El debate de un total de 304 propuestas de resolución, que no son vinculantes para el Gobierno, cerrará el jueves el Debate del estado de la Nacionalidad que abrió el martes el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, con el balance de gestión de sus primeros ocho meses al frente del Ejecutivo.

La oposición ha presentado más de 200 propuestas, siendo el Grupo de Nueva Canarias (NC) que lidera Román Rodríguez el que más orientaciones de acción futura del Gobierno ha registrado, un total de 76, para instar al gabinete de Clavijo a la implantación de una tasa turística, un pacto por el territorio o la reforma del sistema electoral.

Sin embargo, las realmente importantes, pues vienen a ser la hoja de ruta que los grupos que apoyan al Gobierno marcan al Ejecutivo en base al pacto suscrito entre ambos, son las 57 presentadas conjuntamente por el PSOE y CC. En ellas, se emplaza al gabinete a que la futura Ley del Suelo se redacte con máxima transparencia y participación y que los fondos del IGTE sirvan para financiar un plan de desarrollo y que se dedique al menos un 5 por ciento del IGTE a investigación, desarrollo tecnológico e innovación empresarial.

También piden que Canarias se ponga a disposición para una respuesta común "para el acogimiento inmediato del mayor número de refugiados sirios posible", y que defienda una respuesta comunitaria respetuosa con la legalidad y los derechos humanos.

El pacto defiende además reclamar política y jurídicamente la gestión de los aeropuertos canarios, negociar un nuevo convenio de carreteras vigente a partir de 2017 y reclamar el cumplimiento de los convenios de costas, obras hidráulicas, infraestructuras educativas e infraestructuras turísticas.

Ante una posible eventual reforma de la Constitución, incluyen el blindaje del REF y una articulación jurídica del status de Canaria como región ultraperiférica.

Asimismo, se comprometen a mantener una dotación adecuada de la Prestación Canaria de Inserción e incrementar el gasto en dependencia "en la medida de las posibilidades presupuestarias", además de reforzar la estructura administrativa del Instituto Canario de la Vivienda y que se elabore una ley que fije baremos de criterios sociales en las contrataciones públicas.

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