El Cabildo de Lanzarote ha informado este miércoles de la apertura de un expediente para ‘secuestrar’ el servicio del ciclo integral del agua en la Isla, una decisión adoptada el pasado 1 de abril, según consta en la providencia de Oswaldo Betancort firmada tras un informe técnico del mismo día del Consorcio del Agua.

El anuncio se produce una semana después de la adopción de la medida y dos días después de que el propio Consorcio comunicara, este pasado lunes, que continuaba con el procedimiento para resolver el contrato con la concesionaria Canal Gestión tras fracasar las negociaciones para una cesión a otras empresas.

Según la providencia del 1 de abril, el presidente del Consorcio, Oswaldo Betancort, acordó iniciar la tramitación de un expediente para la posible intervención temporal del servicio de abastecimiento, saneamiento y reutilización del agua en Lanzarote y La Graciosa, actualmente gestionado por Canal Gestión Lanzarote.

El documento se basa en un informe técnico-administrativo del director gerente del Consorcio que concluye que “concurren de forma clara los presupuestos” para adoptar esta medida, al apreciar una “perturbación grave del servicio” y “incumplimientos contractuales imputables al concesionario”.

El informe añade que estos incumplimientos “ocasionan una perturbación grave del servicio y causan lesiones a los intereses de los usuarios y del Consorcio”, así como deficiencias en la conservación de las instalaciones que ponen en riesgo la prestación.

También señala que las medidas ordinarias resultan insuficientes y que la intervención administrativa es “no solo posible, sino obligada” para garantizar la continuidad del suministro.

El expediente se basa en un informe que aprecia “perturbación grave” del servicio y deficiencias en la gestión de la concesionaria, Canal Gestión Lanzarote

El Consorcio comunicó públicamente esta decisión este miércoles 8 de abril, indicando que el expediente tiene como objetivo “restablecer la estabilidad operativa del sistema hidráulico, asegurar el suministro y corregir las disfunciones detectadas en la gestión”.

Oswaldo Betancort afirma en ese comunicado: “No podemos permitir que los incumplimientos sigan perjudicando a la ciudadanía; cuando se pone en riesgo un servicio esencial como el agua, la administración tiene la obligación de actuar con firmeza”.

La apertura de este expediente se produce en paralelo al procedimiento de resolución contractual ya iniciado contra Canal Gestión, cuya continuación fue anunciada el lunes tras no prosperar las negociaciones para la cesión del servicio a las empresas Sacyr y Aqualia.

Según ese comunicado, el Consorcio decidió seguir adelante con la resolución del contrato tras constatar que la concesionaria no presentó un acuerdo de cesión dentro de los plazos concedidos.

Cabe destacar que Sacyr y Aqualia pidieron una subida de las tarifas del agua en un 30 por ciento, pero el Consorcio del Agua controlado por el Cabildo acordó elevar a la Comisión de Precios un incremento del 15 por ciento, por lo que las empresas hubieran tenido que asumir, de entrada, pérdidas de explotación.

Este pasado lunes anunció que seguía adelante con la resolución del contrato a Canal Gestión, después de fracasar las negociaciones para traspasar el contrato a otras empresas

Intervención o secuestro

La intervención o secuestro de una concesión pública es una medida temporal, con un límite máximo de tres años, que puede acordar la Administración ante incumplimientos graves o cuando el concesionario no puede garantizar la explotación del servicio.

Esta figura implica la asunción de la gestión directa por parte de la Administración, la designación de interventores y la sustitución parcial o total de la dirección de la empresa concesionaria.

El expediente abierto el 1 de abril contempla que esta intervención pueda adoptarse como medida cautelar dentro del procedimiento de resolución contractual o de forma independiente, en función de los informes jurídicos que se emitan.

El Consorcio ha solicitado la elaboración de un informe jurídico para determinar el procedimiento a seguir antes de elevar la propuesta a la Asamblea del ente, órgano competente para adoptar la decisión definitiva.