Las obras de ampliación del puerto de Playa Blanca no podían haber comenzado. Así lo advierte el jefe de la Demarcación de Costas de Canarias, Rafael López Orive, en un oficio dirigido al ente público Puertos Canarios a finales de marzo.

El Ministerio de Ambiente es el órgano que permite adscribir superficie del dominio público marítimo terrestre. En el caso de la ampliación del puerto de Playa Blanca se establecieron una serie de condiciones que no se han cumplido.

Así, ni se ha dado información detallada de los usos asignados a cada espacio del nuevo muelle, ni se procedió a formalizar la adscripción del dominio público de manera oficial. De hecho, el Ministerio se enteró por la prensa de que arrancaban los trabajos, tal y como destaca el jefe de la Demarcación de Costas en ese escrito.

Las discrepancias entre el Gobierno central y el autonómico con el puerto de Playa Blanca no son nuevas. En diciembre de 2014 el Ministerio informó de forma favorable el proyecto pero con condiciones.

Puertos Canarios planteó una superficie comercial de 6.102 metros cuadrados, dividida en tres plantas. Sin embargo, Medio Ambiente recalcó que “la superficie máxima” que se podía autorizar para usos comerciales y de restauración, teniendo en cuenta los 182 amarres previstos, era de solo 3.640 metros.

El ente público del Gobierno de Canarias debía “determinar con precisión” los usos en el futuro puerto de Playa Blanca y plasmarlos en un acta y unos planos, de acuerdo con el Ministerio. Pero el trámite no se ha cumplido y las obras arrancaron en la recta final de 2017.

Los vigilantes de Costas emitieron un informe el pasado 7 de diciembre, el jefe de la Demarcación reclamó explicaciones a Puertos Canarios el 22 de enero, pero a finales de marzo, cuando le comunica al Ministerio de Medio Ambiente la situación del muelle de Playa Blanca, no había “obtenido respuesta” del Gobierno regional.

Otro defecto que advierte el jefe de la Demarcación de Costas está relacionado con los plazos: desde que el Ministerio ve viable adscribir 144.099 metros cuadrados adicionales al puerto, con una nueva dársena para los ferrys y con capacidad para algún crucero, las obras tenían que haber comenzado en un plazo máximo de un año. En caso contrario, se entendería que el Gobierno canario habría “desistido” de la solicitud.

Costas recalca ahora que han pasado “tres años” desde el informe del Ministerio, con lo que esa condición se habría incumplido. Denuncias Por otro lado, la federación ecologista Ben Magec ha denunciado el inicio de las obras en el Seprona de la Guardia Civil y ha pedido su paralización.

También prepara una denuncia en la Comisión Europea porque entiende que las obras afectan al Lugar de Interés Comunitario (LIC) de las aguas de Lanzarote y Fuerteventura, aprobado en 2015, y considera preciso que se elabore una nueva evaluación ambiental del proyecto. También sostiene que el Gobierno de Canarias “puede haber prevaricado” con la ampliación del muelle al haber obviado trámites indispensables.