-El Ayuntamiento de Yaiza ha anunciado la rescisión del contrato con la empresa adjudicataria de la construcción del pabellón de Playa Blanca, una de las grandes obras deportivas de Lanzarote de los últimos años. ¿Cómo se ha llegado a este extremo?

-Hay que mencionar los antecedentes, que pueden ser habituales en el ámbito de la contratación pública, pero ajenos al Ayuntamiento. Se produjeron bajas temerarias, una modificación del proyecto al principio de las obras, se aceptaron dos revisiones de precios de la unión temporal de empresas que resultó adjudicataria, de la que al final solo quedó una empresa. Esa empresa terminó en un concurso de acreedores y por eso desde el Ayuntamiento hicimos todos los esfuerzos para que la administración concursal aceptase la liquidación de los trabajos ejecutados en el pabellón y evitar que se judicializase y bloquease aún más la obra. Por eso encargamos a un perito que durante meses valoró cuánto se había ejecutado del pabellón y cómo se había hecho. La liquidación de los trabajos pendientes de abonar a la empresa asciende a 520.000 euros, que el administrador concursal aceptó. Luego se presentó una revisión de precios, de unos 110.000 euros, que los técnicos están estudiando.

-¿Qué va a pasar ahora?

-Lo positivo es que el Ayuntamiento recupera la obra y no se bloquea judicialmente. El perito y los técnicos municipales ya están preparando una memoria valorada de lo que falta por concluir, con especial atención a las instalaciones técnicas, como la maquinaria de climatización, porque hay equipos que nunca se han puesto en funcionamiento. Para principios de noviembre queremos contar con esa memoria con presupuesto y sacar a concurso lo que queda por ejecutar del pabellón. Si no surgen imprevistos la idea es tenerlo adjudicado este año y que en un plazo de seis meses, para el verano de 2026, el pabellón esté terminado.

-¿Saben cuánto queda por ejecutar del proyecto inicial del pabellón y cuánto va a costar finalmente?

-La empresa llegó a decir que la ejecución estaba en torno al 95 por ciento, pero el perito considera arriesgado dar un porcentaje concreto, porque hay maquinaria que no se ha utilizado y faltan pruebas del funcionamiento de la piscina o del estado de las cubiertas. También quedan por ejecutar las instalaciones exteriores, que eran una mejora del proyecto. Por prudencia diría que el pabellón está concluido al 85 por ciento. Con el último modificado del proyecto, el presupuesto estaba sobre los 7,2 millones de euros. Sumando las revisiones de precios y la liquidación del contrato se superan los ocho millones y al final estaremos en casi nueve millones. Es una obra que hay que destacar que se ha asumido con fondos propios del Ayuntamiento.

“El pabellón de Playa Blanca tendrá gestión directa los cuatro primeros años”

-Lo habitual es que los ayuntamientos externalicen la gestión de las instalaciones deportivas. ¿Qué modelo seguirá Yaiza?

-Efectivamente, la tendencia es la gestión indirecta mediante una concesión, pero con la piscina se complica el mantenimiento. Por ser una obra que se ha alargado y por su importancia, hemos decidido llevar a cabo una gestión directa al menos los cuatro primeros años. Eso implica que el Ayuntamiento cobrará inscripciones y precios públicos. En el presupuesto ya tenemos una partida de unos 700.000 euros y los estudios económicos y los precios públicos están bastante avanzados. La idea es comprobar que funciona durante dos años mínimo y luego una prórroga de dos años más si procede.

-Cambiando de asunto, la gestión de residuos ha sido un tema conflictivo en el municipio. Acaban de sacar la nueva ordenanza fiscal por recogida de basura atendiendo a los costes reales, como marca la legislación estatal aprobada hace ya tres años. Al margen de la vertiente tributaria, ¿están solventadas ya las carencias del servicio?

-No completamente. Lo que hemos hecho es mejorar progresivamente el servicio. Hemos tenido que efectuar contrataciones de emergencia porque las empresas que estaban no cumplían, los camiones estaban en mal estado y las condiciones laborales eran inadecuadas. Conseguir el servicio de recogida de residuos que queremos implica sacar una nueva licitación que introduzca aspectos como la carga lateral de los camiones o el quinto contenedor. Hemos estudiado el mercado y elaborado un estudio de viabilidad que se someterá a alegaciones. Nuestro objetivo es sacar ya la licitación con las mayores garantías de que ninguna empresa lo impugne. Nos consta que hay interés y que hay compañías del sector que han venido a estudiar las características del municipio de Yaiza para presentar sus ofertas. Respecto a la actualización de las tarifas se incorporan los costes reales del servicio, además de los vertidos en el Complejo Ambiental y un impuesto europeo que venimos pagando desde 2023. La legislación se inspira en el principio de que quien contamina, paga. También hemos diferenciado la tasa de las viviendas vacacionales, que ahora pagarán, de partida, unos 59 euros en inmuebles de dos huéspedes, con un extra de 15 euros por cada huésped adicional, cuando antes pagaban 23 euros en total, una tasa muy baja que no cubría el coste real.

“Con las zonas para energías renovables demandamos transparencia”

-El Tribunal Supremo anuló el pasado mes de junio el Plan General de Ordenación (PGO) que había sido aprobado en 2014. ¿Cómo ha afectado la sentencia del Supremo, porque en Junta de Gobierno se siguen concediendo licencias?

-La sentencia del Tribunal Supremo, como es normal, generó mucha incertidumbre. Los expertos señalan que, cuando se anula un planeamiento, rige el último anterior aprobado, que en el caso del municipio de Yaiza, para muchos núcleos sería el Plan General de 1973. En el casco de Playa Blanca regiría el Plan Especial de Reforma Interior [aprobado definitivamente en 1996], y los planes parciales en las zonas ordenadas con esos instrumentos. Consultamos con letrados  y con el Gobierno de Canarias para evitar perjuicios en expedientes que estuvieran a punto de culminar. Hasta que no se publique la anulación por parte del Gobierno, que es la institución que aprobó el PGO, o se nos notifique formalmente, los juristas consideran que se puede seguir informando con base en el Plan General de 2014. También presentamos otro recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias sobre el PGO que no se ha resuelto. La Ley nos da tres meses para resolver los expedientes, pero es inviable y estamos en una media de seis, que es poco tiempo en comparación con otras instituciones.

-¿Y cómo marcha la elaboración del nuevo Plan General?

-Hemos aprovechado el verano para trabajar con el equipo redactor del nuevo Plan General de Ordenación y desde el Ayuntamiento se ha facilitado documentación para no partir de cero. De hecho, en cuanto a cartografía hay mucho avanzado y tenemos la base del último planeamiento municipal. En el nuevo Plan General la prioridad que se ha trasladado desde el Ayuntamiento es fomentar la vivienda, tanto de promoción pública, como de iniciativa privada pero con finalidad residencial a precios asequibles. Uno de los problemas han sido las unidades de actuación en los núcleos poblacionales. Aquí hablamos de familias que ven que no pueden utilizar parcelas para que construyan sus hijos porque es difícil poner de acuerdo a muchos propietarios. El objetivo es conjugar un orden en los pueblos con que las familias puedan construir. Otro objetivo del nuevo Plan General es aumentar las dotaciones educativas, sanitarias y deportivas, y mejorar la conectividad. En ese sentido, se está estudiando una circunvalación exterior en Playa Blanca, para desahogar el tráfico y que no se colapse el centro de la localidad.

“El Cabildo debe cumplir con el soterramiento de la nueva red eléctrica”

-Respecto al ciclo integral del agua, que depende básicamente del Consorcio controlado por el Cabildo, hay numerosos asuntos sobre la mesa: desde el saneamiento de El Golfo a quejas ciudadanas por vertidos o la saturación de estaciones de bombeo de aguas residuales, como la próxima a la urbanización Marcastel en Playa Blanca.

-Sobre el saneamiento de El Golfo existe una subvención de un millón de euros, concedida en 2017, que hay que justificar antes de que finalice 2025 porque, de lo contrario, habría que devolverla con intereses. El proyecto ascenderá seguramente al final a más de dos millones de euros. Después de muchos retrasos, el Consorcio ha licitado y adjudicado a una unión temporal de empresas de Lanzarote la obra, hemos reunido a los vecinos para explicar la cronología de los trabajos y minimizar las molestias. Respecto a las quejas que apunta, es cierto que las estaciones de bombeo se han quedado pequeñas y hay vertidos y malos olores. En este ámbito estamos actuando de forma subsidiaria, por así decirlo, con inversiones por ejemplo en bombas. Hemos pedido al Consorcio medidas para introducir la reutilización de las aguas depuradas, al menos para el riego de jardines, pero también como alternativa, con agua regenerada de buena calidad, para dar servicio a los agricultores. La realidad es que a día de hoy estamos sufriendo cortes en el suministro de agua, porque la planta desaladora de Janubio produce lo que produce. No puede ser que un miércoles no haya agua en el pueblo de Yaiza.

-¿Qué postura tiene el Ayuntamiento sobre la anunciada Zona de Aceleración de Renovables (ZAR), que ha tramitado el Gobierno de Canarias con el Cabildo, para definir las zonas aptas para plantas fotovoltaicas y aerogeneradores?

-Ha habido un oscurantismo brutal. No ha existido una consulta previa real, ni se ha negociado ni consensuado con los ayuntamientos de la Isla. Nuestra postura sobre las energías renovables es clara: defendemos que primero hay que colocar placas solares en todas las cubiertas de edificios, tanto públicos como privados, en los que se pueda. Hablamos de colegios, instalaciones municipales, hoteles, naves industriales... Es prioritario, para evitar consumir suelo. Y si hay que consumir suelo, que sea antropizado y con mínimo impacto paisajístico. Por ejemplo, no veo nada lógico situar placas solares entre Femés y La Degollada o en la entrada a Papagayo. Hemos contactado con técnicos, con Pedro Hernández [activista social y profesor universitario] y con un experto de la Universidad de La Laguna, Ricardo Guerrero, para organizar sesiones en las que se analice el proceso a seguir, también en el ámbito de la FECAM (Federación Canaria de Municipios). Demandamos máxima transparencia y que exista un acuerdo entre las diferentes instituciones antes de decidir.

“En el nuevo PGO la prioridad es fomentar la vivienda a precios asequibles”

-Red Eléctrica lleva meses colocando nuevas torretas entre Playa Blanca y Mácher, para el nuevo tendido de 132 kilovoltios, que duplicará la capacidad de la actual línea. Se ha reclamado el soterramiento de esa nueva línea y el Cabildo aparentemente se había comprometido a financiar esa medida, pare reducir el impacto paisajístico. ¿Cree que realmente está sobre la mesa esa iniciativa?

-Sobre mi mesa ha estado y sigue estando. Es cierto que nos hubiera gustado, y así lo planteamos, el soterramiento de toda la nueva línea eléctrica, pero al final, y gracias a las gestiones realizadas, se abrió la posibilidad de soterrar las zonas urbanas, lo que evita afecciones visuales desde Maciot a Las Casitas y se salvan esos núcleos poblacionales, además de gran parte de Los Ajaches. Hay que recordar que el nuevo tendido aéreo tenía ya la declaración de interés general del Gobierno de Canarias. La excusa que ha venido dando el Cabildo para demorar el compromiso inversor en el soterramiento es que Yaiza tenía que hacer sus deberes, localizar a los propietarios y que lo autorizaran. No es cierto que el Ayuntamiento tuviera ninguna obligación en ese sentido, pero aun así, para agilizar los trámites, lo hemos hecho con un trabajo arduo. Ahora toca que el Cabildo materialice su compromiso de sufragar los costes de soterramiento, que pueden llegar a los 18 millones de euros.