El Gobierno de Canarias, compuesto por CC y PSOE, ha aprobado en su reunión de este lunes el proyecto de Ley del Suelo de Canarias, que ahora comenzará su tramitación en el Parlamento de Canarias.

“Se trata de una reforma completa sobre la propiedad urbana, la ordenación por planes, los modos de ejecución, las técnicas de intervención pública sobre los usos del suelo y la disciplina territorial y urbanística, pero no cambia la regulación de los espacios protegidos del Archipiélago”, según el Ejecutivo regional.

El Gobierno de nacionalistas y socialistas señala que “este texto legal parte de la premisa de que la regulación del suelo es necesaria e imprescindible”. “O, lo que es lo mismo, que la protección del territorio, su ordenación y su uso, requiere necesariamente de la existencia de normas y reglas que lo sustenten y, sobre todo, que ordenen los legítimos intereses públicos o privados que confluyen sobre él”, añade.

“Esta regulación, en el caso de Canarias se remonta al mismo inicio de la autonomía”, destaca el Gobierno. “Ya en 1985, solo dos años después de las primeras elecciones autonómicas, se promulga una Ley de medidas urgentes, a la que siguen muchas más que persiguen ese mismo fin. Con sus errores y aciertos, todas ellas han contribuido a dibujar el territorio y el paisaje de Canarias en la actualidad”, subrayó el Ejecutivo.

“Sin embargo”, añadió en un comunicado tras el Consejo de Gobierno, “también es cierto que la sucesión y profusión de normas territoriales y urbanísticas a lo largo de la historia autonómica de Canarias ha llegado a convertirse en una carga y un obstáculo que en ocasiones dificulta o incluso impide un desarrollo sostenible y racional del territorio”.

“Y se da la paradoja de que, a pesar del número ingente de instrumentos de planeamiento ambientales, territoriales y urbanísticos, faltan algunos desarrollos reglamentarios indispensables”, agregó el Gobierno.

“Hoy en día, tal y como se recoge en el preámbulo de la nueva Ley, la normativa territorial y urbanística puede considerarse una carga no solo por la complejidad de ese conjunto de leyes y reglamentos, sino también por la complejidad de algunas de las reglas que establece, por la rigurosidad formal excesiva de muchas, por las contradicciones entre ellas, por la imprecisión de otras, incluso por los vacíos existentes", un diagnóstico que el Gobierno asegura que es  “compartido” por “los agentes sociales y económicos del Archipiélago”.

Para el Gobierno, “el Anteproyecto de la Ley fue sometido a casi dos meses de información pública, con un intenso proceso de participación”. “Pero, además, hasta llegar ahí, fue también debatida con todas las instituciones implicadas -cabildos y ayuntamientos-, así como con la totalidad de sectores profesionales, sociales y económicos que tienen relación con la ordenación del territorio en Canarias”, añade el Gobierno, que considera que “esta ley nace del trabajo y la aportación de todos y siendo un ejemplo de diálogo y transparencia”.