El director insular de la Administración General del Estado en Lanzarote, Pedro Viera, ha asegurado que la paralización del proyecto para instalar una gasolinera en la zona de Naos fue posible gracias a un informe negativo del Ministerio del Interior.

Viera subraya que fue ese informe de la Policía Nacional, por la proximidad de la parcela a la comisaría, y no la intervención del Cabildo de Lanzarote ni del Ayuntamiento de Arrecife, lo que ha provocado el rechazo de la Autoridad Portuaria a la petición de concesión.

En ese sentido, Viera subraya que ni Cabildo ni Ayuntamiento de Arrecife presentaron alegaciones formales durante el proceso.

“Si hubiera sido por el Cabildo y por el Ayuntamiento, la gasolinera se habría instalado sin oposición alguna”, afirmó Viera, quien precisó que la actuación de ambas instituciones se limitó a la aprobación de una moción, “sin efectos prácticos”, mientras la tramitación del expediente seguía su curso administrativo.

El dirigente socialista señaló que fue la Dirección Insular de la Administración del Estado, en coordinación con la Comisaría de la Policía Nacional, la que activó los mecanismos necesarios para detener el proyecto. “Se actuó con rigor y responsabilidad, presentando alegaciones que señalaban el riesgo para la seguridad y el impacto negativo en el entorno urbano”, explicó.

La Autoridad Portuaria de Las Palmas resolvió recientemente desestimar la propuesta de instalación de la estación de servicio, una decisión que el PSOE de Lanzarote atribuye a la actuación del Estado. “La decisión confirma que cuando se actúa con responsabilidad institucional, los resultados llegan”, declaró Viera.

El PSOE de Lanzarote considera que este caso pone de relieve, una vez más, la “falta de liderazgo” de Coalición Canaria y el Partido Popular, al frente tanto del Cabildo como del Ayuntamiento de Arrecife. En palabras de Viera, “solo reaccionan cuando otros hacen el trabajo que les corresponde”.

El proyecto había generado rechazo social y político, y motivó pronunciamientos públicos de diversas entidades. Sin embargo, según la Dirección Insular del Estado, solo las alegaciones presentadas por el propio Estado y respaldadas por informes de los cuerpos de seguridad fueron consideradas en la resolución final.