El Gobierno de Canarias ha declarado la obligación de la empresa Club Lanzarote, promotora de la urbanización Montaña Roja, en Playa Blanca, a restituir el “beneficio ilícitamente obtenido” por la venta de agua sin autorización.

En una resolución del consejero de Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, se señala que ese beneficio se estima en casi 2,4 millones de euros. La cantidad definitiva se fijará en un procedimiento “complementario”, una vez sea “clausurada” la planta desaladora.

El Consejo de Gobierno de Canarias ya había acordado el cierre de desaladora al carecer de autorización para la venta de agua a particulares y empresas, una práctica que ha venido realizando y por la que se inició un procedimiento sancionador en septiembre del año pasado por parte del Consejo Insular de Aguas.

A raíz de ese expediente, el Ejecutivo regional sanciona a Club Lanzarote por el “incumplimiento” de las condiciones impuestas en la autorización para autoconsumo que tenía la desaladora, que ahora el Gobierno revoca, al tiempo que impone una multa de 60.000 euros.

Además, sanciona a la citada empresa con otros 60.000 euros por su “conducta” dirigida a “obtener un lucro ilegítimo” por la venta de agua, “al margen” de la planificación del sistema hidráulico de Lanzarote.

En la resolución se declara “como medida de restablecimiento de la legalidad la inmediata clausura de la desaladora” y el Gobierno señala que debe “en todo caso quedar garantizado el abastecimiento” por el Consejo Insular de Aguas.