El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la  Guardia Civil en Lanzarote, ha procedido a la denuncia administrativa el pasado día 07 del presente mes de una persona de iniciales E.M.F, de  nacionalidad española y 38 años de edad, al localizar un almacén “clandestino” de su propiedad, donde se halló la citada cantidad de  pescado en el barrio de Titerroy (Arrecife).

La investigación se inició en el transcurso de las actividades rutinarias que realiza el Seprona contra la pesca ilegal en la Isla, localizando un almacén donde se mantenía el pescado congelado o refrigerado para después ponerlo a la venta.

Por todo ello, los componentes del Seprona en coordinación con los inspectores de la Consejería de Sanidad del Cabildo procedieron a la inspección del almacén, localizando dos toneladas de pescados de las cuales 350 kilos “se desconocía la legal procedencia del mismo y por lo tanto su garantía sanitaria”.

En el momento de la inspección los agentes se encontraron 20 corvinas,  algunas evisceradas, descongelándose fuera de la cámara, rompiendo de esta manera la cadena de frío, con destino a ser puestas a la venta como pescado fresco.

Según la Guardia Civil, presuntamente  E.M.F. adquiría de forma ilegal parte de los alimentos que posteriormente manipulaba y ponía a la venta, “sin ningún tipo de control sanitario, ya que no pasaron por la correspondiente lonja para obtener el control sanitario necesario en este tipo de alimentos”.

Se depositaron en el vertedero de Zonzamas unos 350 kilogramos de pescado por no cumplir las normas sanitarias

De todo el género hallado por la Guardia Civil en el almacén destacan las siguientes especies: atún, mero, lapas negras y blancas, corvina, burro, calamar y gambas, procediéndose a la destrucción de  parte del género que carecía de etiquetado, y que no había pasado ningún tipo de control sanitario en la lonja correspondiente y se desconocía su procedencia.

Por este motivo se destruyeron 10 kilos de burro, 118 kilos de calamares, 47 kilos de corvina, 60 kilos de gambas y 87 kilos de lapas negras y blancas fueron depositados por una empresa autorizada en el vertedero de Zonzamas. El valor del género destruido alcanza los 6.000 euros.

El pescado restante se quedó en el almacén al estar acreditada su procedencia mediante el etiquetado, a la espera de la decisión correspondiente de la autoridad sanitaria.

Hasta 600.000 euros de multa

Las “irregularidades” observadas por los agentes del Seprona se reflejaron en diez infracciones administrativas, relativas a la identificación del pescado, higiene de los alimentos o seguridad alimentaria y nutrición

En este caso las sanciones pueden oscilar entre 60 a 600.000 euros por la Ley de Pesca Marítima del Estado, y de 5.000 a 600.000 euros en lo que corresponda a la Ley de seguridad alimentaria y nutrición, indicó la Guardia Civil.

El Instituto Armado subrayó este jueves que “además este tipo de infracciones pueden conllevar inhabilitaciones tales como la clausura del establecimiento y gastos derivados del transporte y destrucción del pescado”.