Coalición Canaria (CC) denunció este martes que el consejero Juan Manuel Sosa presentó ante el Juzgado el decreto que la formación califica de "prevaricador", firmado en noviembre de 2021 por la entonces presidenta del Cabildo de Lanzarote, Dolores Corujo, sobre su dedicación exclusiva.

La formación sostiene que la presentación de ese documento pretendía servir de base para que la institución insular asumiera el pago de los cerca de 300.000 euros cuya devolución le ha sido reclamada a Sosa.

En un comunicado, el secretario insular de CC en Lanzarote, Pedro San Ginés, afirmó que la documentación conocida acredita que "si el Cabildo no pagó, no fue porque Dolores Corujo no lo intentara, sino porque no pudo perpetrar del todo sus delitos gracias al contundente reparo de legalidad de la interventora y por eso firmó para blindarse el decreto que investiga la Fiscalía".

Según CC, Corujo solicitó y obtuvo un informe del órgano económico del Cabildo que certificó la existencia de crédito para que fuese el Cabildo quien pagase el sueldo de Sosa como médico, no como el del resto de consejeros, por importe de 42.045 euros para los meses restantes de 2021.

La formación sostiene que el decreto pretendía confirmar una dedicación exclusiva con cargo al Cabildo de Lanzarote que, según CC, nunca había tenido lugar, por lo que considera que era "imposible" confirmar algo "nunca firmado".

CC afirma que ese decreto no tenía un propósito "inocuo", sino que se trató de una resolución administrativa de Corujo dictada, según la formación, pese a los informes de Intervención que habían reparado sus pretensiones por ilegales.

El decreto firmado por la entonces presidenta del Cabildo de Lanzarote en 2021 fue incorporado por la defensa de Juan Manuel Sosa al procedimiento judicial

Los nacionalistas señalan que el objetivo del decreto era intentar dotar de cobertura formal a una situación que consideran inexistente, para que pudiera ser utilizada por Sosa si se confirmaban las denuncias formuladas por CC durante la legislatura anterior.

La formación añade que un informe de la Dirección General de la Función Pública, emitido el 30 de marzo de 2023, consideró el decreto de Corujo como un "nuevo hecho documental" y que su contenido fue tenido en cuenta para modificar resoluciones y la fundamentación jurídica de la situación administrativa de Sosa.

Según CC, hasta ese decreto, la documentación obrante en Función Pública entendía acreditado que Sosa no percibía retribución fija ni periódica del Cabildo y que no ostentaba dedicación exclusiva con cargo a la institución insular, circunstancia que, según la formación, había sido certificada por la Secretaría General del Pleno.

Coalición Canaria sostiene que el decreto de Corujo reconoció retrospectivamente que Sosa venía desempeñando el cargo con dedicación exclusiva desde el 30 de diciembre de 2019, extremo que la formación considera "falso".

El partido afirma que esa declaración retrospectiva fue utilizada por el Gobierno de Ángel Víctor Torres para alterar la fundamentación jurídica de la situación administrativa y retributiva de Sosa, aunque añade que esos fundamentos jurídicos y sus resoluciones fueron finalmente anulados.

CC sostiene que la defensa de Sosa ha presentado el decreto de Corujo en el juzgado para hacer valer los derechos que cree tener y para que sea el Cabildo quien se haga cargo de los 300.000 euros que debe devolver al Gobierno de Canarias.

Según la formación, el escrito presentado por la defensa de Sosa considera el decreto de noviembre de 2021 de "trascendental importancia", circunstancia que, a juicio de CC, confirma que el documento no era "inocuo" y que perseguía que el dinero reclamado a Sosa saliera del Cabildo de Lanzarote.