El pasado mes de noviembre, el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, aceptó una pena de seis meses de prisión reconociendo que había cometido prevaricación en 2006 al otorgar la licencia para la construcción de la casa del arquitecto Carlos Morales en suelo rústico en Puerto Calero. La Fiscalía le pedía dos años de cárcel pero rebajó la petición al reconocer los hechos y no se llegó a celebrar la vista oral ya que Reyes era el único acusado.

El Juzgado de lo penal número 1 de Arrecife decidió suspender la condena por un plazo de tres años, por lo que Reyes no tendría que entrar en prisión. Ahora la Fiscalía ha recurrido ese auto y pide que el exalcalde entre en la cárcel.

La Fiscalía recuerda que como norma las penas privativas de libertad se deben cumplir, con tres posibles excepciones: que el condenado haya delinquido por primera vez, que la pena impuesta no sea superior a dos años y que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles, si bien subraya que depende, en todo caso, de la discrecionalidad del tribunal.

El fiscal Javier Ródenas dice que hay que tener en cuenta las circunstancias que rodean el caso para ponderar si Reyes merece este beneficio penitenciario, y que para ello, “no conviene sustraerse del contexto actual de exigencia de un plus de responsabilidad a quienes han ocupado cargos públicos utilizados para servirse del cargo para delinquir y no para servir al cargo con objetividad y sometimiento pleno a la ley”.

El fiscal considera que hay que tener en cuenta el contexto social y dice que “la percepción de impunidad en los delitos de prevaricación existe y esa percepción se agiganta si el condenado elude la pena de prisión en un automatismo burocrático limitado a una visión rutinaria de comprobar la hoja histórico penal y el límite de la pena impuesta”, así que solicita que se tengan en cuenta otros parámetros.

El fiscal Javier Ródenas señala que no se debe agigantar la sensación de impunidad en los delitos de prevaricación

Así pues, la Fiscalía recuerda que Reyes está pendiente de juicio en el caso Yate, por el que le piden hasta 25 años de prisión “por delitos graves contra la administración pública” y que además ya ha sido condenado por otro delito de prevaricación, aunque la pena fue de inhabilitación y no de prisión. A estas dos causas hay que sumar otra imputación por prevaricación por dos licencias concedidas en Playa Blanca.

“No parece lógico desde una óptica, incluso de merecimiento, de que estemos ante un servidor público que merezca disfrutar de dicho beneficio porque sus actos contradicen el espíritu y finalidad de la norma, quien ha hecho del ejercicio de su cargo de alcalde habitualmente un apartamiento del derecho que le era exigido no puede acogerse al citado beneficio”, señala la Fiscalía, que pide que se le revoque el beneficio que se le había otorgado.