El informe técnico del gerente del Consorcio del Agua de Lanzarote, Fernando Fernández Pinazo, para justificar el secuestro del servicio a Canal Gestión, traslada su “máxima preocupación” por el estado de la prestación del ciclo integral del agua y atribuye a Canal Gestión incumplimientos reiterados en la concesión.

El documento propone la apertura y tramitación de un expediente para la adopción de la medida de intervención temporal del servicio, que está previsto que se adopte este lunes en la asamblea del Consorcio, al considerar que concurre una “perturbación grave del servicio” y que las medidas ordinarias han resultado insuficientes para restablecer la normalidad.

El informe sostiene que las deficiencias afectan de forma simultánea a la desalación, la distribución, el saneamiento, la depuración y la reutilización, y vincula esa situación a incumplimientos contractuales relativos al mantenimiento, la organización de medios, la gestión de infraestructuras críticas y la continuidad del suministro.

En el apartado dedicado a la desalación, el Consorcio indica que los dos complejos existentes, la central Díaz Rijo y la de Janubio, presentan “problemas de operación continuados” a los que, según el informe, no se da “solución diligente”, lo que genera una situación de “máxima precariedad” en la producción.

Sobre la central Díaz Rijo, el informe recoge que presenta una alta tasa de incidencias de paradas en diversos módulos y afirma que el Consorcio no dispone de información detallada sobre esas incidencias porque la concesionaria no informa “de forma propositiva”.

En la central desaladora Díaz Rijo se ha tenido constancia de más de 20 paradas de producción en los últimos tres meses

Según el documento, solo a través del sistema de avisos del centro de control se ha tenido constancia de más de 20 paradas de producción en los últimos tres meses, con una interrupción acumulada de no menos de 1.200 horas.

También se añade que la desaladora Lanzarote IV, la de mayor producción del complejo de Díaz Rijo, se encuentra con acceso restringido desde hace varios meses por un informe negativo del Servicio de Prevención de Riesgos de la empresa debido a problemas de mantenimiento de los equipos a presión, lo que, según el informe, impide realizar labores de control y mantenimiento preventivo.

Con respecto a Janubio, el informe señala que opera al 66 por ciento de su capacidad desde principios de año por la avería de un grupo de impulsión en uno de los tres pozos de captación de agua de mar.

Añade que la planta no dispone de equipo de reserva para esa posición y que la reparación de “un equipo standard de esta naturaleza que pudiera realizarse en semanas, va para tres meses sin solución”.

Cortes de agua por sistema

En distribución, el Consorcio afirma que el mal estado de conservación de las redes ha llevado a un nivel de pérdidas “desorbitado”, con un índice de agua no registrada superior al 55 por ciento, y sostiene que la concesionaria no ha logrado reducirlo en trece años de servicio.

La planta de Janubio opera al 66% de su capacidad desde principios de año por la avería de un grupo de impulsión en uno de los tres pozos de captación

El informe añade que la plantilla destinada al control de fugas, compuesta por cuatro operarios, se ha reducido en un 50 por ciento en los últimos tiempos, lo que, según el documento, hace “del todo imposible su labor efectiva”.

A partir de ese nivel de pérdidas y del límite de producción de las desaladoras disponibles, el documento señala que el sistema ha recurrido a la implantación de cortes periódicos recurrentes “uno o varios días a la semana” en un gran número de núcleos, y sostiene que esa programación se ha “consolidado” como parte del servicio de abastecimiento.

El documento incorpora un análisis de los cortes de suministro como “patrón estructural” y sostiene que no pueden interpretarse como incidencias aisladas o fortuitas, sino como “una respuesta preconcebida” ante un sistema que ha agotado su flexibilidad.

Según el Consorcio, la presencia de interrupciones frecuentes evidencia “una insuficiencia en la organización del sistema para absorber variaciones en la demanda o incidencias técnicas ordinarias” y pone de manifiesto un equilibrio “precario” en el funcionamiento del servicio.

El Consorcio añade que, a las restricciones estructurales ya existentes, se suman deficiencias en la producción que amplían de forma aleatoria e inesperada los días de corte, de modo que, según el informe, el servicio resulta “completamente imprevisible y no garantizado”.

Mal estado del saneamiento

En saneamiento, el documento indica que el sistema presenta una situación estructural ajustada, agravada por incidencias recurrentes en puntos críticos de la red, principalmente estaciones de bombeo de aguas residuales, por el mal estado de conservación y mantenimiento de las instalaciones.

Según el informe, se producen “situaciones recurrentes de desbordamientos” en numerosos puntos a la menor incidencia operativa, la mayoría de las veces en tiempo seco. Entre las localizaciones citadas figuran la EBAR Playa Blanca, la EBAR intermedia de Puerto del Carmen, la EBAR Costa Teguise, la EBAR intermedia de Arrecife y la EBAR Portugal.

El Consorcio admite la implantación de un sistema de cortes periódicos recurrentes “uno o varios días a la semana” en un gran número de núcleos

En depuración, el Consorcio sostiene que el resultado del tratamiento en las estaciones depuradoras de aguas residuales es “habitualmente insuficiente para alcanzar los parámetros de calidad exigidos por la normativa”, y recuerda que el Consejo Insular de Aguas de Lanzarote ha abierto varios expedientes a la concesionaria e incluso ha sancionado a la empresa.

El informe añade que esa situación se traduce en la imposibilidad de producir agua con calidad para reutilización, lo que ha provocado desabastecimiento de los regantes en varios periodos de los últimos meses.

Entre los ejemplos recogidos, el informe señala que la EDAR de Playa Blanca recibe denuncias por olores, atribuidos a la insuficiente capacidad de oxigenación de los reactores biológicos y a la mala gestión de los fangos, mientras que en la EDAR de Tías se describen problemas recurrentes de continuidad en el tratamiento vinculados al bajo mantenimiento.

Sobre reutilización, el informe afirma que el volumen de agua tratada ha disminuido a menos de la mitad, lo que, según el texto, ha perjudicado gravemente a los usuarios de reutilización y supone “un incumplimiento funcional del servicio”.

Falta de información de Canal

En el apartado dedicado a la capacidad de respuesta de la concesionaria, el informe sostiene que la perturbación grave “no puede entenderse como una simple disminución de la calidad de la prestación o como una sucesión de incidencias puntuales o inconexas”, sino como “una situación estructural de alteración del funcionamiento ordinario del ciclo integral del agua”.

El informe recoge que los incumplimientos esenciales ya habían sido advertidos al menos desde agosto de 2024 y que, tras requerimientos posteriores, la situación “no solo no se corrigió”, sino que “ha seguido agravándose”.

En depuración, el tratamiento de aguas residuales es “habitualmente insuficiente para alcanzar los parámetros de calidad exigidos por la normativa”

El informe también hace referencia a la falta de información trasladada por Canal Gestión al Consorcio y considera insuficiente el sistema de avisos automatizados del Centro de Control de Incidencias por su carácter “telegráfico”, al no detallar causas, alcance, actuaciones en curso o previsión de resolución.

En materia de recursos humanos, el documento apunta a “graves deficiencias en la estructuración y gestión de los recursos humanos y técnicos de la empresa”, con insuficiencia de personal operativo en determinadas áreas, dificultades para ejecutar tareas de mantenimiento y limitaciones en la capacidad de respuesta ante incidencias.

Asimismo, añade que la situación laboral de la plantilla presenta “una percepción muy negativa” según informes psicosociales realizados por la propia empresa, y vincula la elevada tasa de bajas laborales y la insuficiencia estructural de plantilla con un “déficit operativo” que afecta a varias dimensiones del servicio.

En sus conclusiones, el Consorcio sostiene que la conducta del concesionario y el modo en que viene prestando el servicio constituyen la causa de la grave perturbación, el deficiente funcionamiento y el empeoramiento progresivo del sistema.

Los números del secuestro

Por ello, el informe considera que concurren los presupuestos del pliego para intervenir el servicio y plantea una medida temporal con una duración inicial de seis meses, prorrogable hasta los límites previstos en el contrato.

Se estima un coste adicional de intervención de un millón de euros, desglosado en equipo interventor, auditoría técnica e inventario o plan de choque

El documento cifra en 20.613.160 euros los ingresos de explotación previstos para seis meses y en 20.161.536 euros los gastos de explotación para ese mismo periodo, con un balance de explotación de 451.624 euros.

A esa estimación añade un coste adicional de intervención de un millón de euros, desglosado en equipo interventor, auditoría técnica e inventario, plan de choque, refuerzo operativo y sistemas de control, lo que situaría el balance estimado de la intervención en 548.375 euros de números negativos.