La titular del Juzgado número 5 de Arrecife, Silvia Muñoz, ha dictado un auto en el que acuerda el sobreseimiento provisional de las imputaciones contra 17 personas que fueron investigadas en el marco del caso Unión.

El pasado 24 de julio la Fiscalía solicitó al Juzgado el archivo de estas imputaciones y ahora la jueza las ha aceptado. La decisión se adopta sobre la denominada pieza 12 del caso Unión, centrada en la investigación sobre “la presunta exigencia de comisiones ilegales por parte de cargos y ex cargos públicos de distintas administraciones locales de Lanzarote”.

Con este auto, la instructora del caso Unión archiva las imputaciones de Segundo Rodríguez, ex vicepresidente del Cabildo con el PSOE; de Joel Delgado, concejal del PP en Arrecife; Celso Betancort, ex concejal del PIL en la capital con el PIL, así como de Dayrán Muñoz y Alfredo Rodríguez, vinculados a la formación insularista.

Además, se ha dictado el sobreseimiento de las imputaciones de los empresarios Demetrio Rodríguez (Lanzagrava), José Luis Betancort (antiguo propietario de TorresCL), Fermín Curbelo (Curbelanz), Ginés Parrilla, Juan Jesús Acuña, Pedro Rodríguez (Naos Iluminación), Jorge Álvarez (Clusa), Manuel Arbelo (Tinguatón Ferreterías) y María José García.

El archivo de las actuaciones, aceptada en el auto dictado el 21 de octubre por la jueza Silvia Muñoz se extiende a los arquitectos Carlos Morales, Víctor Sánchez y José María Pérez. En todos los casos, el sobreseimiento se adopta por la ausencia de material probatorio que permita la posibilidad de sentarlos en el banquillo de los acusados.

Cada uno de los casos

Segundo Rodríguez y Jorge Álvarez. Los indicios que había sobre ambos se basaban en el pago de la empresa Clusa  de un sobre en el aeropuerto con 6.000 euros a Matías Curbelo y Segundo Rodríguez. Según la declaración de Curbelo, se trataba de un préstamo de un dinero que utilizaron para viaja a Cuba por una buena relación entre ambos y no de una comisión ilícita.

En el auto se resaltan “las relaciones entre el empresario y Dimas Martín orientadas para conseguir postularse para la concesión del servicio de recogida de basuras en el Ayuntamiento der Yaiza, contrato que finalmente tampoco se concluyó".

Dayrán Muñoz y Fermín Curbelo. El primero, según los investigadores, sería un conseguidor de comisiones, como miembro delas juventudes del PIL y el segundo un empresario que iba  supuestamente a pagar una comisión a cambio de la concesión de una licencia para unos terrenos en Argana Alta. Sin embrago, no se acordó pago alguno más allá de meras insinuaciones de Dayrán Muñoz.

Alfredo Rodríguez. Recogió la comisión de 95.000 euros en ‘La Tavernetta’ pero no existen indicios de que conociera el contenido del sobre. Matías Curbelo declaró que no sabía nada del negocio y que era un mero recadero. Falleció durante el transcurso de la instrucción del caso.

Celso Betancort. Matías Curbelo habría falseado las cuentas del PIL por orden de Dimas Martín y Celso Betancort, cuando este era presidente del PIL, pero para acreditar la participación de Betancort tan sólo se cuenta con el testimonio de Martías Curbelo y ninguna otra fuente probatoria.

Demetrio Rodríguez. Administrador de Lanzagrava. Se investigaba si pagó una comisión de 9.000 euros exigida por Dimas para que adjudicaran obras en Arrecife del Plan de Barrios a su empresa, pero tampoco se han logrado más pruebas más allá de la declaración de Curbelo.

José Luis Betancort, ex administrador de Torres CL. Se encuentra en la misma situación que Demetrio Rodríguez. Se investigó si tenía información privilegiada por parte de Rafael Arrocha, jefe de la Oficina Técnica, y Elena Martín, jefa de Contratación del Ayuntamiento e hija de Dimas, para conseguir las obras del Plan E, pero no hay documentación que sostenga esa acusación.

María José García. De la empresa Opciones Creativas. Se investigó si había pagado una comisión para poder cobrar unas facturas que le debía a su empresa el Ayuntamiento d Arrecife. No hay indicios del pago de comisión alguna y señala la juez que se trataba de una hipótesis basada en el ‘modus operandi’ (de Dimas Martín). Tanto Dimas Martín como Matías Curbelo declararon que en la reunión que se produjo no se habló nunca de facturas.

Juan Jesús Acuña, Pedro Rodríguez y Manuel Arbelo, de Herederos de Juan Acuña, Naos Iluminación y Ferreterías Tinguatón, respectivamete.  Matías Curbelo declaró que los dos primeros habían pagado cantidades mensuales al PIL de forma regular durante 2007, poro de la pericial, del análisis de la contabilidad del partido no hay más indicios que esa declaración de Curbelo, ni tampoco que se produjera ningún favor administrativo. En el caso de Manuel Arbelo tampoco hay más indicios.

Ginés Parrilla Había indicios del pago de comisiones ilegales para la financiación del PIL pero no se han podido acreditar dichos pagos.

Joel Delgado. De las conversaciones pinchadas se deducía un posible trato de favor para que se contratara a su madre en el Ayuntamiento como traductora de inglés a pesar de no estar preparada para el puesto, pero el contrato no se llegó a hacer.

Carlos Morales, Víctor Sánchez y José María Pérez. Fueron imputados porque, según instrucciones de Dimas Martín, el Ayuntamiento de Arrecife, cuyo concejal de Urbanismo era Ubaldo Becerra, iba  adjudicar sin procedimiento reglado la redacción del Plan General de Arrecife a los tres arquitectos, pero ocultos tras el nombre de otro arquitecto que firmaría el planeamiento.

No obstante, según los arquitectos el proyecto consistía en plasmar en un documento ideas arquitectónicas para el futuro Arrecife, sirviendo el documento como guía para el futuro Plan General. Según el auto judicial, el hecho de que se generara una minuta avala la tesis de los imputados, ya que descarta que el pago se fuera  a hacer por la adjudicación fraudulenta del Plan General.

Aunque por la declaración de Ubaldo Becerra sí parecía que los contactos estaban encaminados a la adjudicación del Plan General, si bien se quedó en una mera ideación no punible, según el Juzgado. Los planes de Dimas Martín de adjudicar el Plan a un arquitecto "de paja" no tienen por qué coincidir con que los citados profesionales lo supieran, concluye el auto del Juzgado número 5.