Mi sobrina Charlotte, que vive en Madrid y ha estado en la Puerta del Sol y en  otros puntos céntricos de la ciudad, apoyando la protesta popular en defensa del acceso a  la vivienda digna, me escribió “orgullosa” e “impactada” por la participación y el nivel de organización de cientos y cientos de adultos y jóvenes como ella que exigen en la calle respeto a un derecho recogido en la Constitución española.

Es lo que piden pacíficamente quienes acampan y resisten en Sol, también lo que piden miles de ciudadanas y ciudadanos que marchan y llenan calles y plazas de medio centenar de ciudades españolas, y otros mortales, igual de “peligrosos” que los manifestantes, según tachan los reaccionarios, que aplaudimos y compartimos las protestas y el llamado a huelga general motivada por la falta de vivienda.

La ciudadanía está muy cabreada, estamos hartos de la especulación y de la inacción gubernamental y parlamentaria ante un negocio bien montado que perjudica el cumplimiento de un derecho constitucional a cambio de los carroñeros intereses inmobiliarios y económicos de una minoría.

El pasado 28 de abril, los partidos de la derecha española, encabezados por los ultras patrióticos de PP y Vox, tumbaron en el Congreso de los Diputados un decreto de mínimos, de muy mínimos, que permitía la prórroga de contratos de alquileres en vigor por dos años limitando al 2 por ciento las actualizaciones anuales de la renta.

Mi sobrina, mi hijo y otro joven estudiante canario que comparten piso en Madrid forman parte del grupo de casi tres millones de familias españolas que tienen dos opciones: aceptar la subida del arriendo que pida el casero (a), si es que tiene la voluntad de renovar el contrato, o ir a la calle a buscarse la vida, así de simple.

Compartir piso, a día de hoy, es la única opción habitacional en grandes y pequeñas ciudades para jóvenes e incluso familias, y no hace falta ser pobre, excluido o estar en situación de vulnerabilidad, es la realidad del día a día.

Después del desahucio mediático de la señora octogenaria Maricarmen en Madrid, la indignación generalizada y la movilización social, que va camino de convertirse en un estallido social histórico por el derecho a la vivienda, los “noes” de la derecha volvieron a tumbar el pasado viernes 2 de octubre dos decretos propuestos para convalidación por el Gobierno de España (PSOE – Sumar). Los decretos no respondían a todas las demandas del pueblo, representado en la protesta de forma clara y contundente por el Sindicato de Inquilinas, pero sí que sus medidas eran un alivio para millones de ciudadanas y ciudadanos que tienen vivienda y están en riesgo de perderla y para otros que ni siquiera tienen la esperanza de alquilar y mucho menos comprar una.

Si PP y Vox no fueron capaces de apoyar, vía decreto ley, la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler, la paralización de desahucios a personas vulnerables, la regulación de los arrendamientos de temporada o prohibir a  fondos de inversión la compra de viviendas por debajo del 70 por ciento de su valor de tasación, vamos a creer ahora que cuando lleguen al poder sacarán sus recetas mágicas para solucionar el problema de la vivienda o van a atreverse a intervenir un mercado a quien tanta concesiones hacen.

Ejemplos de las recetas “sociales” de la derecha hay unas cuantas, y por cierto, muy onerosas. No olvidemos que Bankia fue rescatado con más de  22 mil millones de euros de fondos del Estado, de dinero público, para evitar su quiebra entre 2012 y 2013. Los gestores políticos de entonces dijeron que se trataba de “proteger el interés general de los españoles”, y tanto fue la protección del interés general, que el banco dejó en la ruina a muchos de sus ahorradores con aquellos instrumentos financieros de alto riesgo  que conocimos como participaciones preferentes de Bankia.

El pueblo está absolutamente desencantado y la gente que vota y se moviliza, molesta.  El día que toque ir a las urnas hay que ser contestatarios para que esa crítica y rebeldía se traduzca en castigo; que los partidos “constitucionalistas” que votan en contra de amparar derechos constitucionales, sientan la respuesta ciudadana donde más les duele. Cambiar el sentido de sus votos en el Congreso de los Diputados es imposible, pero darles un buen correctivo en las urnas, sí que podemos. Esta gran movilización social empezó por la vivienda, pero la calle pide la suma de la defensa de la sanidad y la educación pública de calidad, entre otros derechos.