La ordenanza que pretendía terminar con el tránsito de buggies por los caminos rurales de Teguise lleva meses en punto muerto, cuando está a punto de cumplirse un año de su aprobación inicial. El 14 de noviembre de 2025 se llevó a pleno y el grupo de gobierno anunció entonces que a principios de 2026 estaría aprobada de forma definitiva, pero 11 meses después, ni siquiera se ha dado respuesta a la avalancha de alegaciones que recibió el documento.

Algunas eran favorables al espíritu de la norma, pero advertían que se habían cometido errores en la tramitación que era imprescindible subsanar. Otras se oponían a las restricciones aplicadas a buggies, quads, motos de trial y vehículos similares, alegando desde vulneración de derechos hasta invasión de competencias que no correspondían al Ayuntamiento.

El periodo de alegaciones terminó en enero y, tras examinarlas, el técnico responsable del expediente recomendó en marzo pedir dos informes: uno a la Dirección General de Tráfico y otro al Cabildo de Lanzarote. Seis meses después de cursar esas solicitudes, ninguna ha obtenido aún respuesta, por lo que el futuro de la ordenanza continúa en el aire.

“Sabemos que es un tema que preocupa mucho y vamos a seguir con la tramitación de la ordenanza”, aseguraba en el último pleno la alcaldesa, Olivia Duque, en respuesta a una pregunta del concejal socialista Marcos Bergaz. La sesión se celebró en septiembre y confirmó que seguían a la espera de ambos informes. “Estamos viendo la posibilidad de emitir nosotros mismos el informe con respecto al tema de tráfico, porque lo tenemos más o menos claro”, añadía la alcaldesa.

En esa consulta que elevaron a la Dirección General de Tráfico en marzo, se incluyen preguntas que resultan llamativas en el momento en el que se encontraba el expediente, con la ordenanza ya aprobada inicialmente. La primera afecta a sus propios cimientos: “¿Puede un ayuntamiento restringir la circulación de vehículos por caminos rurales de su titularidad por motivos medioambientales, paisajísticos o culturales?”

Además, el Consistorio preguntaba si “se puede restringir el tránsito de determinados vehículos por sus características técnicas”, “cuáles serían las limitaciones a dicha restricción” e incluso “cuál es el régimen sancionador” y “qué autoridad es competente para ello”.

Inactividad del Cabildo

En cuanto al oficio dirigido al Cabildo, el Ayuntamiento también planteaba preguntas que afectan a la esencia de la ordenanza. Cuando se inició su tramitación, uno de los informes municipales señalaba que “ante la inactividad normativa del Cabildo” -que no ha desarrollado la red de rutas para vehículos a motor en el medio natural que establece la Ley del Suelo de Canarias-, “el Ayuntamiento puede regular mediante ordenanza municipal las actividades que se lleven a cabo en el municipio y que afecten a sus competencias propias”. Sin embargo, en el escrito que dirigió al Cabildo el pasado mes de abril, el Consistorio ponía en duda sus propios pasos.

Los vecinos creen que Teguise quiere “quitarse el problema de encima”

Por un lado, le preguntaba si ante la falta de esta red insular, “una ordenanza municipal puede realizar esta tarea normativa”, e incluso si el texto de la ordenanza aprobada inicialmente es “acorde con la normativa insular”. Además, pedía que el Cabildo le comunicara si tiene previsto aprobar esa red de rutas que contempla la Ley de 2017. Siete meses después, ninguna de esas preguntas había recibido respuesta oficial.

La única novedad se produjo el pasado 2 de septiembre, cuando el Cabildo anunció que abrirá una consulta pública “para conocer la opinión ciudadana sobre los buggies en el medio natural”. El área de Política Territorial, que hace más de un año advertía que esta actividad está prohibida en las condiciones actuales, afirma ahora que esa consulta será el primer paso para iniciar un procedimiento para “regular” el tránsito de este tipo de vehículos, “con el objetivo de establecer un marco insular homogéneo que permita restringir o prohibir esta actividad”.

En cuanto a la vía para hacerlo, el Cabildo plantea dos opciones que ya estaban recogidas en la Ley del Suelo de 2017 y que no llegaron a desarrollarse: elaborar una Ordenanza Insular Provisional, “que permitiría fijar criterios homogéneos para el suelo rústico mientras continúa la tramitación del nuevo Plan Insular de Ordenación”, o “establecer una Red Oficial de Rutas a motor altamente restringida”.

Según el último informe que había hecho público la Corporación insular, fechado en junio de 2025, “la actividad de excursionismo en vehículos a motor, en grupos de más de tres vehículos, está prohibida en las condiciones actuales” en la Isla. Para ello se basaba en el PIOT en vigor -que “prohíbe la práctica de los safari-jeeps en toda la Isla y en los islotes”- y en la Ley del Suelo, que establece que fuera de la red oficial de rutas -que en Lanzarote no se ha aprobado- “queda prohibida la circulación de más de tres vehículos formando caravana”.

Junto a ese informe, el consejero de Política Territorial del Cabildo, Jesús Machín, remitió hace más de un año a todos los ayuntamientos un escrito para advertirles de que “las excursiones turísticas organizadas en vehículos tipo buggy, quads o safaris en caravana no están permitidas en suelo rústico”, y pidiéndoles que reforzaran “la vigilancia sobre estas prácticas”. Sin embargo, pese a la contundencia de ese escrito, desde entonces nada ha cambiado. Las empresas siguen operando en suelo rústico de distintos municipios de la Isla, incluido Teguise.

Inseguridad jurídica

Mientras esos nuevos anuncios para contar con una regulación insular se concretan, el otro problema que afronta la ordenanza de Teguise es que se planteó como una modificación de la que ya existía desde 2010, pero en la práctica se tramitó como si se tratara de una nueva. Durante el periodo de exposición pública, esta posible “inseguridad jurídica” fue advertida tanto por algunos de los vecinos como por la asociación Ecologistas en Acción, que también presentó alegaciones.

El Cabildo anuncia ahora una consulta pública para estudiar una regulación

“Pese a que el anuncio publicado en el BOP se refiere a una ‘modificación’ de la Ordenanza reguladora del Tránsito de Quads, lo cierto es que el texto aprobado se presenta como una nueva ordenanza, con denominación distinta y con un ámbito de aplicación ampliado (quads, buggies, rykers, motos de trial, enduro, cross, vehículos off-road y análogos), sin alusión alguna a la ordenanza anterior”, advirtió la asociación ecologista. Al respecto, subrayaba que una nueva ordenanza hubiera requerido derogar la anterior, mientras que una modificación implica detallar qué disposiciones se mantienen y cuáles se cambian, y no se ha hecho ni lo uno ni lo otro.

Además, la asociación advertía de algunas “incongruencias” y “ambigüedades” en el texto de la ordenanza y pedía eliminar o modificar varios artículos, entre otras cosas para evitar “interpretaciones contrarias al objetivo de la norma”. El plazo para presentar alegaciones terminó el pasado mes de enero, pero desde entonces ninguna ha obtenido respuesta.

Promesas incumplidas

“Después de las promesas vertidas por el actual grupo de gobierno de Teguise a los vecinos y vecinas, fundamentalmente de la localidad de Guatiza, resulta a todas luces injustificable este parón en la tramitación”, cuestiona el concejal socialista Marcos Bergaz, que afirma que el Ayuntamiento tendría que haber dado explicaciones en estos meses.

“Se les prometió que para marzo o abril de este año estaría aprobada definitivamente una nueva regulación con carácter muy restrictivo, pero terminado septiembre seguimos sin novedades”, denuncia, destacando “el ejercicio de civismo ejemplar” de la población de Guatiza, que ha seguido luchando por “poner arriba de la mesa este tema que viene mortificándoles”.

Además, subraya que es un asunto que debe afrontar “no solamente el municipio de Teguise, sino el conjunto de la Isla, porque vivimos del paisaje y del medio ambiente, y hay actividades que resultan difícilmente compatibles con los valores naturales, medioambientales y paisajísticos y con la tranquilidad de una isla como Lanzarote”.

Por eso, no solo reclama al grupo de gobierno de Teguise que “cumpla con la palabra dada”, sino que también lo hace extensivo al Cabildo. “Ha realizado distintos anuncios, pero sigue sin tomar cartas en el asunto, y a ojos de todo el mundo están las consecuencias negativas que ocasiona esta actividad, cuando no se hace con las suficientes garantías ni por espacios que reúnan las condiciones”.

Mientras tanto, desde la Asociación Vecinal de Guatiza La Unión creen que el Ayuntamiento ha decidido “quitarse el problema de encima” y “esperar a ver si el Cabildo hace algún movimiento”, en lugar de continuar la tramitación de la ordenanza.