El juicio contra Ramón P. M., acusado de un delito continuado de agresión sexual a la hija de 12 años de la mujer con la que mantuvo una relación de seis años ha quedado suspendido a la espera de fijar una nueva fecha por problemas técnicos que han impedido mantener la videoconferencia prevista con la madre y la víctima y una psicóloga forense de medicina legal, pruebas periciales de gran relevancia para el desarrollo el enjuiciamiento de la causa.  

En la sesión desarrollada en Arrecife por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas el acusado, para el que se solicita una pena de 15 años de prisión, ha negado los hechos de los que se le acusa acaecidos entre marzo y abril de 2013, aunque sí ha admitido que en una ocasión cuando estaba a solas con la menor en la residencia de Montaña Blanca con la convivía junto a la madre “jugando la toqué” alegando que había tomado “unas copas” y por lo que dijo había pedido perdón.

Contra el acusado constaba además una denuncia de violencia de género por parte de su expareja, que el encausado ha relacionado con el hecho de que le faltasen casi 3.000 euros en marzo de 2013, momento en el que asegura quiso poner fin a la relación.

Testigos

También ha comparecido como testigo un policía nacional que acudió a la casa de la expareja y la menor después de que la madre hubiera ingerido pastillas, aunque cuando llegaron se encontraba consciente. La agente que le acompañaba en el servicio tras hablar con la madre le relató que se había tomado las pastillas porque su hija le había contado que había sido víctima de tocamientos de su antigua pareja y que incluso llegó a producirse penetración.

Testificó además que su compañera le había comentado que la madre disponía de una grabación donde el acusado se disculpaba por estos hechos y que la menor no había dicho nada antes por miedo a que les echaran del piso y por lo que le dijeran en el instituto.

La defensa ha llevado como testigo a una psicóloga forense que ha basado el informe psicológico en las declaraciones e informes policiales sin llegar a entablar una entrevista con la menor para poner en duda el relato de la víctima asegurando que había lagunas y le llamó la atención que llevase un “comportamiento habitual después de que supuestamente haya sufrido esta experiencia”.

En su turno de preguntas la fiscal ha señalado que la ausencia de una entrevista con la víctima “priva de cierta validez el informe”. Incluso uno de los magistrado del tribunal le preguntó a la psicóloga por el “objeto” del informe y si no sería conveniente hablar con la víctima “porque en realidad no sabe cómo se encuentra”.