“No voy a contestar, entre otras cosas porque lo que diga carece de importancia porque siempre prevalece lo que diga el señor fiscal aunque no diga la verdad”. Esto es lo único que ha dicho Dimas Martín ante la juez Margarita Gómez, titular del Juzgado de lo penal número 1 de Arrecife (Lanzarote), durante la primera sesión del juicio en el que se enfrenta a otros dos años de prisión por un delito contra la ordenación del territorio por ampliar en el año 2009 una de sus casas situada dentro de un parque natural en el paraje de Los Rostros (Yaiza).

El fiscal Javier Ródenas lo ha calificado como una salida de tono “no tolerable” y su abogado, Manuel González Peeters, el mismo que defiende a Diego Torres, el socio de Urdangarín, ha pedido disculpas inmediatamente. Martín fue el político más influyente en Lanzarote desde los años ochenta. Ha sido alcalde de Teguise, dos veces presidente del Cabildo de Lanzarote, senador, diputado autonómico y presidente y fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), que se acaba de refundar sin ningún miembro de su familia entre la directiva.

Si ha contestado así no ha sido por inexperiencia, y si resulta condenado será la séptima vez. La primera fue en 1993 por cohecho, por pedir dinero a un vecino, cuando era alcalde, para no derribarle un muro. También fue condenado por desobediencia, por impedir el derribo de un bañadero ilegal en la costa; por comprar por doce millones de pesetas el voto de un concejal del PP en Arrecife; por malversación de caudales públicos al hacer desaparecer una subvención agrícola de 2,5 millones de euros y por construir unos baños público destruyendo un bien patrimonial.

Dimas Martín tiene tres causas pendientes, por las que le piden treinta años de cárcel, y una de ellas se juzgará este año

La última condena, el año pasado, de dos años y nueve meses, fue por contratar de forma irregular a un ex consejero del Gobierno de Canarias a través del Ayuntamiento de Arrecife para que le intentara conseguir un beneficio penitenciario. Además tiene tres causas pendientes, por las que le piden treinta años de cárcel, y una de ellas se juzgará este año. Por si fuera poco, se ha librado de tres procedimientos: el caso Las Cucharas, cuyo juicio fue anulado, el caso Flumelan, en el que estuvo implicado Josep Piqué y no llegó a juicio y Los Cocoteros que tampoco se juzgó, en los años setenta, y donde había construido 110 apartamentos pero había vendido más de 300.  A pesar de recibir un indulto, ha cumplido ya más de diez años en prisión y otros tantos en tercer grado. Incluso fue detenido en dos ocasiones durante las operaciones Unión y Jable en la celda que ocupaba en la prisión de Tahíche. 

La Fiscalía considera que las obras de la casa son ilegalizables porque están en suelo rústico de protección natural y consistieron en “la construcción de una piscina de unos 30 metros cuadrados, ampliación de tres habitaciones para uso residencial de aproximadamente 90 metros a una edificación ya existente, haciendo una superficie total de unos 178,50 metros, terraza pavimentada de acceso de unos 25 metros y amurallamiento de parte de la finca”.

‘Pinchazos’ telefónicos

Martín no contestó pero no se libró de escuchar sus propias conversaciones telefónicas, grabadas por la Guardia Civil durante la operación Unión, una operación en la que se llegó a detener a 56 personas en la Isla (funcionarios, políticos y empresarios) y que ha derivado en diez piezas distintas con cuatro condenas ya firmes. 

En una de ellas le decía al constructor contratado para la casa, que conocía a un agente del Seprona, que le pidiera que sólo le denunciara por el muro “y si quiere por la piscina”, pero no por el resto de las obras. El agente del Seprona declaró como testigo y reconoció las presiones pero levantó el acta de infracción.

También declaró Miguel Ángel Cáceres, el entonces concejal de Policía Local de Yaiza, de Coalición Canaria, que en 2009 gobernaba junto al PIL y que envió a los agentes tras la denuncia de un vecino. La última declaración del día fue la de la actual alcaldesa de Yaiza y parlamentaria regional por Nueva Canarias, Gladys Acuña, que en 2009 era también alcaldesa pero por el PIL. El fiscal ordenó que se pusieran varias conversaciones entre ella y Martín en las que se muestra una connivencia entre ambos. Acuña declaró que a pesar de esas conversaciones, paralizó la obra e hizo “lo que tenía que hacer” y que tuvo presiones para no hacerlo.

A la alcaldesa la tenían “loca”

La alcaldesa declaró que las obras no tenían licencia, que se trata de una zona protegida y que recibió llamadas presionando para que no siguiera adelante con la denuncia, entre otros del entonces presidente de CC en Lanzarote y alcalde de Tinajo, Jesús Machín, que llegó a estar imputado en el caso. Acuña declaró que la tenían “loca” y la estaban “llamando por todos los rincones”.

Es ella quien llama a Martín en dos ocasiones. En una para decirle que le va a dar “una mala noticia”, la de la paralización de las obras y para leerle el acta de infracción. En la otra, para leerle el acta de suspensión de las obras. En esa conversación, Martín le dice a la alcaldesa que le va a contestar en el recurso que sólo había hecho “un cambio de maderas del techo”, dos ventanas y una terraza. “Es cierto que la tapé de cemento pero eso no te lo voy a decir”, añade.