El Ayuntamiento de Arrecife ha comenzado una ronda de reuniones con los grandes propietarios de suelo de la capital, con los que pretende, en algunos casos, alcanzar convenios urbanísticos. Entre esos propietarios está Aurora Paloma Fuster Conrado, una anciana madrileña, y sus hijos, que son los que aparecieron a la reunión con el Ayuntamiento. Los Fuster no quieren ningún convenio. Así se lo hicieron saber al Ayuntamiento. Lo que quieren es que Arrecife les pague 20.012.622,01 euros.

Esa es la cantidad que les reconoció, por sentencia firme, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en enero de 2014, confirmando a su vez la resolución del Juzgado provincial de expropiación forzosa de junio de 2010, que tasaba los 10.000 metros del solar que sirve de aparcamiento frente al Bar Ginory en veinte millones de euros.

Para llegar a esta situación, que puede dejar las arcas municipales temblando, han ocurrido una serie de despropósitos judiciales, que no son fáciles de resumir. En primer lugar, los propietarios obtuvieron en 2006 un acuerdo del Jurado de expropiación aún más favorable, de 31 millones de euros, pero el Ayuntamiento lo impugnó y logró, en octubre de 2010, que el TSJC estimara su recurso y anulara el acuerdo.

Hace un año, el Tribunal Supremo consideraba que no había lugar al recurso de casación, así que podría parecer que ya está todo solucionado. Pues no. Unos meses antes de que en 2010 el TSJC fallara a favor del Ayuntamiento, los propietarios habían pedido una nueva tasación, y esta vez el Jurado, en lugar de 31 millones, fija la indemnización en esos veinte millones que tienen derecho a cobrar por el terreno que en su momento Arrecife les había expropiado pero no les había compensado.

Inexplicablemente, el Ayuntamiento no recurre esa decisión y permite que se convierta en firme. La que sí recurre es la propietaria, que pide esta vez 44 millones, pero tampoco le dan la razón y la sentencia de los veinte millones se hace firme en enero de 2014.

Pero antes de todo esto, de que la sentencia fuera firme, los propietarios habían recurrido el presupuesto del Ayuntamiento de 2011 para solicitar que se incluyera la obligación del pago de la indemnización. Es en este procedimiento donde, por primera vez, el Ayuntamiento, que había cambiado de abogado para este pleito, logra discutir tanto el terreno como la propiedad, algo que hasta entonces no se había hecho.

Porque la cuestión es que hay una serie de fotos y de testimonios (y no hace falta acudir a los más viejos del lugar) que evidencian que una gran parte de los terrenos son ganados al mar y por lo tanto serían dominio público y nunca de quien dice ser su dueño.

Por otra parte, los Fuster no han logrado demostrar que sean suyos todos los terrenos que dicen que son suyos. Así pues, ni el terreno tiene 10.000 metros ni vale veinte millones, pero la sentencia es firme. Lo que ha hecho el Ayuntamiento es acudir a una serie de recursos e incidentes a la desesperada que aún están por resolverse.

Todo el procedimiento lo lleva desde su inicio el ex secretario municipal Fernández Camero, a quien todavía el año pasado, con la anterior corporación, le encargaron que presentara esos incidentes. En junio se le encargó una acción de nulidad para revisar de oficio el acuerdo del Jurado de expropiación, pero aún no se ha formulado ese recurso.

Todo el procedimiento lo lleva desde su inicio el ex secretario municipal Fernández Camero, a quien todavía el año pasado, con la anterior corporación, le encargaron que presentara esos incidentes

También hay un incidente de nulidad sobre otra sentencia de octubre de 2014 que reconocía el derecho a que se le abonara a Aurora Fuster esa cantidad. Y hay otro incidente “de imposibilidad legal de ejecutar la sentencia” que se encargó en mayo precisamente para que no se ejecutara la sentencia anterior.

A esto hay que sumar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, también de mayo pasado, que ya ha salido mal porque hace cinco meses se inadmitió por no haber agotado los medios de impugnación dentro de la vía judicial.

De todas formas, como toda esta metralla judicial puede no surtir efecto, el Ayuntamiento ya ha puesto en marcha un Plan B. Los dueños, en el avance del Plan General, ya habían pedido que se les calificase una parcela edificable en altura. El Plan permite ocupar 2.800 metros cuadrados de superficie, y el alcalde, José Montelongo ya ha anunciado que, ante la posibilidad de “tener que hacer frente al pago” de la citada indemnización en “un futuro cercano”, cabe la opción de “darle uso” y aprovechamiento urbanístico al solar, que pasaría a ser propiedad del Ayuntamiento de Arrecife.

“Lo que pudiera hacer el Ayuntamiento con los terrenos, como vender la parcela” y recuperar así el dinero destinado a la expropiación, no está decidido, según el alcalde, que tampoco descarta que los dueños se queden finalmente con el suelo con la edificabilidad añadida y renuncien al pago de los veinte millones. Cualquier solución antes de afrontar un pago que supondría desembolsar aproximadamente el cuarenta por ciento del presupuesto anual de la Corporación.