Cuatro empresas se han presentado al concurso abierto por el Ministerio de Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que pretende crear una nueva paya artificial en Playa Blanca, en la zona donde se ubicaban las antiguas salinas de Berrugo, entre Playa Dorada y el puerto deportivo Marina Rubicón.

La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar de Canarias aprobaba el pasado 9 de agosto el pliego de bases para la adjudicación, mediante concurso, de una concesión de dominio público para hacer las obras y ocupar el dominio público marítimo terrestre y ejercer el derecho preferente de explotación de los servicios de temporada autorizables en dicha playa.

El procedimiento se abrió en enero de 2014, cuando la empresa Patuso, con sede en Gran Canaria, solicitó a Costas la concesión administrativa para habilitar una playa artificial en un tramo de unos 500 metros de esa zona.

Después de esa solicitud se abrió el plazo por si había más empresas interesadas, y se han presentado tres más: Secapla, una empresa especializada en gestión de servicios de playas, y dos empresas con intereses en ese lugar: Yudaya, que es propietaria de la parcela hotelera que estaría sobre la futura playa y Puerto deportivo Rubicón, que gestiona el puerto del mismo nombre.

Para hacer el proyecto que presentó la empresa Patuso y que dio origen al procedimiento abierto por Costas sería necesario descargar en esa zona del litoral al menos 150.000 metros cúbicos de arena, así como la construcción de barreras para evitar que el mal tiempo se lleve el jable.

Para obtener la arena, uno de los principales escollos del proyecto, se barajó extraerla de alguno de los bancos de jable que hay bajo el mar en diversos puntos de la costa lanzaroteña, como frente a Papagayo o Puerto del Carmen. Para ello se tendría que contar con el visto bueno medioambiental. Otra posible alternativa que se planteó en el proyecto presentado en Costas sería traer la arena del exterior, lo que encarecería la ejecución de la playa artificial.

En el anuncio del concurso se especifican los requisitos que deben presentar las empresas que optan a la playa. Además de la documentación que demuestre que pueden contratar con la Administración, deben depositar una fianza de 30.000 euros, así como presentar un proyecto básico donde se definan las actuaciones previstas para crear la playa artificial y las actividades que se van a realizar. También se deben presentar los planos para definir las obras a ejecutar y las instalaciones fijas que se incluyan.

Además, las empresas tendrán que presentar un estudio de los oleajes, un estudio de impacto ambiental, otro de compatibilidad con el proyecto urbanístico, uno más sobre la dinámica litoral y la necesidad futura de aportar arena y una evaluación de los efectos del cambio climático sobre los terrenos ocupados.

Se trata de dos empresas de Gran Canaria, la empresa Yudaya, propietaria de la parcela hotelera sobre ese tramo de costa y la sociedad que gestiona el puerto deportivo Marina Rubicón

También se deberá entregar un estudio sobre los efectos de la conservación de los valores que hicieron que se aprobasen distintas figuras de protección, como la zona especial de protección de aves, el espacio marítimo de La Bocayna, el Lugar de interés comunitario del espacio marino y las poblaciones de sebadales, que está considerada como una especie vulnerable. Por último tendrán que hacer un análisis de la influencia del proyecto en el puerto Marina Rubicón.

Las obras se deberían realizar en 18 meses desde que se otorgue la concesión, que no excederá de los treinta años. El canon por ocupación y aprovechamiento del dominio público deberá ser como mínimo de 30.000 euros al año.

Patuso pretendía ocupar cerca de 20.000 metros cuadrados con la playa y otros 79.500 metros cuadrados de agua. También ocuparía un millar de metros de una zona ajardinada y 150 para un quiosco y una terraza abierta. Según el proyecto, se utilizaría el dique de Playa Dorada y el del puerto deportivo para limitar la nueva playa artificial. La inversión alcanzaría los 2,9 millones y se pidió a Costas la exclusividad para colocar 600 hamacas, 300 sombrillas y juguetes náuticos.

“Es absurdo generar un proceso para hacer una costa artificial”

El catedrático de la Universidad de Las Palmas, Joaquín Meco, elaboró un estudio en el que revela el valor excepcional de esa zona desde el punto de vista paleontológico. “Señala la existencia de playas fosilizadas como indicativo de cambios climáticos anteriores”, destaca Pedro Hernández, ecologista y profesor de la Escuela de Turismo de Lanzarote. “Esos valores forman parte del patrimonio natural de la Isla”, dice, y considera que se deberían proteger. “Lo que es un absurdo es generar un proceso para hacer una costa artificial hipertransformada y que el sur de Lanzarote esté perdiendo los valores que la convertían en una costa única”.

Hernández apuesta por que Medio Ambiente recupere la zona y que deje ese lugar donde se quiere hacer la playa artificial como una huella de cómo era la costa, donde había conexión con las salinas de Berrugo y no había barreras artificiales. Para Hernández, “Costas tendría que proteger el dominio público y ponerlo al servicio de los ciudadanos y no usarlo como un instrumento de negocio”. “Parece que ahora la costa no es un bien a proteger sino un activo más para hacer negocio”, destaca.