

En diciembre de 2020, el Juzgado rechazó esa petición y apuntó que con el nuevo acuerdo se pretendía “soslayar el mandato judicial de abono al Ayuntamiento de Haría de los intereses legales de la cantidad a satisfacer al mismo en concepto de indemnización por daños y perjuicios”.

Entonces, el Cabildo recurrió en apelación al TSJC que, en una sentencia a la que ha tenido Diario de Lanzarote, tampoco da la razón a la institución insular. Con los cambios en la alcaldía que ha sufrido el Ayuntamiento en el último mandato, la postura del gobierno municipal en el procedimiento también ha variado y el Consistorio se opuso al recurso del Cabildo. De hecho, el Ayuntamiento ha declarado la “lesividad” del acuerdo con la Corporación insular sobre la Cueva de los Verdes.

El tribunal señala que “resulta artificioso” el “argumento” del Cabildo de que el nuevo acuerdo suscrito por Villalba y Corujo “no excluyó” el pago de intereses, “tratando de desvincular” esa modificación de las condiciones de la ejecución de la sentencia inicial que dio la razón a Haría.

“Basta con la mera lectura del acuerdo alcanzado para comprobar” que el objetivo era fijar la indemnización a Haría y que “en la misma se pactó una expresa renuncia a los intereses legales a cuyo abono también fue condenado el Cabildo”.

“No es discutido que las partes puedan pactar una renuncia a los intereses, pero lo que objeta el auto impugnado [del Juzgado, ratificado por el TSJC] es que con dicha renuncia se está inejecutando el fallo de la sentencia”, añade el tribunal, que concluye que no se puede dejar de cumplir con una parte de la condena.