Cuando el símbolo de un pueblo se convierte en música de espera telefónica, algo esencial se ha perdido por el camino.

Un reciente artículo de opinión, firmado por Nieves Arrocha, recogió que Canarias había aprendido por fin a cantar hasta ocho. No lo decía como elogio sin más: lo decía como crónica de una conquista. Porque cantar el himno —cantarlo de verdad, con letra, con voz, con orgullo— no es un gesto menor. Es el momento en que una comunidad se reconoce a sí misma.

Ese reconocimiento tiene ahora una deuda pendiente. El Archipiélago que aprendió a cantar su himno con plenitud sigue sin incluir en su letra a La Graciosa, la octava isla habitada de Canarias, reconocida como tal desde 2018. Cada vez que suena el himno oficial —en un estadio, en un acto institucional, en una pantalla— la isla más pequeña y septentrional del archipiélago permanece invisible, como si el canto colectivo aún no hubiera asumido que el territorio que nombra está incompleto. Es una deuda simbólica que el Parlamento canario ha acordado saldar cuanto antes, con la misma naturalidad con que se corrige un mapa cuando aparece una nueva isla.

Pero hay también una deuda de respeto. Y aquí es donde la reflexión se vuelve más incómoda.

El Decreto que regula los usos del himno de Canarias establece con claridad que su utilización no debe menoscabar su alta significación como símbolo de la Comunidad Autónoma. Ese mismo Decreto permite que la Presidencia del Gobierno autorice usos de especial significación. Lo que no contempla —porque sería difícil defenderlo sin rubor— es que el himno sea empleado como sintonía de espera para las llamadas telefónicas de la propia administración autonómica.

Sin embargo, eso es exactamente lo que ocurre. Quien llama a los teléfonos del Gobierno de Canarias escucha, mientras aguarda, una versión del himno. Lo escucha entre tecleo de extensiones y transferencias de llamada. Lo escucha mezclado con el tedio burocrático de quien espera que alguien le atienda. No es un uso de especial significación: es un uso de rutina administrativa que se viene produciendo desde  los tiempos de Paulino Rivero sin que, desde entonces, ningún presidente ni ninguna coalición de gobierno se haya detenido a revertir el despropósito. NI CC, que lo decide, ni el PSOE o el PP. Tampoco, en todo este tiempo, la presidencia del Parlamento se ha sentido concernida.                                       

Ninguna otra comunidad autónoma, ni aquellas con vocación de independencia,  utiliza su himno como música de espera telefónica. Tampoco el Gobierno de la nación recurre al himno nacional para amenizar las esperas. La razón es elemental: los símbolos de una comunidad merecen ser escuchados en circunstancias que los engrandezcan, no que los trivialicen.

La solución no es el silencio. Canarias es tierra de música con prolíficos compositores a lo largo de su historia, un patrimonio sonoro que va desde la isa hasta la música académica y la contemporánea; desde el timple a las chácaras y la bandurria. Si la administración autonómica necesita una melodía para sus esperas telefónicas, tiene ante sí un catálogo excepcional en el que  puede elegir entre cientos de piezas de autores canarios que representarían con dignidad y con solvencia la identidad del archipiélago. Eso sería un uso inteligente de la identidad musical canaria. Lo que hace ahora no lo es.

Honrar el himno significa dos cosas simultáneas: completarlo —incluyendo a La Graciosa en la letra que lo nombra— y protegerlo del desgaste al que lo somete la inercia administrativa. La conquista de la que habló Nieves Arrocha, aprender a cantarlo, fue un avance. Pero cantar bien un himno incompleto y luego ponerlo de fondo telefónico no es honrarlo. Es menoscabar su honda significación y su relevante dimensión  institucional.