El magistrado emérito del Tribunal Supremo y miembro del Gabinete científico de la Reserva de la Biosfera, José Antonio Martín Pallín, ha valorado muy positivamente la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que anula la sentencia del Tribunal Supremo por la que se condenaba a la revista Cuadernos del Sureste y a Jorge Marsá a pagar una multa de 15.000 euros por incluir en el número 11 de esa revista un artículo, titulado 'El secretario: el quinto poder’, que denunciaba, en el año 2003, la participación de Felipe Fernández Camero en negocios privados y la defensa de intereses particulares de forma simultánea a su cargo como secretario municipal.

La sentencia, según Martín Pallín, mantiene la línea tradicional de equilibrio entre el derecho al honor y la libertad de información veraz y contrastada, pero incluye “un matiz interesante”, ya que el Tribunal Supremo había considerado que llamar corrupto era algo injurioso y desbordaba los límites del derecho a la información, mientras que el Tribunal Constitucional dice que hay que situar esa calificación en el contexto.

“Si la información es veraz, en el sentido de que era el secretario del Ayuntamiento y participaba en negocios inmobiliarios y eso era cierto, la palabra corrupción no es injuria personal sino que describe a una persona que siendo funcionario no atiende a sus deberes de lealtad a la Administración y tiene intereses particulares por encima de los intereses generales; y como esto está acreditado y parecen hechos ciertos, la expresión encaja dentro de esa conducta”, señala el magistrado, que recalca que el derecho a la crítica “no autoriza a llamar a un señor corrupto por las buenas”.

La lentitud de los casos de corrupción y la falta de ejecución de sentencias crean “frustración”

Martín Pallín destaca que el hecho de que se llegara a secuestrar la revista “es un dato importante” y que él se plantearía, si fuera responsable de la publicación, pedir alguna reclamación de daños y perjuicios derivados de ese secuestro.

Sobre los casos judiciales y de corrupción en Lanzarote, el magistrado asegura que, por un lado no avanzan y por otro, se siguen sin ejecutar las sentencias firmes que anulan las licencias de 27 hoteles, y que eso crea “frustración” en la ciudadanía y “falta de creencia” en los valores de justicia: “Es revelador de que el sistema no funciona y así es muy difícil que haya confianza en la justicia y tampoco en el sistema democrático”.

Pocos lugares “tan vigilantes”

“El caso de Lanzarote -señala- es lamentablemente similar a otros lugares, pero sin embargo hay pocos lugares de España que tienen movimientos ciudadanos, grupos y personas, instituciones, como la Oficina de la Biosfera o la Fundación César Manrique, tan vigilantes y tan atentos hasta el punto de que dentro de los fallos, Lanzarote podría estar orgullosa como modelo de preocupación ciudadana por el medio ambiente”.