El Juzgado de Instrucción número 1 de Arrecife ordenó el pasado 25 de abril la busca, captura y detención de la ciudadana inglesa Theresa Carol Arcari, acusada de una estafa inmobiliaria y que se tenía que haber presentado a numerosas citaciones para firmar en el Juzgado por un caso en el que la Fiscalía de Las Palmas le solicita una pena de seis años de prisión.

La causa se inició por un presunto delito de apropiación indebida y estafa. La encausada se encontraba en situación de libertad provisional pero no ha acudido a las sucesivas citaciones en el Juzgado y ni siquiera se le ha llegado a comunicar el escrito de acusación.

Tampoco hay fecha para la vista, aunque ya se abrió el juicio oral. Cuando tuvo ocasión de declarar, la acusada no contestó a ninguna de las preguntas.

El Juzgado ha podido comprobar que se ha ausentado del domicilio que señaló para esta causa.

La acusación particular había solicitado en varias ocasiones al Juzgado que se le retirara el pasaporte y se le embargaran los bienes o se impusiera una fianza para evitar su fuga, pero no se tomaron esas medidas. En una ocasión alegó que tenía Covid para no asistir a la citación.

La falta de medidas cautelares fue recurrida ante la Audiencia Provincial de Las Palmas, que tampoco estimó oportuno dictarlas.

La juez del Juzgado de instrucción número 1, que ha retomado el caso que antes llevaba el Juzgado número 2, ha acordado finalmente su detención y en caso de que no acuda en un plazo de 10 días será declarada en rebeldía. El auto de busca y captura se comunica al director general de la Policía y de la Guardia Civil.

En este caso, la Fiscalía solicita una pena de seis años de cárcel, una multa de 5.500 euros y la devolución del dinero (más de 67.000 euros) por apropiación indebida, para esta agente inmobiliaria británica, que trabaja en Lanzarote y en Tenerife.

Se le acusa de quedarse con el dinero de la venta de un inmueble en Órzola. Los hechos se remontan a mayo de 2009. Una vecina de Órzola, propietaria de un apartamento, contactó con ella para ponerlo a la venta. La acusada, que se iba a encargar de todas las gestiones de la transacción, puso el anuncio en la página web myplaceinlanza. com, que ya está inactiva.

En este caso, la Fiscalía solicita una pena de seis años de cárcel, una multa de 5.500 euros y la devolución de 67.000 euros

Otra ciudadana británica, interesada en el inmueble, contactó con ella por teléfono y realizó hasta tres transferencias por un valor de 67.000 euros a una cuenta corriente que le facilitó la acusada.

La afectada le otorgó un poder especial en una notaría de Arrecife para realizar todas las gestiones inherentes a la compra “sin que en ningún momento la acusada tuviese intención alguna de perfeccionar la compraventa de dicho inmueble o devolverle las cantidades de dinero por ella transferidas, incorporando las mismas a su patrimonio, ocasionándole a esta el consiguiente agravio económico”, señala la Fiscalía.

Después de aquellos hechos, la acusada siguió con la compraventa de casas, operando desde otro portal web con un nombre similar al anterior. Se dedica a la compraventa y la gestión de todos los trámites, incluso la solicitud de licencias ante la administración. En algunos grupos de Facebook destinados a británicos en Canarias aparece recomendada por ciertos usuarios para llevar a cabo estas gestiones.