La alcaldesa de Arrecife, Eva de Anta, aseguró este jueves que el Ayuntamiento estudia exigir “responsabilidades personales” por el pleito millonario de Ginory, en el que el Consistorio fue condenado a pagar más de 20 millones de euros.

De Anta adelantó que convocará la próxima semana a los portavoces de los diferentes grupos municipales para valorar la existencia de responsabilidades personales y “la posible exigencia” de las mismas.

"A pesar de que la sentencia es de sobra conocida, me parece adecuado que ahora, cuando hemos tenido que comenzar con el plan de pagos, los portavoces dispongan de toda la información”, indicó la alcaldesa.

“Creo que es imprescindible que valoremos entre todos los grupos la oportunidad de iniciar un expediente para depurar y exigir, si las hubiera, las responsabilidades personales en que hubieran podido incurrir quienes colocaron al Ayuntamiento en una posición que puede ser calificada como de indefensión", resaltó De Anta.

Tal y como adelantó Diario de Lanzarote, la alcaldesa ha ordenado el pago de las dos primeras anualidades correspondientes a la sentencia recaída en contra del Ayuntamiento y que afecta a la expropiación de la pieza de suelo conocida como solar de Ginory, junto al Charco de San Ginés.

El importe de las dos anualidades, correspondientes a los ejercicios 2018 y 2019, asciende a 1,2 millones de euros y se corresponden con los dos primeros plazos del plan de pagos propuesto por los responsables económicos de la institución.

Eva de Anta ha recordado que la sentencia en contra del Ayuntamiento se produjo en 2013 y el recurso, fallado también en contra del consistorio, tiene fecha de julio de 2016.

"Se trata de dar cumplimiento a sentencias condenatorias contra este Ayuntamiento dictadas en anteriores mandatos. A mí me ha correspondido tratar de aplazar el pago de la condena para evitar un grave perjuicio a la hacienda local", ha señalado de Anta.

La alcaldesa ha reconocido que, “a día de hoy, no existe acuerdo con la otra parte”, los herederos de Aurora Paloma Fúster Conrado y de la empresa Litos Canarios, pero, al mismo tiempo, el tribunal le ha requerido para dar cumplimiento a la sentencia.

"Según la ley, la competencia y la responsabilidad de ejecutar las sentencias recae de manera personal en la alcaldesa y me veo obligada, por los requerimientos del rribunal, a dar cumplimiento a la misma”, señaló.

“Sin embargo”, agregó la alcaldea, “mi capacidad se ve limitada por los informes de los responsables económicos de la institución y el pago que he ordenado se corresponde con el plan de pagos propuesto por los técnicos", que fue rechazado por el Juzgado el año pasado.

Requerimiento judicial

El pasado 30 de enero de 2019, el Juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Las Palmas de Gran Canaria requirió al Ayuntamiento a que justificara en un plazo de cinco días si había procedido a ejecutar la sentencia, que le condenaba a pagar más de 20 millones de euros por este solar.

Arrecife aprobó un plan de pago por el que abonaba 600.000 euros cada año más los intereses legales. El primer pago estaba previsto en 2018. A partir de 2023, la anualidad ascendía a 1,2 millones y el último año de pago sería 2036, cuando se abonarían 812.622 euros.

Sin embargo, el Juzgado rechazó ese plan de pago, al que se opusieron los propietarios del terreno porque la cancelación de la deuda se alargaba durante veinte años. Arrecife apeló esa resolución y aún no se ha resuelto. Mientras que se resuelve, Arrecife ya ha procedido a los dos primeros pagos.

Arrecife debe abonar el precio de ese solar ya que hay una sentencia firme. Esos terrenos fueron adquiridos en 1977 al antiguo propietario de la Fábrica de Las Nieves por la empresa Litos Canarios, con varios socios.

El Plan General de los años 90 consideraba que se trataba de suelo urbanizable y los propietarios decían que era urbano. Ganaron los propietarios, que optaron por la expropiación y solicitaron una tasación al Jurado provincial que fijó el valor en veinte millones.

El Ayuntamiento, en 2011, no recurrió la tasación y acabó siendo firme en 2016. El Consistorio ha defendido en alguno de los procedimientos judiciales abiertos, paralelos al principal, que parte de los terrenos se habían ganado el mar o que las fincas registrales no coincidían, pero no lo hizo en ese procedimiento principal.