Este viernes ha comenzado el juicio del caso Unión relacionado con las comisiones ilegales en Arrecife y la posible financiación ilegal del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL). Está previsto que se celebre durante 15 jornadas y que se prolongue hasta el 28 de marzo.

El principal acusado de esta pieza es Dimas Martín, para el que la Fiscalía solicita 17 años de cárcel por considerarle el cabecilla de una red de exigencia de comisiones ilegales por obras y servicios en el Ayuntamiento de Arrecife a través de varios concejales del PIL.

Para el exconcejal de esa formación, Antonio Machín, piden 14 años, mientras que a Ubaldo Becerra también le piden 17 años pero confesó los hechos, devolvió una parte del dinero y pide una reducción en la solicitud de pena.

En el banquillo también se sientan varios funcionarios: uno de ellos del Cabildo, Antonio Cárdenas, que se enfrenta a la petición de dos años y cuatro meses de cárcel, y el resto de Arrecife: Elena Martín, hija de Dimas Martín, el exjefe de la Oficina Técnica Rafael Arrocha y el ex interventor, Carlos Sáenz, estos dos últimos actualmente en prisión por otra pieza de Unión.

Al empresario Juan Francisco Rosa la Fiscalía le pide dos años y tres meses de cárcel por falsedad en documento público por simular la contratación de Dimas Martín para que le concedieran el tercer grado.

El resto de los acusados son los empresarios que trabajaban para el Ayuntamiento y que entregaron comisiones a los cargos públicos. Todos han reconocido los hechos y han devuelto una parte del dinero, excepto Samuel Lemes. Se trata de Jesús Manuel Martín Brito, Manuel Reina Fabre y Antonio Gómez Ruiz.

Las otras dos personas que estaban acusadas han fallecido: José Miguel Rodríguez y Matías Curbelo. Su ausencia en el juicio, por otra parte, puede complicar la labor de las acusaciones. La confesión de ambos, pero principalmente del segundo, fue clave para iniciar la segunda fase de Unión, la operación Jable, que tendrá que juzgar la Sección Segunda de la Audiencia Provincial y que aún no tiene fecha pero que podría fijarse para la segunda mitad de este año.

Isaac Castellano, testigo y denunciante

El próximo 11 de febrero está previsto que declare el actual consejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Isaac Castellano, que denunció que le exigían el pago de una comisión para que una empresa familiar cobrase una abultada deuda del Ayuntamiento capitalino.

El día 1 de febrero estará dedicado a las cuestiones previas y los días 6 y 8 está previsto que declaren los 12 imputados. El día 11 será el turno de los testigos. El primero en declarar será José Antonio Castellano,el empresario que denunció que se le estaba exigiendo una comisión para que pudiera cobrar las facturas que le adeudaba el Ayuntamiento por los servicios prestados con su empresa de limpieza.

Castellano es el padre del actual consejero de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Isaac Castellano, que perteneció al PIL y que ahora está integrado en CC. De hecho, el consejero tendrá que declarar ese mismo día como testigo. Además de Castellano, declararán como testigos y ese mismo día diversos trabajadores del Ayuntamiento y el exalcalde de Arrecife, Manuel Fajardo Feo (CC).

La empresa Hermanos Castellano San Ginés, en la que el actual consejero tenía un 33 por ciento, prestaba servicios de limpieza y portería al Ayuntamiento, y durante años se acumularon facturas pendientes de pago. En marzo de 2008, la deuda del Consistorio con la empresa se aproximaba a los 1,4 millones de euros. La deuda había sido reconocida por el Ayuntamiento en un pleno celebrado en julio de 2008, pero meses más tarde no se había materializado su pago.

Castellano: “Estamos hablando de mucho dinero”

El 9 de marzo de 2009, Issac Castellano compareció en la Guardia Civil para denunciar que desde el entorno de los concejales del PIL, partido del que se había marchado, le estaban reclamando a su familia una 'mordida' del 10 por ciento para que el Ayuntamiento pagase una deuda con la empresa Hermanos Castellano San Ginés, de la que era copropietario. Unos días antes, el padre de Castellano también se había personado ante la Guardia Civil para denunciar la extorsión.

En su comparecencia ante la Guardia Civil, Isaac Castellano aportó la grabación de una conversación con el entonces concejal Ubaldo Becerra (PIL), que formaba parte del grupo de gobierno municipal. Castellano utilizó una grabadora para registrar el encuentro, en una pizzería ubicada en Playa Honda, en la que Becerra se ofreció a desatascar el pago de la deuda y a mediar para reducir el importe de la comisión ilegal, del 10 al 8 por ciento.

En la transcripción de la grabación, el actual consejero del Gobierno de Canarias por Coalición Canaria, que había sido diputado autonómico por el PIL y que ya había abandonado la formación insularista, le dice a su interlocutor: “Me dolió mucho que a mi padre le quitaran los servicios [de limpieza y portería del Ayuntamiento de Arrecife] porque yo dejara el partido”. Abandonó el PIL “un viernes” y “el lunes” siguiente le comunican a la empresa familiar que gestionaba su padre que dejaría de trabajar con el Ayuntamiento. Castellano afirma que esa orden “vino de Dimas, según dicen”.

Sobre la 'mordida' que le estaban exigiendo a su familia para cobrar la deuda del Ayuntamiento, Castellano recalca que estaban “hablando de mucho dinero”. “No sé si es la práctica normal con las empresas o que con mi padre se quisieron cebar”, añade, además de cuestionar si “le están apretando más las clavijas” por haber dejado el PIL.

“Bajo las órdenes de Dimas Martín”

Tal y como consta en el sumario, el entonces concejal de Hacienda, José Miguel Rodríguez, fallecido hace dos años, había sugerido al padre de Isaac Castellano, antes del reconocimiento de la deuda en pleno, el pago de una comisión del 20 por ciento. En la exigencia de la 'mordida' intervino Matías Curbelo, también fallecido, que había sido en el PIL la mano derecha de Dimas Martín, al que en el sumario se le sitúa en la cúspide de la trama de cobro de comisiones.

De hecho, el caso Unión estalla públicamente el 25 de mayo de 2009 cuando los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil interceptan la recepción de una bolsa con 95.000 euros, entregada por el padre de Isaac Castellano a un intermediario de Matías Curbelo, que a su vez actuaba “bajo las órdenes de Dimas Martín”. El dinero fue incautado y devuelto a Castellano.

Calendario del juicio

El día 18 de febrero y los siguientes declararán como testigos los propuestos por las defensas. Además de funcionarios y trabajadores de distintas empresas, declararán como testigos ex cargos públicos como María José Docal o Celso Betancort, empresarios como Demetrio Rodríguez, de Lanzagrava, y trabajadores del Grupo Rosa, como Bienvenido Saavedra y Javier Suárez, director del Hotel Princesa Yaiza.