La anunciada candidatura de Gladys Acuña al Parlamento de Canarias y la posibilidad de que pudiera concurrir al Cabildo de Lanzarote se ha puesto en tela de juicio. La causa es la reciente doctrina fijada por el Tribunal Supremo para aquellos que han sido inhabilitados, aunque la sentencia no sea firme, y que extiende la inhabilitación para cualquier tipo de cargo público.

Gladys Acuña y su grupo, 'Lanzarote Avanza', compuesto por UPY, PIL y ASL, habían escenificado precisamente hace unos días un acuerdo con Coalición Canaria, a través del cual la propia Acuña sería la número dos al Parlamento de Canarias, por detrás de Oswaldo Betancort.

Acuña fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en enero del año pasado, por la licencia de actividad de la bodega Stratvs, que fue considerada ilegal, en el primer juicio sobre las irregularidades de las instalaciones ubicadas en el espacio natural de La Geria.

Acuña fue condenada por un delito contra la ordenación del territorio a siete años de inhabilitación para cargo público de carácter municipal, y a otros siete años de inhabilitación en el ámbito municipal por un delito de prevaricación. Además, fue condenada a pagar una multa de 10.800 euros.

Como en la sentencia se precisaba que la inhabilitación era para cargo público municipal, Acuña tuvo que dimitir como alcaldesa, ya que la ley especifica que no pueden seguir en el puesto los condenados por un delito contra la Administración pública, como es el caso de la prevaricación o la malversación.

Sin embargo, Acuña sí pudo continuar como diputada autonómica ya que la sentencia del TSJC no especificaba nada en relación a otro tipo de responsabilidades públicas al margen de las municipales, al haberse cometido los delitos en el Ayuntamiento.

La doctrina del Supremo por el 'Marqués'

El Tribunal Supremo acaba de fijar doctrina en los casos de incompatibilidad para cargo público, a raíz de la condena a Domingo González Arroyo, conocido como el 'Marqués de las dunas', que fue inhabilitado para cargo municipal y tuvo que abandonar la alcaldía de La Oliva en 2015 tras una condena por prevaricación.

González Arroyo también era consejero del Cabildo de Fuerteventura, cuyos servicios jurídicos consideraron que también debía abandonar ese cargo, un criterio avalado por la Junta Electoral. El político fue expulsado del Cabildo, recurrió al Juzgado de lo contencioso, que le dio la razón a la Corporación insular, mientras que el TSJC le dio la razón a González Arroyo y ahora el Supremo se la vuelve a dar, de forma definitiva, al Cabildo.

En su doctrina, el Supremo destaca que “la causa de inelegibilidad e incompatibilidad establecida” en la Ley orgánica de régimen electoral general debe ser entendida “en el sentido de que afecta a los condenados por los delitos de rebelión, terrorismo, contra la Administración pública o contra las instituciones del Estado, cuando la sentencia, aunque no sea firme, haya impuesto la pena de inhabilitación especial o de suspensión para empleo o cargo público”.

El Supremo aclara que esa inhabilitación o suspensión se produce “cualesquiera que sean los empleos o cargos públicos a los que se refiera dicha pena”. En el caso de González Arroyo, al cometer prevaricación incurrió en los denominados delitos contra la Administración Pública a los que se refiere el Supremo en su doctrina.

Impugnación de Unidos por Lanzarote

Unidos por Lanzarote (UPL) ya ha anunciado que denunciará ante la Junta Electoral la candidatura de Gladys Acuña al estar condenada por prevaricación, delito contra la Administración pública al que se hace referencia en la doctrina del Supremo.

“Por lo tanto, y de ahora en adelante, la democracia del Estado español se defienden de aquellos que o bien la maltratan, o bien la utilizan para sus propios intereses”, considera UPL, que hace “suyas” las consideraciones del Supremo, cuando subraya que “la sociedad contemporánea reclama que empleos y cargos públicos de base representativa no puedan ser ocupados por sujetos que hubieren sido objeto de inhabilitación especial tras una condena penal independientemente del ámbito de la Administración Pública en que hubiera tenido lugar la comisión del delito”.

Para UPL, “en Lanzarote existe un caso de libro, el de Gladys Acuña, que se ajusta a esta sentencia”. Unidos por Lanzarote recalca que quiere “una Isla limpia y ejemplar y en su tarea renovadora de la política exigirá limpieza también en este proceso electoral”.

Por lo tanto, la formación denunciará ante la Junta Electoral la candidatura de Gladys Acuña, “condenada por los graves delitos contra la administración pública de prevaricación y omisión en el ejercicio de su cargo como alcaldesa, que la inhabilita para presentarse a ninguna administración”.

En este sentido, UPL estudiará en el transcurso de esta semana si interponer un escrito en la Junta electoral “advirtiendo de la grave anomalía que representa la condenada Acuña en las listas, o si debe de esperar a que la propia Acuña se presente para denunciarla”.

Igualmente, Unidos por Lanzarote, pide a todos los partidos “que sean ejemplares en sus listas, evitando la presentación de condenados o imputados por corrupción para el gobierno de nuestra Isla”.