El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, acudirá como testigo el próximo 9 de junio al juzgado que investiga las anulaciones de multas de tráfico en el municipio, donde ratificará el informe interno encargado por el Ayuntamiento sobre estas actuaciones.

Según ha informado el Consistorio, el alcalde ordenó el 18 de octubre una investigación reservada para esclarecer las anulaciones de sanciones practicadas por trabajadores municipales desde 2016, tras recibir información desde la Concejalía de Policía Local, de la que es responsable directo.

La providencia firmada por De León dispuso la apertura de una información reservada para investigar “todas y cada una de las multas presuntamente retiradas o anuladas en el sistema CGI por responsables municipales”, así como identificar los expedientes afectados, los usuarios que ejecutaron las acciones, las fechas, los motivos y el soporte documental.

La providencia también ordenó la adopción de medidas cautelares para bloquear temporalmente la capacidad de anulación de multas en el sistema informático por parte de usuarios no autorizados, así como la conservación de evidencias y la reactivación de expedientes que aún estuvieran en plazo.

La investigación judicial se abrió tras la querella de la Fiscalía por presuntas irregularidades en sanciones de tráfico

Los documentos derivados de esta investigación interna fueron remitidos en enero de 2026 a la Fiscalía de Arrecife a través de la Asesoría Jurídica municipal.

El procedimiento judicial se sigue en la Plaza número tres de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arrecife, tras la querella presentada por la Fiscalía contra siete trabajadores municipales, a los que atribuye la presunta anulación irregular de sanciones de tráfico.

Según el Ministerio Fiscal, los hechos podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y falsedad documental, al haberse dejado de ingresar en torno a 575.000 euros correspondientes a multas canceladas.

Los informes municipales sitúan en 2.279 el número de sanciones sin resolución formal para su anulación y apuntan a la existencia de actuaciones realizadas en el sistema informático sin el procedimiento administrativo requerido.

La Fiscalía también había solicitado la declaración del alcalde como testigo, entre otras diligencias, al figurar en numerosos expedientes la expresión “por orden directa del alcalde” como motivo para la cancelación de las multas.

De León ha señalado que colaborará con la Justicia para el esclarecimiento de los hechos y que acudirá al juzgado para reiterar el contenido de la investigación interna impulsada por el Ayuntamiento.

Los siete querellados por el fiscal son los trabajadores municipales Á.B.C., A.G.D., I.B.Q., J.N.P., M.V.C.F., Y.L.G.V. y F.G.R.R., este último ya jubilado, que perteneció a la plantilla de la Policía Local.