En la asamblea del Consorcio del Agua de Lanzarote, celebrada en la mañana de este jueves, se dio cuenta tanto del contenido de las alegaciones presentadas por Canal Gestión al expediente de rescisión del contrato de la gestión del agua como del estudio preliminar elaborado por los servicios jurídicos del Cabildo Insular, un documento que no se entregó a los alcaldes.

“El estudio jurídico preliminar no sólo responde a las alegaciones presentadas por Canal Gestión al expediente de resolución del contrato, acordado en la Asamblea del Consorcio del Agua del pasado 10 de abril, sino que mantiene los argumentos hechos públicos ya sobre los incumplimientos de obligaciones esenciales”, señaló el Consorcio en un comunicado.

"Estamos convencidos que la legalidad está de nuestra parte porque los incumplimientos de Canal Gestión se producen en obligaciones tan esenciales del contrato firmado en 2013 como no realizar las inversiones previstas o no reducir las pérdidas de agua al 30 por ciento", afirmó el presidente del Cabildo y del Consorcio del Agua, Oswaldo Betancort

“Entre los incumplimientos esenciales del contrato por parte de la entidad concesionaria no sólo figuran la reducción de pérdidas al 30 por ciento, o la inversión de 54,4 millones de euros en los primeros cuatro años, sino que tampoco se realizó un plan para la detección de fugas en la red, no se liquidaron cánones obligatorios con el Consorcio y además se subcontrataron servicios como el saneamiento que no eran delegables”, agrega el Consorcio.

"Lo que hemos presentado a todos los alcaldes es el informe preliminar de carácter jurídico y ahora estamos pendientes de la emisión de los informes técnicos que están preparando el personal del Cabildo, del Consorcio y del Consejo Insular de Aguas, para posteriormente emitir la propuesta de resolución definitiva del contrato", según ha señalado el consejero de Aguas del Cabildo, Domingo Cejas.

Alegaciones de Canal Gestión

Se señala en el informe preliminar jurídico que al contrario de lo que reclama Canal Gestión la ley no exige advertencia previa del inicio del expediente de resolución del contrato, "siendo suficiente la constatación del incumplimiento".

Tampoco, se asegura en el informe, es improcedente iniciar un nuevo procedimiento para la adjudicación de un nuevo contrato, como apunta la contratista,  puesto que "el acuerdo de inicio se fundamenta en la necesidad de garantizar la continuidad del servicio".

Sobre la ausencia de la revisión de tarifas que reclama Canal Gestión el Consorcio responde con lo recogido por la Comisión de Precios de Canarias, órgano que es quién debe autorizarlas, y que no ha dado su visto bueno a las actualizaciones precisamente, entre otros argumentos, por las elevadas pérdidas en la red.

En tal sentido, el informe del Consorcio apunta a que "la procedencia o no del derecho de revisión de tarifa está fuera del objeto del presente procedimiento administrativo, habiendo sido las distintas resoluciones administrativas recurridas en la vía contenciosa cuyo resultado no aminorarán los incumplimientos advertidos, afectando, en su caso, al procedimiento de liquidación del contrato en el supuesto de que obtuviera un pronunciamiento judicial a su favor".

Se rechaza igualmente que en el contrato del ciclo integral del agua entre Canal Gestión y el Consorcio del Agua se encuentre alguna referencia sobre la obligación de inversión por parte de ésta última entidad pública. Y se añade que Canal Gestión "confunde el principio de colaboración administrativa con una pretensión de corresponsabilidad".