“El convenio, según los servicios jurídicos del Cabildo, tiene el carácter ejecutivo de una sentencia y no es necesaria su firma”. Así lo aseguró el presidente de la Corporación insular, Pedro San Ginés, en un comunicado posterior a la rueda de prensa de este lunes sobre el auto que “homologa” el acuerdo con la empresa Club Lanzarote para la retirada de los pleitos cruzados sobre la planta desaladora y el abastecimiento de agua en Montaña Roja (Playa Blanca).

San Ginés había manifestado en la rueda de prensa que la aplicación del convenio se produciría “desde que efectivamente se firme”, se lleve a los órganos del Consorcio del Agua y luego comience a operar el canon del 15 por ciento sobre la facturación a los usuarios de la urbanización.

En cambio, luego el Cabildo indicó en un comunicado que el auto del Juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Las Palmas establece “no sólo la homologación del acuerdo”, aceptado por la empresa Club Lanzarote en el procedimiento judicial, sino que “advierte de las consecuencias de su incumplimiento”.

En el procedimiento judicial, el Cabildo y Club Lanzarote optaron por una “mediación”, en la que se aceptó por la representación de ambas partes en el Juzgado la propuesta de convenio elevada por el Consorcio del Agua. La asamblea del Consorcio supeditó la aprobación y posterior firma del convenio a que fuera validado por el Juzgado.

San Ginés señaló este lunes que había negociado personalmente la propuesta de convenio con los promotores de la urbanización Montaña Roja, “con la supervisión y el aval de los servicios jurídicos” del Cabildo. En un comunicado afirmó que la propuesta de acuerdo se elevó al Consorcio del Agua “junto a los informes jurídicos y técnico-económicos que la sustentaban”. “La decisión de remitirla al Juzgado fue colegiada del Consorcio con un voto en contra”, añadió.

En rueda de prensa, el presidente del Cabildo aseguró que en septiembre de 2014 procedió a la incautación de la planta desaladora de Montaña Roja, por la que está investigado a raíz de una querella de la empresa, tras cuatro denuncias del Diputado del Común y requerimientos del Gobierno de Canarias “conminando” a intervenir al “detectarse una venta ilegal de agua”, y advertencias con acudir a la Fiscalía.

San Ginés insistió este lunes que Club Lanzarote tenía autorización para la producción de agua para autoconsumo de sus instalaciones pero no para vender a vecinos y empresas, y que esa fue una de las causas de la negativa a renovarle el permiso para desalar. Con respecto a la incautación de la planta desaladora en septiembre de 2014, anulada en primera instancia por la Justicia, dijo que está pendiente de un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.