El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este lunes que el responsable político de la Guardia Civil en 2017, José Manuel Holgado, ordenó paralizar la investigación que Asuntos Internos del instituto armado estaba desarrollando sobre el denominado caso Cuarteles.

Marlaska ha comparecido, a petición propia, en la Comisión de Interior del Congreso para explicar el desarrollo de las investigaciones que se iniciaron en 2016 en torno a las presuntas irregularidades en obras y reformas de cuarteles y que, según ha dicho, se reactivaron cuando ya el PSOE estaba en la Moncloa.

“Sí, señorías, es un caso de corrupción que afecta al PP. Uno más”, ha enfatizado el ministro del Interior, quien ha contrapuesto el “alto compromiso ético” del gobierno socialista con comportamientos “de brocha gorda” por parte de “aquellos que más tienen que callar”.

El titular de Interior ha querido hacer una cronología de las pesquisas del caso que se iniciaron cuando en 2016 la unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil tuvo conocimiento de que la adjudicación de contratos de obras en instalaciones del cuerpo a un empresario -Ángel Ramón Tejera de León, alias Mon, aunque no lo ha nombrado- se había incrementado, con una facturación de 2,11 millones de euros.

De hecho, pasaron de tres adjudicaciones en 2014 a cuatro al año siguiente y a nueve en 2016, para obras que, según Asuntos Internos, habrían experimentado “un inusual y considerable coste en su facturación”.

Y este mismo empresario, ha añadido Marlaska, constituyó de forma paralela tres sociedades que también fueron adjudicatarias de contratos con la Guardia Civil por importe de 2,07 millones en comandancias de diez provincias. Solo una de estas empresas estaba registrada en el sector de la construcción.

En abril de 2017 el entonces director adjunto operativo de la Guardia Civil, el teniente general Pablo Martín, recibió un informe de Asuntos Internos para que se remitiera a la Fiscalía “por las graves irregularidades detectadas y los indicios de delito”.

Fue en ese momento cuando, según Marlaska, empezaron “las graves anomalías”, ya que se decidió que fuera el mando de apoyo, el teniente Pedro Vázquez Jarava, imputado en el caso, quien respondiese al informe de Asuntos Internos y pidió que no fuera remitido a la Fiscalía.

Ha querido el ministro detenerse en este punto para recordar que Jarava fue ascendido en tan solo ocho meses a teniente general por parte del Gobierno de Mariano Rajoy. “Creo que es la carrera más meteórica en la historia del cuerpo”, ha enfatizado.

Marlaska ha vuelto al relato de los hechos y ha aseverado que en diciembre de 2017 Holgado emitió una resolución “inédita e impresentable” en la que ordenó el archivo de las actuaciones por “no ser necesarios nuevos elementos de juicio”.

“Es decir, dicho de forma muy rápida, pero muy clara porque es gravísimo: el responsable político de la Guardia Civil ordena paralizar una investigación de Asuntos Internos”, ha recalcado.

Reactivada la investigación

Según el ministro, en pleno debate de la moción de censura de mayo de 2018, Asuntos Internos recibió un escrito anónimo que daba cuenta de un conjunto de irregularidades en contrataciones en la comandancia de Ávila.

Los juzgados de Ávila iniciaron diligencias y ya en abril de 2019 conocieron el atestado de Asuntos Internos en el que se citada al entonces jefe de la comandancia de esta provincia, Carlos Alonso, también investigado en el caso, por la adjudicación de 27 obras.

Las diligencias judiciales se prolongan hasta noviembre de 2020, cuando diversos mandos declaran que las contrataciones se hacían con el empresario Mon a instancias de Vázquez Jarava, que se beneficiaba presuntamente de viajes y hoteles sufragados por el contratista.

Marlaska ha recordado que este mismo mes han salido a la luz informaciones que vinculan a Mon con el caso Mediador, en el que se investigan presuntas mordidas de empresarios al exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, y a un general de la Guardia Civil, relacionado también con Vázquez Jarava.

“Es un caso, uno más de tantos casos de corrupción que se dan con el PP en el Gobierno y sus responsables en el Ministerio del Interior”, ha dicho Marlaska antes de definir el periodo de 2011- 2018, cuando gobernaba Rajoy, como un ejemplo de “mal gobierno” y de una gestión que ha resumido en tres palabras “autoritarismo, corrupción y chapuza”.

Durante su intervención ha sacado a relucir la denominada “policía patriótica” y el espionaje a periodistas con la finalidad de “influir en su labor de investigación” en torno a informaciones sobre escándalos del PP, ejemplos de “gravísimos ataques” al funcionamiento de la democracia, ha zanjado Marlaska.

Ha asegurado que el PP tuvo en la corrupción su «cooperador necesario», que en un momento de crisis empleó de forma “inmoral” los fondos reservados y que no dudó en utilizar a agentes de las fuerzas de seguridad para labores relacionadas “con tapar sus escándalos de corrupción”.

“Ni todos los trucos de magia habrán sido capaces de hacernos olvidar que el caso Cuarteles es un caso que se da bajo gobiernos del PP”. Así ha concluido Marlaska no sin antes reiterar que si está en los juzgados es “porque este Gobierno no paraliza las investigaciones”.