La batalla por el agua en Lanzarote no cesa. El nuevo Plan Hidrológico que se está tramitando vuelve a apostar por que “la desalación de agua para abastecimiento urbano, turístico y usos complementarios, industriales y agrícolas” quede “reservada” y corresponda “exclusivamente al Consorcio del Agua de Lanzarote”, organismo formado por el Cabildo y los siete ayuntamientos.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) sentenció hace tres años que imponer un monopolio del agua vulneraba principios “constitucionales”.

La nueva normativa mantiene la filosofía del Plan Hidrológico que fue anulado por los tribunales, en el sentido de que se solo se podrían autorizar desaladoras por la iniciativa privada “cuando el Consorcio no pueda garantizar el suministro de agua para el autoconsumo”.

La disputa legal que ha enfrentado a los últimos años a la patronal turística Asolan con el Cabildo de Lanzarote, que tanto antes con Pedro San Ginés (CC) como ahora con Dolores Corujo (PSOE), ha defendido que es preferible mantener el control del agua en manos públicas para que los hoteles tengan que comprar el agua y no autoabastecerse, va camino de recrudecerse.

A Susana Pérez, presidenta de la organización empresarial, se le ponen “los pelos de punta” al comprobar que el nuevo Plan Hidrológico mantiene el mismo criterio de impedir las desaladoras privadas y esgrime las “sentencias firmes” que, considera, deberían haber zanjado el debate. “Se van a volver a repetir los mismos errores”, afirma, al tiempo que enarbola la “queja por esta inseguridad jurídica”.

En la Isla, al margen de las plantas desaladoras públicas, explotadas en concesión del Consorcio por la empresa Canal de Isabel II, hay medio centenar de instalaciones privadas. En un censo presentado hace cuatro años, cuando el Consejo Insular de Aguas acordó iniciar los trámites para su clausura, se incluyeron un total de 48 plantas.

Se llegaron a iniciar expedientes sancionadores contra un primer grupo de 16 desaladoras privadas con la finalidad de cerrarlas. Entre ellas, las del Barceló Costa Teguise, el Sands Beach, el Hotel San Antonio, el Hotel Gran Castillo o La Santa Sport.

Con posterioridad, se anuló judicialmente el Plan Hidrológico y la normativa que se aprobó en 2019 ya contemplaba las desaladoras privadas con “condicionantes”. Ahora se vuelve a intentar recoger en la normativa la exclusividad de la gestión pública. Esa ha sido, señala la consejera de Medio Ambiente del Cabildo, Ariagona González, la “única directriz política” en la elaboración del nuevo Plan Hidrológico.

González dice que no es una “decisión caprichosa” sino que se pretende “reafirmar el carácter público de la gestión del agua”. Al contrario, los hoteleros entienden que lo que se persigue es que tengan que pagar la tarifa turística que cobra Canal, la más cara, y que a la empresa madrileña le salgan los números en Lanzarote.

Susana Pérez exigió en el último Consejo de la Reserva de la Biosfera que se cumplieran las sentencias y se concedieran las licencias solicitadas para las plantas privadas. El organismo que tiene que hacerlo es el Consejo Insular de Aguas, cuyas competencias fueron transferidas hace 12 meses al Gobierno regional.

Sin embargo, el Ejecutivo no las ha asumido de manera efectiva. “Conceder licencias –se escudó González- podría suponer formalmente incumplir el contrato de concesión con Canal Gestión”, que cuando optó a explotar el agua en Lanzarote lo hizo cuando regía el monopolio público.