TRIBUNALES

El juicio de la desaladora se celebra pese al intento de las defensas de que se anulase

San Ginés no responde a las preguntas de la Fiscalía ni de la acusación popular

Foto: Adriel Perdomo/EFE.
Saúl García 0 COMENTARIOS 16/11/2020 - 18:20

El juicio por la incautación de la desaladora de la empresa Club Lanzarote en 2014, por orden del entonces presidente del Consejo Insular de Aguas, Pedro San Ginés, arrancó este lunes pese al intento de las defensas de los acusados de que ni siquiera comenzase.

La jueza María Luisa Moreno, responsable del Juzgado de lo Penal número 3 de Arrecife, decidió seguir adelante con la vista oral, rechazando la intención de las defensas de que se archivase este mismo lunes, y postergó a la sentencia su respuesta sobre las cuestiones previas planteadas.

Los abogados defensores de San Ginés, de Francisco Perdomo, exsecretario del Cabildo, y de José Juan Hernández Duchemín, exgerente del Consejo Insular de Aguas, expusieron como cuestión previa que el juicio no debía celebrarse con el argumento de que no existía una acusación debidamente constituida.

La acusación popular la representa la abogada Nora Ferrer en nombre de Carlos Meca y Pablo Ramírez, exconsejeros de Podemos en el Cabildo durante el pasado mandato. Las defensas alegaron que la acusación la inició el grupo de Podemos en el Cabildo, pero que después la acusación la ejercen estas dos personas a título particular.

Así, los abogados defensores insistieron en pedir la nulidad de la apertura del juicio oral, algo que ya desestimado el propio Juzgado instructor y la Audiencia Provincial de Las Palmas.

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La fiscal Celia Asensio recordó que esta cuestión ya quedó resuelta porque, desde el primer momento, la acusación popular la ejercieron  personas físicas. En la misma línea, Ferrer subrayó que eso ya lo reconoció el Juzgado en 2015 y que no fue recurrido.

La letrada de Carlos Meca y Pablo Ramírez alegó que la legitimación de estas personas nace de que el delito de prevaricación afecta al Estado de Derecho, por lo que afecta a toda la sociedad.

Pese a no presentar en su momento escrito de acusación provisional, la fiscal Celia Asensio sí que interrogó a los acusados, aunque Pedro San Ginés advirtió de que no iba contestar a sus preguntas.

Otra de las objeciones de las defensas fue que el escrito de acusación, en su opinión, se habría presentado fuera de plazo, pero Ferrer destacó que el Juzgado concedió una prórroga porque solo habían contado con diez días para acusar. Además, la letrada recordó que la defensa de San Ginés había tenido dos meses la causa en su poder.

La Fiscalía respaldó que el escrito de la acusación popular se había presentado en tiempo y destacó que todas esas objeciones ya habían sido resueltas antes del juicio.

Por otra parte, la fiscal destacó que la acusación particular, que ejercía la empresa Club Lanzarote, que presentó la querella, ni pidió el archivo de la causa ni la absolución de los acusados, sino que solo manifestó su falta de interés en el procedimiento.

Declararán los catedráticos

Las defensas de los acusados intentaron que no declarasen en el juicio, en calidad de peritos, los catedráticos Luciano Parejo y Germán Fernández Farreres, ambos especialistas en Derecho Administrativo, que emitieron informes periciales a instancias de Club Lanzarote.

Ambos catedráticos, de la Universidad Carlos III y de la Universidad Complutense, respectivamente, dictaminaron sobre la ilegalidad de la incautación de la planta desaladora sin orden judicial que la avalase.

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Sin embargo, la jueza rechazó la pretensión de las defensas y avaló el criterio de la acusación popular de que declarasen en la vista oral puesto que habían emitido sus informes periciales en el marco de la instrucción penal.

Por otro lado, el abogado Ignacio Calatayud, asesor del expresidente del Cabildo, declarará en condición de testigo, con la obligación de decir verdad, y no como testigo-perito, como reclamaron las defensas de Hernández Duchemín y Perdomo.

San Ginés solo responde a su abogado

Ninguno de los tres acusados quiso responder a las preguntas de la acusación popular pero dos de ellos sí respondieron a la Fiscalía. Pedro San Ginés no lo hizo pero a pesar de no responder de manera directa, durante el interrogatorio de su propio abogado, José María Calero, se dirigió en varias ocasiones a la abogada de la acusación, llamándole “señora letrada”, para contestarle las preguntas anteriores que había formulado la acusación popular. Su abogado le instó a que se dirigiera a la jueza, María Luisa Moreno, y no a la abogada.

San Ginés también le dijo a su propio abogado cuando había transcurrido tiempo de su interrogatorio: “Hasta ahora no me ha hecho una pregunta fundamental”, y comenzó a responder sin que le hubieran preguntado. En otra pregunta le respondió a su letrado: “Eso es fácil de entender, señor letrado”.

Cuando acabó su declaración, San Ginés se dirigió a la puerta de salida para abandonar la sala pero la juez le advirtió de que no podía dejar la sala hasta que no terminara la vista.

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