La suerte del Islote del Francés parece estar echada. El criterio del Ministerio para la Transición Ecológica está claro: a los terrenos del islote, una de las piezas clave del litoral de Arrecife, “les correspondería una anchura general de la servidumbre de protección” de “100 metros” desde la ribera del mar. En esta amplia franja de terreno estarían prohibidas nuevas construcciones

El Gobierno central se ha pronunciado en el Congreso de los diputados con respecto al Islote del Francés. En una respuesta oficial, el Ejecutivo insiste en que la servidumbre de protección de 100 metros “deberá tenerse en cuenta en el Plan General de Ordenación que se encuentra en la actualidad en fase de tramitación”.

Además, el ministerio advierte de que en el tramo de litoral que afecta al Islote del Francés el deslinde del dominio público marítimo terrestre “no se encuentra adaptado” a la Ley de Costas y que, por tanto, podría sufrir modificaciones. No obstante, recalca que la servidumbre de protección debe extenderse, en cualquier caso, al centenar de metros, lo que limita de forma notable cualquier intento de urbanización en el islote.

De paso, el ministerio descarta de plano que la servidumbre de protección pueda quedar reducida a 20 metros, que es la hipótesis que ha manejado en todo momento el equipo redactor del Plan General de Ordenación (PGO) de Arrecife para dar uso lucrativo al terreno.

La Ley de Costas establece limitaciones en el espacio que ocupa la servidumbre de protección, como la prohibición de nuevas construcciones destinadas a viviendas y hoteles o la ampliación del volumen de las edificaciones que ya existían en la zona.

En la última versión del nuevo PGO, elaborado por la empresa Gesplan, controlada por la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, se permitía la construcción de 69.434 metros cuadrados con siete plantas de altura. El uso principal que se le asignaba al islote era el residencial, con la posibilidad de levantar hasta 405 viviendas, aunque también contemplaba como usos alternativos el hotelero o el comercial.

Durante la elaboración del Plan General de Arrecife, la Consejería de Política Territorial, en la que delegó el Ayuntamiento de Arrecife la responsabilidad sobre el nuevo planeamiento municipal, ha ido amoldando la ordenación del Islote del Francés a la reclamación de sus propietarios, cuyo rostro visible es el promotor Jaime Cortezo. De hecho, entre la propuesta inicial y la última versión del documento se aumentó la edificabilidad en 29.469 metros cuadrados.

Sin “pantallas arquitectónicas”

El Ministerio para la Transición Ecológica también hace hincapié en que, siguiendo la Ley de Costas, “la ordenación propuesta” para el Islote del Francés “deberá evitar la formación de pantallas arquitectónicas” o la “acumulación de volúmenes”. Considera que se trata de un espacio único en la ciudad, de continuidad entre el Charco de San Ginés y el mar.

El Gobierno central abunda en su respuesta en la relevancia de “impedir que los usos y aprovechamientos de los espacios contiguos del dominio público marítimo terrestre alteren las características naturales del medio ambiente del litoral”.

Por ello, recalca el ministerio que dirige Teresa Ribera, “la ordenación que se proponga en los terrenos afectados por la zona de influencia” en el Islote del Francés “deberá adecuarse a lo regulado en la normativa sectorial de Costas y respetar la armonía con el entorno, sin desfigurar la perspectiva marítima existente en la actualidad”, con el fin de “garantizar la defensa y protección” del domino público marítimo terrestre.

“Espacio sin urbanizar”

La conclusión del Ministerio para la Transición Ecológica de que se debe aplicar una servidumbre de protección de 100 metros desde la ribera del mar zanja el debate sobre cómo podría afectar la legislación de Costas al Islote del Francés.

El ministerio consultó al Ayuntamiento de Arrecife si, en el Plan General de 1968, el que estaba vigente cuando se aprobó la Ley de Costas en 1988, el Islote del Francés se encontraba ya clasificado como suelo urbano. En un informe de la Oficina Técnica municipal se destaca que en los vuelos aéreos realizados apenas dos años antes de esa fecha “se aprecia claramente que los terrenos en cuestión constituían un espacio sin urbanizar”.