La Audiencia Provincial ha confirmado la condena al diario ABC y al redactor Javier Chicote por un delito de intromisión ilegítima en el honor del magistrado César Romero Pamparacuatro, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de La Laguna. El periódico deberá publicar el fallo e indemnizar con 30.000 euros al juez, de los que 27.000 los debe aportar el periodista.

Los hechos tienen que ver con la actuación de Pamparacuatro como instructor del caso Unión entre los años 2008 y 2010 en Arrecife, uno de los mayores casos de corrupción de Canarias, del que ya se han juzgado la mayoría de las piezas, muchas de ellas con penas de cárcel.

El caso dio lugar a varias denuncias paralelas por parte de los principales acusados. Una de esas investigaciones surgió a raíz de una denuncia interpuesta por uno de los principales acusados, Luis Lleó, en el Juzgado de instrucción 3 de Arrecife. Lleó, después de poner varias denuncias para intentar desmontar el caso, acabó reconociendo un delito de soborno por el que fue condenado.

Lleó denunció que en la instrucción de Unión, un caso donde hubo 56 detenidos y más de cien imputados, había resoluciones firmadas en periodos de vacaciones del juez instructor, la notificación a funcionarios que el día de la notificación no estaban en Arrecife sino en Madrid, la utilización de un papel de oficio antiguo, etc., y que eso demostraba que el caso había sido “falseado”.

La condena a ABC se produce por un artículo publicado el 14 de diciembre de 2015, a dos páginas, cuyo titular era el siguiente: “Un juez, un secretario y dos guardias civiles falsearon el mayor caso de corrupción de Lanzarote” y, mientras que en la contraportada se afirmaba: “Investigan a un juez, un secretario y dos guardias civiles por falsear un caso de corrupción”.

La sentencia inicial, ratificada ahora por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, reconoce que el juez Romero Pamparacuatro nunca estuvo investigado por ese procedimiento por ningún delito.

El periodista y el diario ABC consideran que actuaron con la diligencia de contraste exigible y que basaron su artículo en la denuncia interpuesta por Lleó y un auto del juez Lis. Este juez, ya jubilado, por otra parte, fue sancionado con una suspensión de seis meses por no apartarse de una causa originada por otra denuncia de Lleó.

En la sentencia ratificada por la Audiencia se señala que “se trata de un conflicto entre la libertad de información y el derecho al honor y no se discute el contenido de los artículos enjuiciados así como los titulares, el suelto y el anuncio, su interés general ni su autoría”.

“Procede centrar la controversia en el requisito de la veracidad, y entendida esta como el deber que tiene el informador de contrastarla de forma diligente a fin de no comunicar simples rumores o meras invenciones”, destacaba la resolución judicial, que considera que la información no es veraz puesto que el juez nunca estuvo investigado mientras que se afirma eso mismo en la noticia.

“Se trata de hechos que suponen un grave desprestigio profesional e incluso personal para el juez, que cuestionan su integridad moral y su capacidad profesional, y supone atribuirle la comisión de delitos y, por tanto, suponen una intromisión en su derecho al honor”, resaltaba la resolución judicial ahora confirmada.

La Audiencia destaca que el periodista insistió en sus titulares “en atribuir los hechos presuntamente delictivos” al juez Pamparacuatro, “pese a que no quepa extraer” de ninguna resolución “que hubiera algún indicio” de la comisión por su parte de “algún hecho constitutivo de delito”.

Asociación Jiménez de Asúa

Además, la Audiencia Provincial destaca que el periodista condenado no adoptó “una razonable diligencia tendente a contrastar” la información publicada y añade que “en realidad”, la Asociación Jiménez de Asúa “y los datos por ella proporcionados” fueron “la única fuente acreditada en la que se sustenta la noticia” que ataca el honor de Pamparacuatro.

En la sentencia se subraya que esa asociación, “fuente principal de la noticia”, estaba “vinculada al principal acusado del caso Unión”, el promotor Luis Lleó, “hasta el punto de compartir letrado”. Llegó terminó confesando el intento de soborno denunciado por Carlos Espino, para la regularización de la urbanización Costa Roja.