Para la opinión pública se trata del caso Unión y se supo de su existencia el 25 de mayo de 2009, con una oleada de detenciones por parte de la UCO, pero para los Juzgados se trata del sumario 697/2008 y se inició el 5 de junio de 2008, hace ya diez años, en el Juzgado de instrucción número 5 de Arrecife.

El caso nació con la denuncia del entonces consejero del Cabildo de Lanzarote, Carlos Espino, por un intento de soborno por parte del empresario Luis Lleó para desbloquear los problemas de una parcela en Playa Blanca donde quería hacer una urbanización de mil viviendas en un suelo no ordenado.

Los pinchazos telefónicos y otra denuncia que se sumó a la investigación ampliaron la instrucción que inició el juez César Romero Pamparacuatro, ahora en La Laguna, y finalizó la jueza Silvia Muñoz, que continúa en ese Juzgado, pero en el medio hubo más jueces. Las detenciones se produjeron en los meses de mayo y noviembre de 2009 y en abril de 2010. Se detuvo a 56 personas y se imputó a más de 100.

Llegó a haber 13 piezas separadas. Cuatro de ellas se archivaron: una relacionada con el permiso de una gasolinera, otra por el chivatazo que se dio a la exalcaldesa Isabel Déniz sobre su detención, otra por difundir el sumario y una más por el edificio La Marina de Naos. También se archivó la causa para muchos imputados en las nueve piezas que avanzaron.

Diez años después hay cinco sentencias firmes: la pieza del exconsejero del Gobierno Rodríguez Batllori, por los pagos que le hacía el Ayuntamiento de Arrecife y la empresa pública de aguas Inalsa para que trabajara para Dimas Martín, la de la licencia al arquitecto Carlos Morales en suelo rústico, la ampliación de la casa de Dimas Martín también en suelo rústico, el caso Proselan de 300.000 euros en facturas falsas de electricidad y la prevaricación por permitir abrir el Teatro Insular sin licencia.

Las trece personas que se han sentado en el banquillo hasta ahora han sido condenadas: nueve cargos públicos, tres técnicos y un empresario. Dimas lo ha sido dos veces, mientras que el exconcejal de Arrecife, José Miguel Rodríguez, ha fallecido. Los tres condenados por Proselan y Dimas Martín cumplen condena actualmente, de cuatro años y medio los primeros y de casi tres años el segundo, el mismo tiempo que cumple Rodríguez Batllori desde octubre en la prisión de El Puerto de Santa María, a pesar de que solicitó el indulto.

El exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, entró para cumplir una condena de seis meses y entró de nuevo por el caso Yate para seis años más. Los otros seis fueron condenado a penas de inhabilitación, aunque ya estaban retirados de la política.

La instrucción de las piezas comenzó a cerrarse en 2012. La única pieza que queda por instruir es la que no estaba en el Juzgado número 5, sino en el 4, y que tiene a ocho imputados por insolvencia punible y está relacionada con el patrimonio de Dimas Martín. La Fiscalía aún no ha presentado su escrito de calificación.

La primera vista oral que se celebró fue la de la casa de Carlos Morales, en noviembre de 2014, aunque en realidad no se celebró porque el único acusado aceptó la pena. En febrero de 2015 se juzgó la causa de Batllori y el Tribunal Supremo rebajó las penas en abril de 2016. En julio de 2016 se juzgó el Teatro y en enero de ese mismo año fue el turno de Proselan, que tuvo sentencia firme un año después, poco antes de que empezara el juicio por la casa de Dimas, cuya sentencia se hizo firme el pasado diciembre.

Rodríguez Batllori entró el pasado mes de octubre en la prisión de El Puerto de Santamaría para cumplir una condena de casi tres años

Quedan tres piezas y son las principales, tanto por el tipo de delitos como por el número de acusados. El soborno de Lleó se juzgará por el procedimiento del jurado, y la cosa va para largo. Lleó recusó en febrero a dos de los tres magistrados que deben resolver el recurso sobre la nulidad de la grabación inicial pero ni siquiera se ha conformado la Sala que debe decidir sobre la recusación.

La pieza de las comisiones que cobraba el PIL en el Ayuntamiento de Arrecife llegó a la Audiencia en diciembre de 2015 y se juzgará en febrero de 2019 con doce acusados, después del fallecimiento de Matías Curbelo.

Y en la que se llamó Operación Jable, con 17 acusados, se finalizó la instrucción sobre las comisiones pagadas por el contrato de Urbaser en Arrecife y la construcción del pabellón de deportes de Argana por FCC el pasado mes de agosto y aún no hay fecha de juicio.

Un fenómeno social

Unión dio mucho de sí. Fue un fenómeno social, desde muchos puntos de vista. El sumario fue lo más leído en la navidad de 2009, no tanto por interés en la corrupción, sino porque había horas y horas de conversaciones transcritas de personas muy conocidas, con líos de alcoba incluidos.

A la corrupción se le cayó la careta definitivamente. Entre los detenidos, además de la plana mayor del PIL, estaban muchos de los señalados desde hace años: el exsecretario de Arrecife, Felipe Fernández Camero, el exalcalde de Yaiza y el exsecretario de ese municipio, la exalcaldesa de Arrecife, Isabel Déniz, y varios empresarios, con Juan Francisco Rosa a la cabeza.

Una parte de la población se sorprendió de verdad y muchos otros reaccionaron como el capitán Renault cuando desaloja el local de Rick en Casablanca y como explicación, y antes de recibir sus ganancias, dice: ¡He descubierto que aquí se juega! Pero también tuvo efectos políticos. El primero fue que el PSOE, que gobernaba con el PIL en Arrecife y el Cabildo, echó a los pilistas y se quedó en minoría. Esa alianza, que gobernó muchos años, ya ha pasado a la historia, y ha dado pie a un tiempo dominado por CC con el apoyo del PP, aunque también del PSOE. En octubre de 2009 se aliaron CC, PIL, PNL y PP para censurar a Manuela Armas y nombrar presidente a Pedro San Ginés, que aún sigue en el cargo, y que denunció al denunciante, a Carlos Espino, por presuntas irregularidades en la gestión de los Centros Turísticos, un caso que aún no se ha resuelto.

Espino dejó la secretaría insular del PSOE en manos de Loli Corujo para que el partido pudiera volver a gobernar en coalición con algún otro. En Arrecife, a Pérez Parrilla le sucedió el popular Cándido Reguera con el PNL y el PIL, incluido el voto, necesario, de dos concejales recién salidos de la cárcel. Desde entonces, la sombra de Unión sigue proyectada sobre la política lanzaroteña.

Más efectos

Y hubo efectos en otros ámbitos. En el plano mediático, los imputados pasaron a una ofensiva con el apoyo inestimable de medios de comunicación de su propiedad y de periodistas que se sumaron a la fiesta. El balance en opinión pública es difícil de calibrar pero el periodista Francisco Chavanel ya ha sido condenado en tres ocasiones por lanzar campañas de difamación contra el juez Pamparacuatro, el fiscal Ignacio Stampa y el exteniente de alcalde de Arrecife, Antón Hernández.

Las campañas consistían básicamente en dos cosas, en desacreditar a todos los que investigaron y en intentar airear que la causa era nula por una serie de irregularidades y conspiraciones que iban variando con el tiempo. Esa campaña tuvo su reflejo en los Juzgados con los intentos de anulación del caso.

Hasta ahora, tanto la Audiencia Provincial como el Tribunal Supremo han avalado la instrucción. Lo único anulado fue la entrada y registro a la oficina de Lleó, gracias a la cual la UCO realizó dos informes: uno con las irregularidades de CajaCanarias y otro con la implicación de dos letrados del Tribunal Constitucional que asesoraban a Lleó a cambio de grandes sumas de dinero. Poco después de que se hicieran públicos los informes, la Audiencia Provincial anuló esas pruebas porque en la orden de registro aparecía el nombre de otro imputado.

La otra anulación es más reciente. El juez Alba, investigado por cinco delitos, decidió anular la grabación original hecha por Espino con una grabadora de la UCO, aunque la decisión está recurrida y, en todo caso, no afectará mucho a la causa, ya que se cuenta con la confesión del intermediario Fernando Becerra.

En el sumario aparecieron autos sin firma del juez y los imputados pidieron la anulación de todo. Pamparacuatro denunció el robo o extravío de los mismos porque esos autos no eran los originales. Eso dio pie a una causa que instruyó el juez Lis, también sancionado como Alba y apartado de la judicatura, y que acabó archivando. Lis fue sancionado porque permitió personarse en esa causa a Juan Francisco Rosa, cuando la mujer del juez era la abogada del empresario en otra causa.

Todo esto dio pie a la aparición en escena de un polémico colectivo, llamado Asociación de juristas Jiménez de Asúa, que con evidentes lazos con algunos de los imputados se personó en todas las causas como acusación popular pero sin acusar y acabó presentando querellas contra Pamparacuatro, contra los agentes de la UCO y contra el secretario que instruyó la causa. También pidió la disolución de Transparencia Urbanística. Ninguna de estas cuestiones prosperó.