El consejero de Club Lanzarote, Joaquín Cañada, declaró en el Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife que “no le consta” o “no recuerda” una serie de requerimientos, según las defensas efectuados por las autoridades desde el año 2005 para que cesara “en la venta ilegal de agua” en la urbanización Montaña Roja y para que “regularizara” la situación de la planta desaladora.

A preguntas de la defensa del letrado Ignacio Calatayud, que le cuestionó que identificara “alguna resolución que autorice a la empresa a vender agua a terceros”, el consejero de Club Lanzarote dijo que “la palabra resolución no la entiende”, que “siempre le han dicho que tienen autorización” y que “están dentro de la ley”.

El consejero de Club Lanzarote dijo que Calatayud y el gerente del Consorcio ‘capitanearon’ la incautación de la desaladora

Sobre las tarifas que utilizan para la venta de agua en la urbanización, que cuenta con unos 6.000 vecinos y varios complejos turísticos, y sobre qué “autorización administrativa” tienen para aplicarlas, Cañada indicó que empezaron “cobrando al agua al precio de los anteriores propietarios” de Club Lanzarote y que luego “hicieron un estudio económico” que entregaron al Ayuntamiento de Yaiza y al Cabildo pero “nunca les contestaron”.

Cañada aseguró que no le constaban requerimientos para que dejara de vender agua en diciembre de 2005, abril de 2006, mayo de 2010 o junio de 2013. Añadió que tampoco conoce un expediente del Gobierno de Canarias, de 2013, que concluía que Club Lanzarote “vendía agua a terceros sin autorización”. El directivo afirmó que “es posible” que puedan dirigirse comunicaciones a la empresa desde las instituciones públicas sin que tenga conocimiento de ellas.

El consejero de Club Lanzarote acusó a Domingo Pérez Callero de hacerse “responsable” de “cortar el candado”

En el Juzgado de Instrucción número 2 se sigue la causa penal por la incautación de la desaladora en septiembre de 2014, abierta a raíz de una querella de Club Lanzarote por presuntos delitos de prevaricación y coacciones. En la causa están como investigados el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés; el ex gerente del Consejo de Aguas y el gerente del Consorcio del Agua, José Juan Hernández Duchemín y Domingo Pérez Callero; así como el secretario del Cabildo, Francisco Perdomo, y el abogado Ignacio Calatayud.

En su declaración ante el juez Jerónimo Alonso, este mes de diciembre, el consejero de Club Lanzarote señalo a Ignacio Calatayud y a Domingo Pérez como los que “capitaneaban” la incautación de la planta desaladora y aseguró haber recibido ‘presiones’ para que firmara la entrega de las instalaciones. Cañada acusó a Calatayud de decirle que “si no accedía a entregar” la planta “cometía un delito” y que “le podían poner una sanción de 35 millones de euros”. Una advertencia que le hizo sentirse “muy pequeño”.

El consejero de Club Lanzarote calcula en 20 millones de euros el coste de las instalaciones que fueron incautadas

Cañada explicó en el Juzgado que le trasladó a Calatayud que no iba a “envolver en papel de regalo” sus instalaciones para que se las dieran “a la competencia”, en referencia a Canal Gestión. Ante la negativa de la empresa a entregar la planta, llamaron a un cerrajero para que rompiese los candados. “Domingo Pérez dijo en ese momento que se hacía responsable de la orden de cortar el candado por el cerrajero”, recalcó Cañada, quien subrayó que fue el gerente del Consorcio del Agua el que “dio la orden de romper el candado”.

En el Juzgado, Cañada aseguró que “no está teniendo conversaciones para llegar a ningún tipo de acuerdo con el Cabildo”, con el que mantiene abiertos litigios sobre la incautación de la planta y para impedir las obras de enganche de la urbanización Montaña Roja a la red general de abastecimiento de agua, en manos de Canal Gestión Lanzarote.

Más detalles

LLAMADA. El consejero de Club Lanzarote declaró en el Juzgado que “días antes” de la incautación recibió una llamada del presidente Pedro San Ginés avisándole que “pronto” iban a “coger la planta” desaladora de la urbanización Montaña Roja.

BENEFICIOS. Cañada estimó que las instalaciones costaron “entre 19 y 20 millones de euros” y añadió que no podía cuantificar el beneficio del negocio de venta de agua porque “no existe”. “La diferencia entre gasto y ventas” iba para “mantenimiento de la urbanización”.