El pleno del Consejo regulador de la denominación de origen del vino de Lanzarote ha quedado disuelto este lunes ante la negativa a tomar posesión de los dos viticultores suplentes que quedaban tras la dimisión del resto de la plancha.

Así, ni Miguel Ángel López ni Agustín Márquez, que eran suplentes de la lista de los viticultores han aceptado tomar posesión. El director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), Alfonso López, explicó que el pleno se disuelve, se designará una gestora y habrá nuevas elecciones en tres meses.

El pleno del Consejo regulador está compuesto por cuatro viticultores, cuatro bodegueros y un representante del ICCA, que depende del Gobierno de Canarias. Al incorporarse los dos viticultores citados, López destaca que “un sector no estaba representado” y era inviable el funcionamiento del organismo.

Ahora será el ICCA el que asuma la tutela del Consejo regulador y será el propio López el que ejerza la función de representación del organismo, que agrupa a viticultores y bodegueros. López explicó que se continuará con acciones de promoción ya pactadas como la ‘Wine Run’ o Sonidos Líquidos.

Para el director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, a esta situación se ha llegado por la existencia de “desavenencias internas y personales” en el seno del organismo, y lamentó que “se ha perdido un año”.

Antes de la reunión, Agustín Márquez entregó un escrito a la prensa, en el que señalaba, en primer lugar que  el documento enviado por el Consejo Regulador al Cabildo para modificar el Plan de La Geria no fue aprobado en pleno por el propio Consejo y “ha caído como un rayo en cielo sereno”.

Documentación exigida

El vocal suplente puso como condición previa “e innegociable” para tomar posesión de su cargo que se le entregase la documentación firmada por los anteriores responsables del Consejo del balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias de los últimos ejercicios, los impuestos que se han abonado, los depósitos de cuentas en el Registro, la situación real de la deuda o el inventario de bienes, derechos y obligaciones.

Fuentes del Consejo señalaban que se han realizado dos auditorías, una de ellas hecha por el Consejo regulador y otra por una consultora, de las cuentas de 2012 y 2013, aunque las últimas todavía no se han aprobado en el pleno del Consejo. También señalaban que no está claro que el Consejo tenga que depositar las cuentas en el Registro porque no es una empresa.