El Consorcio insular del agua, el Ayuntamiento de Yaiza y las entidades  de conservación de cuatro planes parciales de Playa Blanca han firmado cuatro convenios para la recepción formal de infraestructuras del ciclo integral del agua en esos planes parciales. Los acuerdos ya están firmados tanto por Pedro  San Ginés, en calidad de presidente del Consorcio insular del agua, como por Gladys Acuña como alcaldesa de Yaiza y por los cuatro representantes de las entidades de conservación o las juntas de compensación de San Marcial del Rubicón, Las Coloradas, Costa Papagayo y Castillo del Águila.

El coste total de las obras es de 1.263.331 euros, y se pagarán al cincuenta por ciento entre el Consorcio y los planes parciales. Castillo del Águila aportará 73.000 euros, Las Coloradas 207.000, Costa Papagayo 278.000 (aunque le descuentan más de 60.000 como indemnización) y San Marcial del Rubicón, 71.000 euros.

En los convenios se señala que su objeto es el de conseguir “la integración definitiva de las redes de agua potable y saneamiento (…) avanzando con ello en completar la gestión del ciclo integral del agua en la localidad turística de Playa Blanca, culminar por parte de la Administración la recepción expresa de forma parcial de las obras de urbanización de los cuatro ámbitos parciales, en lo que respecta exclusivamente a las infraestructuras relativas al ciclo integral del agua y poner fin a las discrepancias e interpretaciones de la normativa urbanística y de la jurisprudencia sobre el cumplimiento de los deberes legales por parte de los propietarios, la recepción tácita de las obras de urbanización que tienen que ver con las infraestructuras relativas al ciclo integral del agua, y en definitiva el mantenimiento de dichas infraestructuras”.

Los convenios que han salido a información pública no se acompañan de informes jurídicos pero sí hay cuatro anteproyectos de las obras e inversiones a realizar en cada plan parcial, hechos por Canal Gestión Lanzarote. También se señala que el Ayuntamiento de Yaiza no realizará la recepción de ninguna infraestructura o servicio dependiente del ciclo integral del agua, como por ejemplo, los jardines, hasta tanto no se proceda al pago por parte de la entidad urbanística del importe que le corresponde.

Los dueños de los planes parciales alegan que ya hay una recepción tácita de la urbanización y que el planeamiento actual (el Plan General de Yaiza aprobado en 2014) no contempla que estén pendientes obras de urbanización relativas al abastecimiento de agua potable y saneamiento y, finalmente, que en todo caso se habría producido una recepción tácita de la urbanización, “cuando menos en relación al suministro de agua potable y saneamiento”, dado que ya se ha prestado ese servicio a los propietarios de inmuebles.

No obstante, ese Plan General obliga a los propietarios a presentar en un plazo de seis meses un proyecto complementario de urbanización para finalizar dichas obras, que los planes parciales no han presentado. La Memoria del Plan señala que las obras de urbanización se encuentran en ejecución y no distingue entre obras de agua potable o el resto de infraestructuras.

El Ayuntamiento de Yaiza ha venido otorgando, en las últimas décadas, licencias de edificación y de primera ocupación, y se considera en el texto del convenio que se ha materializado una parte del aprovechamiento lucrativo que el planeamiento otorga a los terrenos incluidos dentro del sector ordenado del plan parcial y que esas edificaciones han recibido el suministro de agua y se han conectado a la red de saneamiento.

Aportará más de 600.000 euros en Playa Blanca para la recepción formal de las infraestructuras de agua con el objetivo de poner fin a las “discrepancias” de los deberes legales por parte de los propietarios

El Cabildo, en este caso, da por buenos los argumentos de los promotores y decide aportar más de 600.000 euros para terminar las obras, además de que decide dividir la recepción de las obras de agua y saneamiento del resto de obras, cuando la recepción de los planes parciales debe ser íntegra. Lo que hacen los convenios es asumir una parte del coste de unas obras que son una carga, una obligación para los promotores. Esos planes están considerados en el nuevo Plan General como suelo urbano no consolidado, precisamente porque no han terminado las obras de urbanización.

El artículo 46 de la Ley del Suelo de Canarias, recientemente aprobada, señala que el suelo urbano “engloba los terrenos que, estando integrados legalmente o siendo susceptibles de integrarse en una trama o malla urbana, el planeamiento incluya en esta clase de suelo, mediante su clasificación, por concurrir en aquellos alguna de las condiciones siguientes: estar ya transformados por la urbanización por contar con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales, incluyendo fosas sépticas, y suministro de energía eléctrica, en condiciones de pleno servicio tanto a las edificaciones preexistentes como a las que se hayan de construir”.

Establece dos categorías, el suelo urbano consolidado, que sería el que cumple con las condiciones antes descritas y el suelo urbano no consolidado que sería el resto, como en este caso. Además, el artículo 50 habla de los deberes de las personas propietarias de suelo urbano no consolidado. En su apartado 1.C dice que “las personas propietarias de suelo urbano no consolidado tendrán los siguientes deberes: costear y, en su caso, ejecutar la urbanización”.