La Audiencia Nacional juzga desde este lunes una pieza separada del caso Madeja, relativo al pago de comisiones ilegales a funcionarios por parte de la empresa Fitonovo a cambio de contratos públicos, investigación de la que se inhibió en 2015 la que fuera juez de los ERTE en Andalucía Mercedes Alaya.

En esta pieza, la primera que se juzga del caso Madeja o Fitonovo, son nueve de los acusados por presuntos sobornos de esta empresa a funcionarios públicos a cambio de adjudicaciones en Canarias, Extremadura y Andalucía. Se enfrentan a penas de entre 3 y 5 años de cárcel por delitos de cohecho y prevaricación.

Entre los acusados figura el apoderado de Fitonovo en Canarias Adolfo José De la Torre García, el exconsejero del Cabildo de Lanzarote Sergio Machín, el funcionario del Cabildo de Gran Canaria Ulises Pérez, y los comerciales de dos empresas relacionadas con Fitonovo, Rubens Coba y Gustavo Adolfo Gómez, para quienes la Fiscalía pide 4 años de cárcel por un delito continuado de cohecho, excepto para el último, al que pide 3 años.

También se sienta en el banquillo el que fuera jefe de la Sección de Conservación y Explotación de Carreteras de la Junta de Extremadura José María Pizarro Gómez, quien se enfrenta a la mayor petición de pena: 5 años de cárcel por cohecho y 8 años de inhabilitación por prevaricación.

Los otros tres acusados son el que fuera secretario general de la Agencia Andaluza del Agua Carlos Francisco Irigoyen, el funcionario de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía José Francisco Cazorla y el directivo de Fitonovo José María López Torrego, quienes se enfrentan a 4 años de prisión.

La Fiscalía sostiene en su escrito de conclusiones provisionales que Fitonovo creó una infraestructura tanto operativa como contable destinada a obtener contratos públicos irregulares, "habilitando la estructura comercial de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación y creando una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos".

“Impuesto revolucionario”

En el caso que ahora se juzga, la Fiscalía acusa a De la Torre de haber pagado al por entonces consejero de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote Sergio Machín determinadas dádivas, denominado internamente en la empresa como "impuesto revolucionario", por su condición de autoridad responsable del departamento donde se producía la adjudicación y dirección de la implementación de contratos que tenía adjudicados Fitonovo.

Este lunes arranca el juicio contra nueve acusados por soborno a cambio de contrataciones públicas

La facturación de la empresa con el Cabildo lanzaroteño ascendió entre los años 2004 y 2006 a cerca de 693.000 euros. Cuando el caso paso a procedimiento abreviado, el juez José de la Mata confirmó que hay indicios sólidos de que Sergio Machín habría recibido 24.000 euros en comisiones ilegales, tal y como publicó Diario de Lanzarote.

Según la instrucción judicial, la primera comisión, cobrada en noviembre de 2004, habría sido de 6.000 euros, y la segunda, en diciembre de 2005, de 18.000.

El directivo de Fitonovo informó de las comisiones  por correo a Ángel Macedo Gajete, que era el responsable de la Caja B de Fitonovo. Entre 2004 y 2006, hay dos contratos en los que intervino Machín: uno de "Servicio jardinería y limpieza de zonas de dominio público y carreteras del Cabildo Insular de Lanzarote" por importe de 175.150 euros y otro de 236.880 euros.

Según el juez instructor, Machín exigió esas cantidades a De la Torre para la adjudicación de los contratos, y éste, "tras evacuar consultas con sus superiores en la empresa, le hizo entrega de las mismas en metálico, en sendas entrevistas personales".

La entrega de estas comisiones estaría acreditada en la contabilidad de la Caja B de Fitonovo, con los correspondientes cheques emitidos y los recibos de dinero de la Caja B firmados por De la Torre.

Machín llegó a ser en los años 80 secretario insular del PSOE. Fue concejal en Teguise en 1983 y después ha sido consejero del Cabildo en varios mandatos ya en el PIL y después en CC. En el momento de los hechos que se le imputan era consejero por el PIL, pero después siguió siendo consejero hasta su detención en 2014.

Llevó áreas como Deportes, Industria, Artesanía, Residuos, Actividades clasificadas y Emergencias, pero sobre todo ha llevado el área de Vías y Obras. También fue miembro del consejo de administración de Inalsa durante varios años.

En la contabilidad B de Fitonovo hay varios indicios que probarían las comisiones: la retirada de efectivo por valor de 6.000 euros por parte de De la Torre, un documento emitido por la sociedad Naranjo y cuyo importe está destinado "como indica a pie de documento para el pago del concepto ventas Sergio Machín Obra Lanzarote", por esa misma cantidad, así como un justificante de caja del recibo correspondiente a la cantidad de 6.000 euros en concepto de "Abono extraordinario al contrato de mantenimiento del Cabildo".

Dinero en el coche y en Famara

En el caso del pago de 18.000 euros, también hay varios asientos que indicarían el pago de esa comisión, con el concepto "Ventas Lanzarote". En un correo electrónico se indica que ese pago es en concepto de "regalo" para el consejero de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote.

Además, en su declaración judicial, Adolfo de la Torre manifestó que Sergio Machín, tras una comida en un restaurante, "le dijo si podía hablar con su empresa para darle un dinero para el partido, contestándole que tenía que consultarlo".

"Tras hacer la consulta y obtener la aprobación de la empresa, y una vez que recibió el dinero, quedó con él otro día y se lo dejó en el coche, en la guantera", dice el auto. En la segunda ocasión fue otra persona, Rafael González Palomo, quien le dio el dinero en mano en un restaurante en Caleta de Famara.